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Agrupaciones civiles denunciaron este viernes “el silencio, la manipulación y la violencia” que padecieron en la comisión del condado de Miami-Dade (Florida, EE.UU.), donde autoridades sometieron a una activista que pedía claridad sobre el acuerdo entre las cárceles locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Grupos ciudadanos cuestionaron el arresto de la activista Camila Ramos, quien participó en la audiencia del jueves en la que más de cien vecinos, defensores de migrantes y líderes de asociaciones locales se opusieron al acuerdo con ICE en una audiencia pública en la que las autoridades removieron por la fuerza a la mujer.
“Nos empujaron, nos maltrataron, nos gritaron, y nadie nos defendió”, relató en una conferencia de prensa la directora de la agrupación de trabajadoras domésticas The Right to Freedom Network, Karla de Anda.
Para De Anda, “esto es una crisis humanitaria”, y acusó a uno de los policías de llevar un rifle innecesariamente.
La polémica crece desde el jueves cuando los comisionados revelaron en una audiencia pública que el pacto, que permite a ICE mantener bajo custodia a migrantes en las cárceles de Miami-Dade, ya estaba vigente por una ley estatal impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que la votación era solo para ratificarlo.
Ramos se levantó para exigir claridad sobre el proceso ante el presidente de la comisión del condado, Anthony Rodríguez, pero agentes la inmovilizaron, la sometieron en el suelo y se la llevaron esposada por considerarla disruptiva.
Los manifestantes calificaron ahora el ataque a Ramos como “un abuso de poder” y “un ataque a la libertad de expresión”.
“El comisionado condujo la reunión de manera vergonzosa”, comentó ahora el director ejecutivo de Sheriff Accountability Action, Juan Cuba.
La coordinadora de la campaña de Florida del American Friends Service Committee (AFSC), Maria Asuncion Bilbao, contó que los residentes que se presentaron para expresar su rechazo al acuerdo del condado con ICE lo hicieron “de forma pacífica y con la esperanza de ser escuchados”.
Pero lamentó que la respuesta del condado fuese “silencio, manipulación y violencia”.
“Quieren que tengamos miedo, que nos quedemos callados, que aceptemos un gobierno de secretos y que nuestra comunidad siga siendo perseguida y desaparecida”, subrayó Bilbao. “¡No nos van a callar!”, añadió.
Bilbao calificó de “inaceptable” que “hasta ahora, ningún funcionario electo ha condenado este comportamiento”, y Cuba pidió a la alguacil del condado, Rosie Cordero-Stutz, y a la comisión del condado “que expresen su opinión sobre el tema”.
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