El próximo mes, la presión mundial y local contra los programas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) dará sus primeros frutos. El presidente de EE.UU., Barack Obama, anunciará las reformas que limitarán los alcances de la Administración para intervenir y recolectar datos privados.
Desde que en junio de este año el extécnico de la CIA, Edward Snowden, le empezó a mostrar al mundo los largos tentáculos de los programas del espionaje estadounidense, se despertaron serios roces entre Washington y la Unión Europea, Rusia y Brasil.
La cuestión de fondo, ha explicado a El Espectador Steven Watt —abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles—, es que Washington tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y a otros de actos de terrorismo. “Sin embargo, en el cumplimiento de esta obligación, debe respetar los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, de opinión y de libre asociación. Los programas de vigilancia de la NSA no cumplen dichas normas y atropellan los derechos de los individuos”.
El efecto Snowden, que no para de crecer, puso a Obama en una posición demasiado incómoda frente a la ley y la comunidad internacional. Le generó una crisis diplomática en cuanto a la credibilidad y confianza con sus aliados. Snowden reveló que las operaciones de espionaje estaban dirigidas a objetivos mucho más allá de los extranjeros sospechosos de terrorismo: llegaban hasta gobernantes de otros países —por ejemplo al teléfono móvil de la canciller alemana Angela Merkel, una muy importante aliada de Washington—, también a empresas privadas e instancias políticas multilaterales como Naciones Unidas.
A final del año, Snowden tiene asilo temporal en Rusia, país con el cual Washington llegó al punto más bajo de sus relaciones desde la Guerra Fría y tuvo que cancelar cumbres bilaterales. Ahora Snowden busca asilo en Brasil (donde ayer hubo manifestaciones pidiendo al gobierno que lo reciba) y es visto por muchos como un héroe en la lucha contra los excesos de la vigilancia. Obama, en cambio, intenta reconciliarse con gobiernos que se sienten ultrajados, para recuperar su confianza y poder retomar la agenda de su política exterior.
Las reformas le servirán para mostrar que no ha ignorado el malestar mundial y que busca un manejo más equilibrado en sus estrategias antiterroristas. El anuncio sobre las restricciones que se harán al espionaje estadounidense se hizo después de que un grupo de expertos encargados por la Casa Blanca emitiera un informe en el cual hizo al gobierno 46 recomendaciones para reestructurar la NSA y su funcionamiento. El informe indica, entre otras, que se podría nombrar un civil como director de la agencia, liderada por un militar desde su fundación en 1952, y que la lista de líderes extranjeros que son objeto de vigilancia podría ser supervisada por altos funcionarios del gobierno, entre ellos el propio presidente, de modo que el espionaje internacional se limite a garantizar exclusivanente la seguridad de EE.UU. y sus aliados.
Durante sus vacaciones decembrinas en Hawai, Obama estudiará el documento y se espera que anuncie los cambios antes de dar el discurso sobre el estado de la Unión el próximo 28 de enero.
Las promesas de limitar las operaciones de espionaje, sin embargo, no son nuevas. Desde agosto el presidente dio un viraje en su defensa de esos programas y anunció una revisión de la Ley Patriótica y una reforma del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, organismo que autoriza la captación de datos. Así, buscaba responder al creciente inconformismo al interior de su país y a la búsqueda de herramientas jurídicas por parte de grupos civiles para defender su derecho a la privacidad.
Pero sus promesas no fueron suficientes. Los estadounidenses llegaron a instancias internas e internacionales. En octubre, la Unión Americana por las Libertades Civiles pidió una audiencia que le fue otorgada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hablar sobre las violaciones a los DD.HH. cometidas por el espionaje de la NSA. Steven Watt fue expositor ante la Comisión y explicó a este diario que la Agencia de Seguridad “recoge datos de ciudadanos, dondequiera que vivan y sin sospechas de su participación o asociación con actividades criminales o terroristas. Esto viola las protecciones constitucionales de EE.UU. contra la búsqueda y captura sin razón, así como las garantías de privacidad, libertad de expresión y de asociación, derechos protegidos también internacionalmente”.
En los últimos días, se produjo la primera sentencia de un juez federal contra la NSA, que confirma las tesis de Watt. El juez Richard Leon indicó que los programas de recopilación de llamadas probablemente violan la cuarta enmienda constitucional, que prohíbe pesquisas y aprehensiones arbitrarias, y que no está del todo claro que esos programas ayuden a preservar la seguridad nacional. Es un episodio de más del efecto Snowden, que ha desatado una lluvia de críticas sin precedentes en contra del presidente de la primera potencia mundial.
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Por Daniel Salgar Antolínez
