Odebrecht, el caso de corrupción en A. Latina

Obras de gran envergadura paralizadas, indignación popular y detenciones en serie: el escándalo de los sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para obtener contratos en varios países extiende sus repercusiones en América Latina. 

 

 

Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil permitió echar luz sobre las prácticas de la mayor constructora de la región. 

Desatada en 2014, la operación "Lava-Jato" reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en primera fila de las cuales se halla Odebrecht, habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.

 

La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitó informaciones a los fiscales brasileños para investigar localmente sobre los contratos del grupo. 

 

Durante más de una década, la empresa mantuvo este "esquema de corrupción masiva", pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de "tres continentes", según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

 

En Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas a la brevedad: Odebrecht acordó con la justicia brindar informaciones a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado.

 

 

La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala. 

 

Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: en Venezuela (3.100 millones de dólares) están comprometidos seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas. Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron: unos 98 millones de dólares.

 

En República Dominicana, que recibió 2.500 millones de dólares del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica. 

 

En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, el gobierno le retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en 7.000 millones de dólares. Hasta ahora, apenas 30% de la obra, de una extensión de 1.100 kms en el sur del país, se ha concretado. 

 

 

Las detenciones de exministros y altos funcionarios se multiplican en todo el continente. 

 

Hay incluso dirigentes allegados a algún presidente de la república que temen por su futuro. Es el caso de Argentina, donde el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas, está siendo investigado.

 

En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala (y su esposa Nadine Heredia) y Alejandro Toledo y al actual jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, en tanto exprimer ministro de Toledo.

 

En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia. 

 

En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron detenidos. Hubo además allanamientos a locales del grupo en varios países.

 

 

Tras dos semanas de violentas manifestaciones, en Perú fue suprimido un peaje en una autopista del norte de Lima construida por Odebrecht.

Decenas de miles de personas marcharon a su vez por calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta megaempresa. 

 

 

Autoridades de Ecuador, Panamá y República Dominicana decidieron no tener en cuenta a esta constructora en futuros llamados a licitación y prohibir que se le adjudiquen de manera directa obras públicas y contratos. 

 

La compañía aceptó pagar una multa de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza y se comprometió a abonar otras fuertes sumas (59 millones de dólares en Panamá, 189 millones en República Dominicana) por concepto de indemnizaciones. 

 

Odebrecht registró un volumen de negocios de 39.119 millones de dólares en 2015, según los últimos resultados publicados. 

Obras de gran envergadura paralizadas, indignación popular y detenciones en serie: el escándalo de los sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para obtener contratos en varios países extiende sus repercusiones en América Latina. 

 

 

Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil permitió echar luz sobre las prácticas de la mayor constructora de la región. 

Desatada en 2014, la operación "Lava-Jato" reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en primera fila de las cuales se halla Odebrecht, habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.

 

La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitó informaciones a los fiscales brasileños para investigar localmente sobre los contratos del grupo. 

 

Durante más de una década, la empresa mantuvo este "esquema de corrupción masiva", pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de "tres continentes", según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

 

En Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas a la brevedad: Odebrecht acordó con la justicia brindar informaciones a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado.

 

 

La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala. 

 

Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: en Venezuela (3.100 millones de dólares) están comprometidos seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas. Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron: unos 98 millones de dólares.

 

En República Dominicana, que recibió 2.500 millones de dólares del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica. 

 

En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, el gobierno le retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en 7.000 millones de dólares. Hasta ahora, apenas 30% de la obra, de una extensión de 1.100 kms en el sur del país, se ha concretado. 

 

 

Las detenciones de exministros y altos funcionarios se multiplican en todo el continente. 

 

Hay incluso dirigentes allegados a algún presidente de la república que temen por su futuro. Es el caso de Argentina, donde el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas, está siendo investigado.

 

En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala (y su esposa Nadine Heredia) y Alejandro Toledo y al actual jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, en tanto exprimer ministro de Toledo.

 

En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia. 

 

En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron detenidos. Hubo además allanamientos a locales del grupo en varios países.

 

 

Tras dos semanas de violentas manifestaciones, en Perú fue suprimido un peaje en una autopista del norte de Lima construida por Odebrecht.

Decenas de miles de personas marcharon a su vez por calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta megaempresa. 

 

 

Autoridades de Ecuador, Panamá y República Dominicana decidieron no tener en cuenta a esta constructora en futuros llamados a licitación y prohibir que se le adjudiquen de manera directa obras públicas y contratos. 

 

La compañía aceptó pagar una multa de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza y se comprometió a abonar otras fuertes sumas (59 millones de dólares en Panamá, 189 millones en República Dominicana) por concepto de indemnizaciones. 

 

Odebrecht registró un volumen de negocios de 39.119 millones de dólares en 2015, según los últimos resultados publicados.