Operación de Liberación del Pueblo, más que “plomo al hampa”

El 13 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), para “resguardar la seguridad de los venezolanos frente a las pretensiones de algunos sectores de importar la práctica del paramilitarismo con la finalidad de quebrantar la estabilidad y la paz en Venezuela”.

Para implementar la agresiva iniciativa contra la delincuencia, Maduro desplegó a 2.800 militares en varios puntos del país. Sin embargo, las acciones comenzaron en la Cota 905, zona, como otras tantas de la capital venezolana, tomada por el hampa. Tras nueve horas de enfrentamiento, hubo 134 delincuentes 16 abatidos y 20 vehículos recuperados. Días después, 32 ciudadanos colombianos fueron detenidos en circunstancias no aclaradas. ¿Una operación con un alto componente xenofóbico? Para analistas venezolanos, sí. “La OLP en el marco del “estado de excepción” persigue sembrar miedo y desmotivar al público electoral, al tiempo que incorpora un nuevo “culpable” de la crisis: los colombianos”, señala Ángel Arellano, analista venezolano.

El 27 de julio se presentó el balance oficial de los primeros días de la OLP: de 212 detenidos, 26 eran de origen colombiano y todos ellos, según dijeron, con un “prontuario delictivo”. Luego de un ataque en el que resultaron heridos tres efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana (Fanb) y un civil en Táchira, Maduro decidió que había que darle “plomo al hampa” y ordenó una OLP en ese estado, justo en la frontera con Colombia. “Les hicieron una emboscada precisamente en el momento en el que se dirigían en su tarea y faena diaria a combatir todas estas mafias de bachaqueros (contrabandistas) y paramilitares que vienen de Colombia”, detalló el mandatario. El 20 de agosto anunció el cierre de la frontera y dos días después decretó el estado de excepción. La OLP en Táchira ha dejado, hasta ahora, 1.097 colombianos deportados, además de allanamientos y casas demolidas.

La ONG venezolana Provea calificó la operación en la frontera como xenófoba. “En el marco de la Operación de Liberación del Pueblo, el gobierno emprende una peligrosa escalada xenófoba contra la población colombiana”. Las palabras del gobernador del Táchira lo confirman. Denunció que en el marco de la OLP se descubrió la existencia de empresas de distintos ramos subsidiadas por el estado venezolano que son dirigidas por ciudadanos colombianos. Además, dijo tener una lista de 528 estudiantes colombianos que viven en Venezuela y reciben clases en colegios privados en Colombia. “Vaya alguien de nosotros y pregunte cuánto cuesta una mensualidad en colegios privados en Colombia ahora y cómo mantiene usted estudiantes en Colombia con bolívares venezolanos... esto hay que investigarlo”, precisó.

Diosdado Cabello se sumó a esas voces asegurando que el hombre detenido el 25 de agosto por planear el asesinato de su hija, Daniela, confesó “haber recibido entrenamiento paramilitar para perpetrar los planes violentos de la derecha, con financiamiento proveniente de Colombia”.

El 13 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), para “resguardar la seguridad de los venezolanos frente a las pretensiones de algunos sectores de importar la práctica del paramilitarismo con la finalidad de quebrantar la estabilidad y la paz en Venezuela”.

Para implementar la agresiva iniciativa contra la delincuencia, Maduro desplegó a 2.800 militares en varios puntos del país. Sin embargo, las acciones comenzaron en la Cota 905, zona, como otras tantas de la capital venezolana, tomada por el hampa. Tras nueve horas de enfrentamiento, hubo 134 delincuentes 16 abatidos y 20 vehículos recuperados. Días después, 32 ciudadanos colombianos fueron detenidos en circunstancias no aclaradas. ¿Una operación con un alto componente xenofóbico? Para analistas venezolanos, sí. “La OLP en el marco del “estado de excepción” persigue sembrar miedo y desmotivar al público electoral, al tiempo que incorpora un nuevo “culpable” de la crisis: los colombianos”, señala Ángel Arellano, analista venezolano.

El 27 de julio se presentó el balance oficial de los primeros días de la OLP: de 212 detenidos, 26 eran de origen colombiano y todos ellos, según dijeron, con un “prontuario delictivo”. Luego de un ataque en el que resultaron heridos tres efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana (Fanb) y un civil en Táchira, Maduro decidió que había que darle “plomo al hampa” y ordenó una OLP en ese estado, justo en la frontera con Colombia. “Les hicieron una emboscada precisamente en el momento en el que se dirigían en su tarea y faena diaria a combatir todas estas mafias de bachaqueros (contrabandistas) y paramilitares que vienen de Colombia”, detalló el mandatario. El 20 de agosto anunció el cierre de la frontera y dos días después decretó el estado de excepción. La OLP en Táchira ha dejado, hasta ahora, 1.097 colombianos deportados, además de allanamientos y casas demolidas.

La ONG venezolana Provea calificó la operación en la frontera como xenófoba. “En el marco de la Operación de Liberación del Pueblo, el gobierno emprende una peligrosa escalada xenófoba contra la población colombiana”. Las palabras del gobernador del Táchira lo confirman. Denunció que en el marco de la OLP se descubrió la existencia de empresas de distintos ramos subsidiadas por el estado venezolano que son dirigidas por ciudadanos colombianos. Además, dijo tener una lista de 528 estudiantes colombianos que viven en Venezuela y reciben clases en colegios privados en Colombia. “Vaya alguien de nosotros y pregunte cuánto cuesta una mensualidad en colegios privados en Colombia ahora y cómo mantiene usted estudiantes en Colombia con bolívares venezolanos... esto hay que investigarlo”, precisó.

Diosdado Cabello se sumó a esas voces asegurando que el hombre detenido el 25 de agosto por planear el asesinato de su hija, Daniela, confesó “haber recibido entrenamiento paramilitar para perpetrar los planes violentos de la derecha, con financiamiento proveniente de Colombia”.