El pueblo cubano vuelve hoy a las urnas. Llevan años votando, pero desde que comenzó la Revolución no han podido elegir. El gobierno de ese país ha sofisticado un sistema donde los ciudadanos pueden votar por una sola candidatura por cada escaño a la Asamblea Nacional, y no escoger entre oficialistas y opositoras.
Hace días, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, señaló que Cuba es un país soberano y que “cada pueblo decide cómo se organiza políticamente”. Sin embargo, la Constitución de ese país dice lo contrario. Señala que “el Partido Comunista de Cuba (…) [y no el pueblo cubano] es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
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La Ley Electoral también afirma que “[el sistema electoral] excluye cualquier tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción destinada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato”. Esto significa que las candidaturas ni siquiera pueden presentar propuestas.
Además, la seguridad del Estado reprime la observación electoral. Civil Rights Defenders tiene conocimiento de que al menos cuatro defensores de derechos humanos han sido amenazados para impedirles monitorear las votaciones. Esto sucede en medio de una creciente abstención, pues los últimos comicios al nivel municipal celebrados en 2022 tuvieron la menor participación desde el inicio de la Revolución.
A todo ello se suma la brutal represión contra quienes se manifiestan frente al régimen, la falta de libertad de expresión, la impunidad y la violencia. El coctel perfecto de un gobierno que desde hace rato está de espaldas a su gente.
Es claro que Colombia está en una encrucijada frente a Cuba: por un lado, ese país ha sido un aliado en los esfuerzos de paz con diferentes grupos armados, y albergará en pocos días la tercera ronda de negociaciones con el ELN. Pero, por el otro, puede ver comprometida su credibilidad como defensor de los derechos humanos, legitimando un régimen cuyas violaciones de derechos humanos ya son innegables.
El gobierno colombiano tiene la oportunidad de profundizar sus vínculos con la isla, pero no solo con las instituciones cubanas, sino con los defensores de los derechos humanos que también merecen ser escuchados. Un diálogo abierto con ellos podría ser un buen primer paso para consolidar, por ejemplo, un bloque de trabajo hemisférico basado en la democracia y en el respeto a los derechos humanos.
* Director de América Latina de Civil Rights Defenders
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Por Erik Jennische *
