Nicaragua vivió el domingo 6 de noviembre otro espejismo democrático: en unos comicios sin observación internacional, donde según la ONG Urnas Abiertas solo participó el 18 % de la población y con una descarada coacción electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo se quedaron con las 153 alcaldías de ese país centroamericano.
En los días previos a las votaciones, más de 30 personas fueron detenidas de manera arbitraria por posibles motivaciones políticas, según denunció el monitoreo Azul y Blanco. Entre ellas están dos activistas de la Alianza Universitaria Nicaragüense: Mildred Rayo y Miguel Flores, quienes según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) siguen presos en el distrito III de la policía en Managua.
La escalada represiva de los últimos días se suma a un panorama trágico para las libertades y la defensa de Derechos Humanos en la región: la semana pasada el gobierno canceló el funcionamiento de 100 organizaciones no gubernamentales más, lo que da una escabrosa suma de 2743 entidades cerradas desde que Daniel Ortega asumió el poder en el 2007. Más del 90 % de esas organizaciones han sido canceladas en 2022.
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Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al 30 de septiembre había 219 casos, la mayoría detenidos en la peligrosa cárcel el Chipote y sin nada de su integridad física y psicológica. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) señaló que en el marco de las protestas de 2018 murieron a manos de fuerzas del Estado 355 personas. Ante este panorama, muchos activistas no han visto otro camino que el exilio para resguardar su integridad. Entre enero y mayo de este año, 103.000 personas han tenido que salir de Nicaragua.
Costa Rica, país que ha refugiado a miles de nicaragüenses en los últimos años, también se ha convertido en un objetivo de Ortega: “Es una base de grupos terroristas que buscan desestabilizar al gobierno (…) bajo el auspicio de gobiernos europeos y de los ‘Yankees’”, señaló el presidente ante el Congreso de la Juventud Sandinista.
Justamente el Parlamento Europeo ha emitido varias resoluciones de condena al gobierno por instrumentalizar la justicia y perseguir a líderes religiosos, y la Unión ha emitido sanciones a 21 funcionarios de ese gobierno y tres instituciones estatales. Ante esas medidas, Nicaragua decidió declarar persona no grata a la embajadora de la UE en ese país. También las Naciones Unidas y la CIDH se han pronunciado y han activado mecanismos a su alcance para condenar e investigar las graves violaciones.
Sin embargo, la posición de los gobiernos de la región ha sido débil. Mientras Ortega sigue rompiendo a su antojo los límites democráticos, y consolida en su país un régimen autocrático donde la diferencia es perseguida y los caminos de las defensoras y los defensores de derechos humanos es el exilio o asumir el riesgo de pasar años de cárcel y tortura, sus vecinos miran para otro lado o, en el caso de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condecoran públicamente al hombre que ha quitado la soberanía al pueblo nicaragüense.
Gobiernos como el de Colombia y Chile, elegidos producto de las movilizaciones sociales y con potencial de liderazgo regional, tienen no solo el compromiso sino la responsabilidad política de condenar estos hechos, respaldar a la sociedad civil que se manifiesta contra el gobierno y liderar salidas a esa crisis, que ya empieza a tener consecuencias más allá de las fronteras nicaragüenses.
* Director del departamento de América Latina de Civil Rights Defenders.
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Por Erik Jennische*
