En medio de los primeros pasos del Gobierno Nacional para concretar su iniciativa de “Paz Total”, de las discusiones para abrirle camino a la reforma tributaria y de las negociaciones para la consecución de una mayoría gubernamental en el Congreso, pasó bastante desapercibida una declaración del nuevo embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.
Palabras más palabras menos, el embajador Murillo anunció que en un signo de “reciprocidad” plantearán en Washington que se considere el otorgamiento del estatus de protección temporal a la población colombiana que reside allí de manera irregular, tal y como Colombia y las propias autoridades norteamericanas lo han hecho con los venezolanos que han recibido.
No solo es loable, sino que además es parte de sus deberes, que el máximo representante diplomático de Colombia en Estados Unidos se plantee defender los derechos, intereses y el bienestar de sus compatriotas que viven en el país del Norte. También es comprensible que se recurra a una figura jurídica como la del estatuto de protección que, si bien no es una panacea, ha demostrado utilidad a la hora de dar un mínimo de tranquilidad y estabilidad a los venezolanos que se han visto obligados a dejar su país compelidos por la gravísima crisis económica, política y social que padecen.
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Lo que no luce apropiado es que el embajador Murillo haya hecho mención a la palabra “reciprocidad”, pues de esta forma coloca el tema de la protección a los migrantes venezolanos en el terreno de una eventual negociación política entre Bogotá y Washington y supedita las consideraciones humanitarias que dan sustento a las políticas de regularización de la población venezolana que se encuentra en el territorio nacional a que otro gobierno, en este caso el que encabeza Joe Biden, haga lo mismo con los migrantes colombianos allí.
Esta situación, de concretarse, colocaría en una posición muy delicada el pleno desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) puesto en práctica durante el anterior gobierno de Iván Duque y que hasta la fecha ha conseguido que 2′456.272 venezolanos estén inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y que a 1′583.153 de ellos se les haya aprobado el Permiso por Protección Temporal (PPT).
Las declaraciones del embajador Murillo se producen en un momento en el que reina la mayor de las incertidumbres respecto a la política migratoria que finalmente adopte el gobierno de Gustavo Petro, toda vez que en poco más de un mes de gestión gubernamental no se han hecho anuncios importantes al respecto.
Pronunciamientos como este solo ayudan a alimentar los temores de que se produzca un gran parón en las iniciativas que desde hace ya varios años ha venido adelantando el Estado colombiano, primero para asistir humanitariamente a los migrantes y después para regularizarlos y crear las condiciones para su integración plena a la vida económica y social del país, tarea esta última que es el gran reto al que se enfrentan el país y sus nuevas autoridades de cara a 2,4 millones de personas que ya representan el 5 % de la población nacional.
Los derechos humanos se respetan o no se respetan. No se pueden apoyar por la mitad, a veces sí o a veces no, ni pueden estar sujetos a negociaciones o ser instrumentalizados para otros fines. Por lo tanto, no parece una buena idea que el futuro del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) en Colombia pueda estar condicionado a que un tercer país lo aplique a los nacionales colombianos.
*Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de la asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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Por Txomin Las Heras Leizaola*
