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Human Rights Watch advirtió este jueves que la destitución del ahora expresidente de Perú Martín Vizcarra “amenaza el Estado de derecho” y señaló que “existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia”. El organismo de derechos humanos indicó, además, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) “debe convocar una sesión del consejo permanente urgentemente y vigilar de cerca la situación en el Perú”.
Ver más: El Congreso de Perú aprueba destitución del presidente Martín Vizcarra
El Congreso de Perú destituyó el lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, tras debatir la llamada “moción de vacancia” impulsada contra el mandatario por acusaciones de corrupción.
El presidente está acusado de haber recibido coimas por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Vizcarra tuvo una relación fluida y coordinó reuniones privadas con quienes supuestamente le acusan de haber recibido estas coimas, según se desprende de una serie de mensajes publicados este domingo.
La resolución declaró la “permanente incapacidad moral del presidente”, y ya que Vizcarra no tenía vicepresidente, la sucesión de la Presidencia recayó en Manuel Merino, un político de bajo perfil casi desconocido para los peruanos. Es presidente del Congreso e integrante del grupo político centro-derechista Acción Popular (AP).
“Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas; sin embargo, existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia, que parece responder al interés personal de algunos legisladores de eludir cualquier rendición de cuentas a futuro”, señaló en un comunicado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
La destitución de Vizcarra es una amenaza al estado de derecho en Perú
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 12, 2020
La @OEA_oficial debe convocar al Consejo Permanente
Se debe fiscalizar la actuación de Merino y el Congreso, en especial, los nombramientos en el Tribunal Constitucional
Comunicado: https://t.co/AIX2lUFAjJ pic.twitter.com/7pcLNqqbjD
Según HRW, el Congreso de Perú no llevó adelante un juicio político contra Vizcarra, ya que la Constitución de ese país avala este proceso “únicamente por traición a la patria, por impedir que se celebren elecciones, por disolver ilegalmente el Congreso o por impedir el funcionamiento del Congreso o de los órganos electorales del país”.
“En vez de esto -indicó HRW-, el Congreso invocó una disposición constitucional vaga y poco clara que le permite declarar la ‘vacancia’ de la presidencia si el presidente renuncia o presenta ‘incapacidad moral o física’”.
Vivanco agregó que “los Gobiernos de las Américas deben fiscalizar de cerca las decisiones que adopten Merino y el Congreso (...) Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el estado de derecho en el Perú”, alertó.
Ver más: Manuel Merino, el desconocido que asume la presidencia de Perú
HRW apuntó que Vizcarra “impulsó varias iniciativas contra la corrupción” y mencionó que, según medios de comunicación, “decenas de congresistas, incluidos del partido de Merino, están siendo investigados penalmente por cargos que incluyen corrupción, entre otros graves delitos”.
También advirtió que Merino se juramentó este miércoles “en medio de protestas multitudinarias y señalamientos de uso excesivo de la fuerza por la policía en respuesta a estas manifestaciones”. El derecho internacional ampara la reunión pacífica, y las autoridades “deben proteger a los manifestantes pacíficos y evitar que existan restricciones innecesarias o desproporcionadas a esas movilizaciones”, reclamó HRW.
¿Qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
La CIDH emitió un comunicado donde expresa su preocupación ante la declaratoria de vacancia de Martín Vizcarra.
“La Comisión observa que este es el segundo proceso de vacancia presidencial presentado en el 2020 en contra del ex mandatario por la causal referida a ‘permanente incapacidad moral’, cuya falta de definición objetiva permite un alto grado de discrecionalidad que puede socavar el principio de institucionalidad democrática”, señaló la Comisión.
Y es que esta fue la segunda moción de vacancia contra Vizcarra en menos de dos meses. En el primer intento de destitución, Vizcarra fue acusado de instigar a dos colaboradoras, Miriam Morales y Karem Roca, a mentir en una investigación sobre un contrato a un cantante, según unos audios divulgados en septiembre.
Ese enfrentamiento político entre Vizcarra y el Congreso lo ganó el mandatario, pues no se consiguieron los votos necesarios, 87 de 103, para removerlo del cargo.
“La Comisión ha sostenido que la destitución de una persona mandataria democrática y constitucionalmente electa, no debería quedar librada a la decisión política discrecional del Congreso o Parlamento, sino que requiere la verificación de la existencia de algunos de los delitos o infracciones contemplados en la Constitución”, agregó la CIDH.
La Comisión hizo un llamado al Estado peruano a asegurar el principio de separación de poderes “mediante la aplicación de su sistema de pesos y contrapesos con el fin de asegurar un efectivo control entre las diferentes ramas de gobierno, en cumplimiento de los estándares interamericanos”.
Por Redacción Internacional y Efe
