Otro escándalo salpica al gobierno argentino

En medio del escándalo internacional generado por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que ha dejado al gobierno argentino en la mira de muchas acusaciones sobre corrupción y posible encubrimiento de responsables de actos terroristas, revive otro caso para terminar de empañar la imagen de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, un tribunal confirmó el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles" con su cargo, en un caso de presunta corrupción relacionado con la compra de la imprenta de papel moneda exCiccone.

En términos más específicos, el vicepresidente Boudou fue nuevamente procesado por presunta corrupción en una causa que lo investiga por comprar el 70% de una imprenta que tenía el monopolio para la impresión de papel moneda, tras haber intervenido para evitar su quiebra cuando fue ministro de Economía en 2010. El juicio a Boudou podría realizarse el año que viene.

La Cámara Federal no sólo confirmó el procesamiento de Boudou. También rechazó un recurso de recusación contra el juez federal Claudio Bonadío, quien investiga presuntas irregularidades administrativas en la empresa Hotesur, que gestiona el hotel de lujo Alto Calafate y de la que es accionista la presidenta Cristina Fernández.

Ambas medidas fueron tomadas un día después de una masiva marcha en homenaje al fallecido fiscal Nisman, convocada por fiscales y en la que muchos ciudadanos hicieron sentir su reclamo de justicia. Esta coincidencia hizo que el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, dijera que la adopción de las medidas después de la movilización era  "llamativa": "La Justicia tiene que hacerlo todos los días, no estoy pidiendo días especiales para eso o días de retiro por una marcha, pero es muy llamativo determinadas situaciones".

Antes de estas declaraciones, el gobierno ya había manifestado que la marcha, a la que se sumaron líderes de la oposición política y candidatos a las elecciones presidenciales de octubre, se realizó con fines desestabilizadores.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, asegura que "hay una arremetida corporativa, mediática y judicial" contra el Ejecutivo. Lanzó una acusación contra el aparato judicial de su país: "no hay ninguna duda de que en Argentina la Justicia no es independiente de las corporaciones. Las corporaciones mediáticas y económicas concretadas tienen una agenda muy particular". Refiriéndose al procesamiento del vicepresidente Boudou, se quejó de que "las causas de evasión fiscal están estancadas y no tocan a grupos mediáticos concentrados". Agregó que "cuando se pretende combatir la fuga de capitales, los jueces y fiscales se pasan la pelota a otro o se excusan".

Capitanich denunció además un “pacto de impunidad" entre la justicia y las corporaciones. "Ese pacto de impunidad significa protección mediática para fiscales y jueces a cambio de no proseguir con las causas y después ataques despiadados, desmedidos e infundados a miembros del poder Ejecutivo”.

En medio del escándalo internacional generado por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que ha dejado al gobierno argentino en la mira de muchas acusaciones sobre corrupción y posible encubrimiento de responsables de actos terroristas, revive otro caso para terminar de empañar la imagen de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, un tribunal confirmó el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles" con su cargo, en un caso de presunta corrupción relacionado con la compra de la imprenta de papel moneda exCiccone.

En términos más específicos, el vicepresidente Boudou fue nuevamente procesado por presunta corrupción en una causa que lo investiga por comprar el 70% de una imprenta que tenía el monopolio para la impresión de papel moneda, tras haber intervenido para evitar su quiebra cuando fue ministro de Economía en 2010. El juicio a Boudou podría realizarse el año que viene.

La Cámara Federal no sólo confirmó el procesamiento de Boudou. También rechazó un recurso de recusación contra el juez federal Claudio Bonadío, quien investiga presuntas irregularidades administrativas en la empresa Hotesur, que gestiona el hotel de lujo Alto Calafate y de la que es accionista la presidenta Cristina Fernández.

Ambas medidas fueron tomadas un día después de una masiva marcha en homenaje al fallecido fiscal Nisman, convocada por fiscales y en la que muchos ciudadanos hicieron sentir su reclamo de justicia. Esta coincidencia hizo que el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, dijera que la adopción de las medidas después de la movilización era  "llamativa": "La Justicia tiene que hacerlo todos los días, no estoy pidiendo días especiales para eso o días de retiro por una marcha, pero es muy llamativo determinadas situaciones".

Antes de estas declaraciones, el gobierno ya había manifestado que la marcha, a la que se sumaron líderes de la oposición política y candidatos a las elecciones presidenciales de octubre, se realizó con fines desestabilizadores.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, asegura que "hay una arremetida corporativa, mediática y judicial" contra el Ejecutivo. Lanzó una acusación contra el aparato judicial de su país: "no hay ninguna duda de que en Argentina la Justicia no es independiente de las corporaciones. Las corporaciones mediáticas y económicas concretadas tienen una agenda muy particular". Refiriéndose al procesamiento del vicepresidente Boudou, se quejó de que "las causas de evasión fiscal están estancadas y no tocan a grupos mediáticos concentrados". Agregó que "cuando se pretende combatir la fuga de capitales, los jueces y fiscales se pasan la pelota a otro o se excusan".

Capitanich denunció además un “pacto de impunidad" entre la justicia y las corporaciones. "Ese pacto de impunidad significa protección mediática para fiscales y jueces a cambio de no proseguir con las causas y después ataques despiadados, desmedidos e infundados a miembros del poder Ejecutivo”.