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“Nicaragua es un país huérfano y olvidado. Es un país del que poco se habla porque somos poco relevantes a nivel geopolítico, pero hemos llegado más lejos en el olvido porque nadie, ni dentro ni fuera del país, puede hablar en contra de la dictadura”, cuenta Josimar Téllez, un joven nicaragüense desde el exilio.
Aún después de años de destierro, nicaragüenses alrededor del mundo comparten la misma posición: la represión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua tiene al país en un silencio perpetuo. El adjetivo no exagera. “Aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció Ortega en el aniversario 47 de la Revolución Sandinista hace una semana en Managua.
Ni los años lejos del país o las fronteras del exilio han logrado derrumbar el temor de los nicaragüenses a alzar la voz. Los testimonios recogidos para este artículo coinciden en un diagnóstico alarmante: el dolor colectivo y la represión han llegado muy lejos y siguen silenciando al país, lo cual se hace evidente en una pretensión de demencia colectiva adquirida como defensa propia.
“En mi país no tienes que hacer mucho para convertirte en oposición. La misma gente se reprime por lo que un vecino pueda escuchar. Hay gente que evita prender el radio por miedo a que los vecinos escuchen y los denuncien por opositores. Si alguien sale a comer algo a un restaurante se priva de hablar de cualquier tema relativo a política por miedo a ser tildado de oposición”, añadió Laura, otra ciudadana nicaragüense, también desde el exilio.
En la misma posición de Laura, se estima que alrededor de 800.000 personas han sido forzadas al exilio. Aunque la cifra parece haber aumentado, medios y organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International aseguran que la censura de prensa y el autoritarismo del gobierno dificulta establecer números exactos. Sin embargo, de acuerdo con sus informes, tan solo entre 2018 y 2025, más de 342.000 nicaragüenses solicitaron asilo político en países como Costa Rica, Estados Unidos, México y España. Además, desde el comienzo del gobierno de Donald Trump, la situación para muchos nicaragüenses refugiados en Estados Unidos se vuelve más preocupante, ya que más de 2.100 nicaragüenses fueron deportados y se anunció el término de estatus de protección temporal para nicaragüenses, lo cual afecta a más de 4.000 personas.
Según varios de los testimonios, el miedo a las políticas antimigración en países de Europa y Norteamérica se suma al miedo de no poder volver a Nicaragua y quedar en situación apátrida.
Justamente a través del miedo, la represión interna en el país ha tocado todas las puertas posibles. Según asegura Laura, el gobierno ha instrumentalizado el miedo para demostrar que todo es posible y enviar un mensaje a la población civil para hacer saber quién manda. “Un pasaporte puede ser revocado por un mensaje de Facebook. Hasta la Navidad y la iglesia han sido reprimidas. La misa y las procesiones han sido reprimidas y controladas. Si la gente se une a rezar un rosario, hay represión”.
Desde adentro hacia afuera del país, el miedo se ha consolidado como una herramienta de exportación de la dictadura, extendiendo su brazo de control psicológico y legal sobre la diáspora y recordándoles que el exilio no garantiza la libertad de palabra. Hacia afuera, el régimen de Daniel Ortega y su esposa ha llevado la represión hasta el abuso de mecanismos como Interpol para restringir la movilidad y privar de la libertad a ciudadanos nicaragüenses. Al mismo tiempo vigila, amenaza y confisca bienes para ejercer control. En un reciente informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos se denunció oficialmente la privación arbitraria de nacionalidad de 452 nicaragüenses y la negación de entrada al país de 290 personas. A pesar de las denuncias, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua continúa ordenando la cancelación de la nacionalidad nicaragüense y la confiscación de bienes a ciudadanos de forma arbitraria.
A nivel interno, varios ciudadanos denuncian que publicar en Facebook, compartir o reaccionar a una publicación en redes sociales que hable de la oposición pueden ser motivos suficientes para ser encarcelado o desnacionalizado. Arrestos recientes confirman este patrón: más de 60 nicaragüenses fueron llevados a prisión por celebrar en sus redes sociales la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.
Tras el golpe a la capital venezolana por parte de Estados Unidos, el gobierno nicaragüense sintió una ola de temor y reforzó la vigilancia en barrios y redes sociales. Sin embargo, días después 20 presos políticos fueron liberados con la excusa de celebrar los 19 años de Ortega en el poder. Organizaciones independientes como el Mecanismo de reconocimiento de Presos Políticos y Monitoreo azul y blanco aseguran que se tiene conocimiento de al menos 47 presos políticos y, a su vez, señalan la dificultad de monitorear la situación por la intimidación a familiares que pretenden denunciar capturas.
Por su parte, Hora Cero denunció que la liberación de los 20 ciudadanos se dio únicamente como reacción de temor ante una posible intervención similar a la de Maduro. No hay que olvidar que, al tiempo, Washington ha puesto máxima presión sobre Cuba.
El reportaje sugiere que la liberación parcial de unos pocos se percibe como una respuesta para apaciguar la situación después de que la embajada de Estados Unidos en Nicaragua también celebrara la intervención militar en Venezuela en redes sociales.
Desde la diáspora, según cuentan varias ciudadanas nicaragüenses en distintos países de Europa, el régimen ha logrado reprimir por medio de la colaboración con países vecinos para evitar la entrada al país de quienes el gobierno considera personas no gratas. Desde sus experiencias, el autoritarismo con el que se ejerce el poder del gobierno se extiende a terceros como aerolíneas, que al ver un nombre en una lista negra ejercen violencias sin justificar motivos, privando a ciudadanos de embarcar un avión y volver a su país. “El gobierno ha tomado mecanismos de represión para continuar castigando y censurando sin dar ninguna explicación. Incluso a personas que viajaban desde Nicaragua por turismo se les ha negado la entrada de vuelta, y no te estoy hablando de gente que participa en política, esto va desde ‘youtubers’ hasta escritores, músicos, influenciadores o cualquiera que trabaje con derechos humanos, gente que pertenece al cambio. Castigar ha llegado al punto de tener personas retenidas por ICE que están sin nacionalidad sin poder comprobarlo. No ha habido nada oficial que demuestre el destierro, simplemente no te dejan entrar al país”, asegura Josimar.
A pesar de la intimidación y represión de ciudadanos en situación de exilio, los esfuerzos de la diáspora nicaragüense para ejercer presión a nivel internacional continúan. Desde los Países Bajos, Josimar persiste en la lucha a través del trabajo constante de denuncias desde la sociedad civil en el Parlamento Europeo. Según su informe, su hermano fue condenado a 13 años de prisión por ciberdelitos por compartir una posición contraria a la del gobierno en redes sociales. “Vine con mucha rabia y dolor por haber dejado un hermano en la cárcel y mi hermano menor exiliado en Estados Unidos. Mi mamá se quedó con un hijo preso y dos en el exilio. Tuve que salir de Nicaragua con todo el pesar de haber perdido mi vida. Soy una persona de 33 años que ya tiene la vida estructurada y se tuvo que ir a un continente en el que crece el sentimiento de hostilidad frente a los migrantes y refugiados”.
Aunque Josimar y organizaciones de la sociedad civil ejercen presión argumentando que la dictadura aplica el destierro como mecanismo de represión incluso por presuntos ciberdelitos, las sanciones que se han implementado de forma individual en contra de los representantes del gobierno no parecen dar muchos frutos. Mientras la ONU no mantiene sanciones vigentes contra Nicaragua, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido sostienen únicamente medidas restrictivas y congelación de activos contra el régimen de Ortega por violaciones a los derechos humanos y la represión democrática.
Así como el hermano de Josimar, la situación por condenas arbitrarias y bajo denuncias por ciberdelitos aumenta. Desde el 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua lleva ejerciendo la ‘Ley Especial de Ciberdelitos’, que imponía penas de cárcel para cualquiera que publicara comentarios que provocaran ‘alarma y zozobra’ entre la población nicaragüense. En el 2024, la ley fue reformada y continúa incrementando la penalización de opositores y periodistas dentro y fuera de Nicaragua bajo la justificación de propagación de noticias falsas y ofensas al gobierno de Ortega.
Bautizada por la oposición y la prensa independiente como la ‘Ley Mordaza’, esta norma se ha convertido en el engranaje principal del control estatal. Bajo su amparo, la dictadura no solo ha legalizado la censura en el ecosistema digital, sino que continúa silenciando a una sociedad civil que hoy ve en sus redes sociales un campo minado y en el ejercicio del periodismo un acto de alto riesgo.
La imposición del silencio de la dictadura trasciende fronteras y se impone desde el miedo. Hoy, las historias de un país de aproximadamente siete millones de personas están siendo reprimidas por un gobierno que también silencia a su diáspora por medio de las pantallas. Sin embargo, este silencio forzado es un eco engañoso. Aunque el régimen ha logrado apaciguar la voz de Nicaragua, la memoria privada de una nación se mantiene. Al final, la historia la escribirán en conjunto todos aquellos que no podrán olvidar la verdad.
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Por Antoinette Garzón Gil
