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6 May 2021 - 11:51 p. m.

Panamá en pandemia: segregación por sexo y cédula

Más allá de ser una herramienta de control de enfermedades, la política de segregación por sexo y cédula tuvo amplios efectos secundarios en la sociedad panameña y puede verse como una política pública y social regresiva. Esta agravó las desigualdades y produjo nuevas barreras para el acceso a los servicios esenciales de grupos en situación de vulnerabilidad.

Nelva Araúz Reyes*

La política desagregada por sexo y cédula en Panamá amplió las barreras para acceder a recursos básicos a nivel sanitario / Foto de referencia
La política desagregada por sexo y cédula en Panamá amplió las barreras para acceder a recursos básicos a nivel sanitario / Foto de referencia
Foto: Agencia EFE

En Panamá, el Consejo de Gabinete declaró el 13 de marzo de 2020 el “Estado de Emergencia Nacional” mediante la Resolución No. 11. Ese día, el Órgano Ejecutivo emitió un Decreto mediante el cual se ordenó, entre otras cosas “extremar las medidas sanitarias ante la declaración de pandemia”, y se ordenó a las autoridades regionales y locales establecer mecanismos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Desde entonces, el gobierno panameño emitió normativas que tuvieron efectos secundarios en la vida de las personas. Una de ellas fue el Decreto 577 del 24 de marzo de 2020, que declaró la cuarentena total y delegó el tema de la movilidad de las personas al Plan Protégete Panamá. Como resultado, se emitió la Resolución 360 cuyo objetivo era adoptar nuevas medidas tendientes a restringir la movilidad de las personas, utilizando como base el sexo y el número de identificación.

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Perú, Colombia y Panamá fueron los únicos tres países en el mundo que aplicaron una medida similar, sin embargo, tanto la de Colombia como la de Perú fueron de corta duración. En Panamá la medida duró casi seis meses, desde el 30 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2020.

La medida consistía en que las personas podían circular de acuerdo con el último número de su identificación en un horario definido para acceder a servicios esenciales durante dos horas. Las mujeres podían salir los lunes, miércoles y viernes, y los hombres los martes, jueves y sábados. El domingo, ninguna persona podía circular.

En conjunto, investigadoras de la London School of Economics (Clare Wenham, Corina Rueda y Daniela Meneses) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) iniciamos una investigación para comprender los impactos sociales de esta medida. Esto se realizó mediante un estudio cualitativo en el que se entrevistó a representantes de grupos de la sociedad y funcionarias/os estatales. El estudio evidenció la dificultad de acceso a recursos básicos y discriminación.

Acceso a recursos básicos

La política desagregada por sexo y cédula en Panamá amplió las barreras para acceder a recursos básicos a nivel sanitario. Algunas instalaciones de salud terciaria fueran designadas como hospitales Covid-19, lo que implicó que quienes necesitaban acceder a otros servicios debían ir a instalaciones médicas más lejanas aunque disponían de sólo dos horas. Las consecuencias fueron aún más profundas para residentes de zonas rurales, quienes podían vivir a más de tres horas de distancia respecto del lugar de atención.

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Otro ejemplo son los largos tiempos de espera inecesaria para el simple retiro de puntos de una cirugía menor porque el día de la cita no correspondía con la salida. Y si bien una cita de atención médica era una excepción permitida para salir si se presentaba el comprobante, esto a menudo dependía del acceso a datos en los teléfonos móviles o impresos, con los que las personas no siempre podían contar.

El acceso y provisión de servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado. Algunas mujeres referían la preocupación y dificultad de que les llegara el período menstrual un viernes de noche sin productos sanitarios. Asimismo, según proveedores de servicios de salud reproductiva, estos se veían abrumados los días de salida de mujeres debido a las largas filas que se formaban, ya que muchas veces estas no alcanzaban a realizar la compra antes de las dos horas permitidas. En algunos casos, acceder a un medicamento podía tomar cinco horas durante tres días (casi la totalidad de las seis horas semanales permitidas).

Impactos Interseccionales

En general, toda la población fue afectada por la medida pero ciertos sectores de la sociedad como los indígenas, migrantes, personas con discapacidad, trans, niñez, adolescencia y mujeres sufrieron mayores consecuencias. Por ello, la medida profundizó las desigualdades existentes previo a la pandemia a pesar de las advertencias de organizaciones nacionales e internacionales.

Los niños y adolescentes, por ejemplo, no tenían horarios asignados para salir de sus casas. Esto era incompatible con los regímenes de visitas preestablecidos entre padres y madres separados en donde los hijos/hijas debían desplazarse entre dos hogares parentales. Y en el caso de padres solteros, a estos se les dificultaba aun más el acceso a bienes debido a que no podían acceder con sus hijos, por lo que necesitaban más tiempo para trasladarles a otros lugares para su cuidado.

La medida no consideró la desigualdad de género preexistente. Según datos de la encuesta del CIEPS de 2019, el 70.6% de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres y las dos horas eran insuficientes para realizar tareas de cuidados. Además, las mujeres de trabajos esenciales reportaron sufrir más acoso verbal los días asignados a los hombres, pues no había muchas mujeres en la calle, lo que incrementó el miedo y sensación de inseguridad.

Adicionalmente, en Panamá no existe una ley de identidad de género. En este marco, el hecho de que la movilidad se rigiera por el sexo biológico en la cédula impuso obstáculos de circulación a personas trans quienes eran cuestionadas por agentes de la policía, tanto si salían el día del sexo de la cédula como por su género.

Lecciones y desafíos futuros

Más allá de ser una herramienta de control de enfermedades, la política de segregación por sexo y cédula tuvo amplios efectos secundarios en la sociedad panameña y puede verse como una política pública y social regresiva. Esta agravó las desigualdades y produjo nuevas barreras para el acceso a los servicios esenciales de grupos en situación de vulnerabilidad quienes, irónicamente, sufrieron la peor parte.

Esos impactos —predecibles— parecen no haberse considerado ni en la creación, ni en el desarrollo de la política, ni a lo largo de los seis meses que duró sin cambios pese a los reclamos de colectivos que se manifestaron en su contra. Panamá debe asegurar la igualdad en el desarrollo de las políticas públicas y adelantarse a los posibles impactos negativos que estas puedan tener para evitar profundizar las desigualdades dentro de la sociedad.

*Nelva Araúz Reyes es Investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Integrante de la Red de Politólogas y de Ciencia en Panamá. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derechos Humanos, Género y Docencia Superior.

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