Pandilleros guatemaltecos son obligados a trabajar para indígenas
Los pobladores de un municipio indígena del noroeste de Guatemala, cansados de los crímenes cometidos en ese lugar por los pandilleros juveniles, tomaron la justicia por mano propia y condenaron a 20 de éstos a 'trabajos forzados'.
El Espectador
"No pretendemos matarlos, pero sí hacerlos entrar en razón para que no sigan perjudicando a las personas honradas", declaró hoy a medios locales José Pérez Chen, alcalde de San Juan Cotzal, un pueblo ubicado a unos 210 kilómetros al noroeste del país.
Pérez Chen preside la Junta Local de Seguridad de esa población, la cual se encarga de brindar seguridad en ese lugar, en donde la comisaria de la Policía Nacional Civil (PNC) apenas cuenta con tres agentes.
Los integrantes de esa junta capturaron ayer a 20 jóvenes miembros de las temidas 'Mara 18' y 'Mara Salvatrucha', a las que se le atribuye el incremento de los hechos de violencia en los últimos dos años en San Juan Cotzal y sus alrededores.
Tras ser detenidos, los pandilleros fueron llevados a la plaza del pueblo, en donde, frente a cientos de pobladores, confesaron sus múltiples crímenes, pidieron "perdón" por el daño causado y delataron a sus cómplices.
"No sabemos si el crimen organizado está detrás de ellos, pero la población decidió tomar las riendas del problema y no permitir más desmanes", precisó Pérez Chen.
Los pandilleros admitieron haber participado en crímenes que van desde asaltos, extorsiones y amenazas, hasta violaciones y asesinatos. Luego de escuchar a los acusados, y tras deliberar durante varios minutos, los pobladores, en base al derecho consuetudinario indígena, condenaron a los pandilleros a 18 días de 'trabajos forzados'.
Durante ese tiempo, los detenidos, que permanecerán en la vieja cárcel del pueblo bajo supervisión de la Junta Local de Seguridad, deberán cargar, cada uno, unas cien libras (45,4 kilos) de piedra en trayectos de 50 metros.
La ausencia de fuerzas de seguridad y de los tribunales en las comunidades más alejadas del país ha llevado a los pobladores a tomar la justicia por sus propias manos. En casos afortunados como este, los vecinos deliberan y acuerdan sentencian de 'carácter moral' en contra de los supuestos delincuentes, pero en los más desafortunados, los pobladores optan por linchar a los acusados.
Pérez Chen espera que el próximo año el presidente Álvaro Colom cumpla con la promesa que les hizo meses atrás, de instalar en esa población un destacamento militar, confiado en que la presencia del Ejército disuadirá a los delincuentes.
"No pretendemos matarlos, pero sí hacerlos entrar en razón para que no sigan perjudicando a las personas honradas", declaró hoy a medios locales José Pérez Chen, alcalde de San Juan Cotzal, un pueblo ubicado a unos 210 kilómetros al noroeste del país.
Pérez Chen preside la Junta Local de Seguridad de esa población, la cual se encarga de brindar seguridad en ese lugar, en donde la comisaria de la Policía Nacional Civil (PNC) apenas cuenta con tres agentes.
Los integrantes de esa junta capturaron ayer a 20 jóvenes miembros de las temidas 'Mara 18' y 'Mara Salvatrucha', a las que se le atribuye el incremento de los hechos de violencia en los últimos dos años en San Juan Cotzal y sus alrededores.
Tras ser detenidos, los pandilleros fueron llevados a la plaza del pueblo, en donde, frente a cientos de pobladores, confesaron sus múltiples crímenes, pidieron "perdón" por el daño causado y delataron a sus cómplices.
"No sabemos si el crimen organizado está detrás de ellos, pero la población decidió tomar las riendas del problema y no permitir más desmanes", precisó Pérez Chen.
Los pandilleros admitieron haber participado en crímenes que van desde asaltos, extorsiones y amenazas, hasta violaciones y asesinatos. Luego de escuchar a los acusados, y tras deliberar durante varios minutos, los pobladores, en base al derecho consuetudinario indígena, condenaron a los pandilleros a 18 días de 'trabajos forzados'.
Durante ese tiempo, los detenidos, que permanecerán en la vieja cárcel del pueblo bajo supervisión de la Junta Local de Seguridad, deberán cargar, cada uno, unas cien libras (45,4 kilos) de piedra en trayectos de 50 metros.
La ausencia de fuerzas de seguridad y de los tribunales en las comunidades más alejadas del país ha llevado a los pobladores a tomar la justicia por sus propias manos. En casos afortunados como este, los vecinos deliberan y acuerdan sentencian de 'carácter moral' en contra de los supuestos delincuentes, pero en los más desafortunados, los pobladores optan por linchar a los acusados.
Pérez Chen espera que el próximo año el presidente Álvaro Colom cumpla con la promesa que les hizo meses atrás, de instalar en esa población un destacamento militar, confiado en que la presencia del Ejército disuadirá a los delincuentes.