Al menos 141 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua se encuentran en las cárceles del país centroamericano, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De las 141 personas reconocidas como presas políticas hasta el 31 de mayo pasado, 23 son mujeres y 118 hombres (incluyendo diez detenidos previo a la crisis de 2018), precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el informe, 18 son adultos mayores que se encuentran en condiciones inhumanas, sin que se les respeten sus derechos humanos, advirtió el Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, además de abogados defensores.
En general, según ese organismo, se reportan casos donde se sigue negando el acceso a salud de calidad y tratamientos médicos adecuados según las necesidades de cada persona.
También que persiste la baja calidad en los alimentos suministrados, así como el agua contaminada.
Asimismo, ese organismo denunció que tres presos políticos se encuentran en estado de desaparición forzada, sin información proporcionada por las autoridades policiales sobre su situación legal o física, y que sus familiares no han logrado prueba de vida.
La lista de “presos políticos” incluye a los exdiputados indígenas miskitos nicaragüenses Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez James; el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “traición a la patria”.
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