Un operativo militar, llevado a cabo el pasado 2 de septiembre, entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), guerrilla de ese país, ha desatado uno de los temblores sociales y políticos en Paraguay más importantes en los años recientes. La cruel muerte de dos niñas de 11 de años que se encontraban en el choque armado abrió debates, heridas y contradicciones que la sociedad paraguaya no parece estar dispuesta a aceptar. Ahora clama por respuestas tanto del gobierno como del grupo guerrillero.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Lo primero que llama la atención es la brutalidad con la que los agentes de la FTC, un organismo creado especialmente para combatir a la guerrilla, nacida en 2008, pues nadie se explica cómo se pasó por alto la vida de las menores. También fue duramente cuestionado el manejo de información posterior al hecho. Según el informe oficial, por el protocolo sanitario por la pandemia de COVID-19, los cuerpos de las niñas fueron enterrados al día siguiente y en un primer momento se dijo que tenían 15 y 17 años, de acuerdo con un examen forense de urgencia.
Las denuncias contra esta fuerza especial no son nuevas, de hecho, el informe Topáke violencia nórtepe, financiado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip) y por la organización Diakonía, asegura que tres asesinatos tomados en cuenta para el estudio, ocurridos entre 2013 y 2014, clasificaron para ser considerados como ejecuciones extrajudiciales, es decir, “homicidios de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen”, según el derecho internacional humanitario.
Tuvo que ser el gobierno argentino el que comunicara al día siguiente que las víctimas tenían en realidad 11 años y que su nacionalidad era de ese país, por lo que exigió respuestas al gobierno paraguayo. El dato de la edad fue verificado el pasado sábado, cuando la Fiscalía guaraní ordenó la exhumación de los cuerpos y su traslado a Asunción para un segundo examen forense, en el que se ratificó la edad señalada por la Cancillería de Argentina. Así, el “éxito” del operativo, como lo anunció el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se vio empañado y reducido a poco.
Tanto así, que parte de la población le dio la espalda y decidió mostrar su rechazo a la FTC en una manifestación realizada esta semana en Asunción. “Vándalos de la patria”; “Q.E.P.D. Paraguay 1954”, en alusión a la fecha en la que comenzó la dictadura de Alfredo Stroessner, y “FTC: 14 millones de dólares, 2 niñas muertas”, se leyó en algunas pancartas. El gobierno se defendió y condenó “la práctica de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en operaciones armadas del EPP”.
Además, aseguró que hay más niños y adolescentes en filas del grupo guerrillero y pidió ayuda a Argentina para aclarar la presencia de las fallecidas en el campamento insurgente. Desde el país vecino se afirma que, a pesar de que las niñas tenían padres paraguayos -algunos incluso señalan que eran hijas de cabecillas del EPP- pudieron haber crecido en Argentina.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Juan Alberto Martens, profesor de la Universidad Nacional de Pilar (Paraguay) e investigador del Consejo Nacional de Ciencias, el hecho solo beneficia al grupo guerrillero: “No es que al EPP le odien en el campo de forma unánime. Lo que nosotros venimos sosteniendo es que estos abusos del Estado fortalecen el discurso del EPP, de que el Estado está solamente para proteger los intereses de una oligarquía”, afirmó a El Espectador.
El EPP, bajo perfil con golpes contundentes
El grupo armado, que se declara marxista leninista y opera desde 2008 en el departamento de Concepción, al norte del país, está compuesto por unas 40 a 50 personas. Se le atribuyen medio centenar de muertes, entre ganaderos, policías, militares y campesinos. Eduardo Olivares, editor general del medio Pauta, aseguró: “Este es un grupo con células dormidas, como que no se sabe qué están haciendo y no tienen muchos integrantes, se habla de un centenar, pero se mezclan en la población, se camuflan del punto de vista social”.
Como explica Martens, si bien nunca ha tenido gran capacidad de acción, actualmente el grupo armado tiene líderes visibles en prisión y en el campo. “Carmen Villalba sigue siendo la principal vocera recluida en la cárcel de Mujeres y Osvaldo Villalba y Magna Meza se encuentran en el campo”.
Además, Martens afirma en uno de sus estudios que su nacimiento “modificó la política criminal de Paraguay, tanto en su fase formulativa como configurativa, militarizando de manera permanente, desde agosto 2013, los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”. Una de sus principales denuncias se basa en la concentración de tierras en Paraguay. Según un informe de 2016 de la Oxfam, el 90 % del territorio cultivable del país está en manos de 12 mil propietarios.
Sin embargo, también han dado golpes importantes, que les han valido la categoría de grupo terrorista por el gobierno guaraní. Especialmente recordado es el brutal asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-99). Tenía 31 años cuando la secuestraron el 21 de septiembre de 2004, cerca de su residencia de San Lorenzo, en los alrededores de Asunción, y su cuerpo fue hallado el 16 de febrero de 2005 en una fosa cavada en una casa abandonada de las afueras de la capital.
El caso es recordado en Colombia porque la Fiscalía de Paraguay ha imputado a diferentes dirigentes de la exguerrila de las Farc como Rodrigo Granda y Orley Jurado Palomino por su presunta implicación en el secuestro de Cubas.
