Parlamento venezolano negará decreto de emergencia económica de Maduro
El decreto de emergencia económica es cuestionado por la oposición, industriales y sindicatos, que alegan que amenaza la propiedad y la empresa privada y destruye el poder adquisitivo.
AFP
El Parlamento venezolano, dominado por la oposición, rechazará este viernes el decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro, alegando que los ministros no suministraron la información necesaria para sustentar la solicitud del Ejecutivo.
"¿Cómo puede votarse afirmativamente un decreto donde ni siquiera el gobierno suministra la eventual información que podría favorecerlo?" manifestó con cierto estupor el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, en una entrevista con CNN en Español la noche del jueves, tras la negativa de los ministros de ser interpelados por los diputados en presencia de los medios de comunicación.
El legislador considera que "sería totalmente irresponsable de parte de la Asamblea Nacional aprobar un decreto de esa magnitud, de esa envergadura, de esas implicaciones, a ciegas, sin información ninguna por renuencia del propio gobierno de suministrarla".
No obstante, afirmó que Ejecutivo y Legislativo acordaron que se mantendrán los contactos en caso de que sea requerida de nuevo la información de la situación económica del país.
El decreto de emergencia económica dictado por Maduro es cuestionado por la oposición, industriales y sindicatos, que alegan que amenaza la propiedad y la empresa privada, destruye el poder adquisitivo, compromete el empleo y mantiene políticas que han conducido al país a la actual crisis.
Venezuela tuvo una inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, cifra oficial apenas conocida la semana pasada puesto que el gobierno decidió no divulgar la mayoría de los indicadores económicos durante el año pasado.
Aunado al aumento del costo de vida, la economía siguió hundida en una recesión que significó un retroceso de 4,5% en el PIB entre enero y septiembre del año pasado (oficial), y con un déficit público de 20% del PIB para el año según estimaciones privadas.
Según el gobierno, el decreto permitirá atender áreas como salud, educación, vivienda y alimentación, y promover acuerdos con el sector privado, mientras se inicia la transición desde un "modelo rentístico agotado" dependiente del petróleo, a un modelo productivo.
Maduro se había comprometido la pasada semana, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea, a que los ministros responderían a los legisladores.
La inasistencia se conoció a pocos minutos de que iniciara la sesión especial, cuando el mismo Ramos Allup anunció que el vicepresidente Aristóbulo Istúriz le había informado sobre la ausencia de los representantes del Ejecutivo, que serían sometidos a un procedimiento disciplinario por desacato.
Posteriormente, reunido en el palacio de gobierno con esos funcionarios, Istúriz manifestó que la mayoría opositora en la cámara pretende "montar un show mediático", y defendió la postura del chavismo alegando que "hay información que es de Estado" y "no puede ser dilucidada públicamente".
Istúriz invitó a los diputados a una reunión en la Vicepresidencia este viernes para "conversar de manera franca" y "entregarles la información", pero esto fue "rotúndamente negado" y rechazado por la oposición, dijo el presidente del Parlamento.
"Mas de lo mismo"
Admitiendo que la situación es "catastrófica", Maduro decretó una emergencia económica por 60 días que ya había sido validada por el Tribunal Supremo de Justicia.
El mandatario había dicho el martes en una reunión con empresarios que esperaba que el decreto "sea aprobado por unanimidad (...) y que la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta".
Con un modelo estatista y dependiente históricamente de la renta petrolera, Venezuela enfrenta una crisis desde 2013 que se agravó por el desplome de los precios del crudo, generador del 96% de sus divisas.
La caída de los ingresos ha provocado la acumulación de deudas comerciales por unos 12.000 millones de dolares y escasez de productos básicos, además de un malestar social que se tradujo, según analistas, en un "voto castigo" contra el chavismo en las legislativas del 6 de diciembre por una ciudadanía hastiada de las colas en los comercios.
Aunque ha expresado su compromiso de ayudar al gobierno a solventar la crisis, la oposición cuestionó el decreto por considerar que abre la puerta a nuevas expropiaciones, lo que "aleja la inversión" y establece un "corralito" sobre el devaluado bolívar.
La oposición considera que el gobierno debe revertir el férreo control de precios de productos altamente subsidiados y unificar los tres tipos de cambio, que conviven con un paralelo 145 veces más alto que la menor tasa oficial, reservada a la importación de alimentos y medicinas.
"Es más de lo mismo, no hay nada nuevo", afirmó Ramos Allup, quien dijo el jueves temprano que el gobierno colocó a la oposición en una disyuntiva: "si aprobamos el decreto, estamos compartiendo culpas que no son nuestras sino del Ejecutivo; y si no aprobamos, es la excusa perfecta del gobierno para decir que no resolvió la crisis porque la Asamblea no aprobó el decreto".
El Parlamento venezolano, dominado por la oposición, rechazará este viernes el decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro, alegando que los ministros no suministraron la información necesaria para sustentar la solicitud del Ejecutivo.
"¿Cómo puede votarse afirmativamente un decreto donde ni siquiera el gobierno suministra la eventual información que podría favorecerlo?" manifestó con cierto estupor el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, en una entrevista con CNN en Español la noche del jueves, tras la negativa de los ministros de ser interpelados por los diputados en presencia de los medios de comunicación.
El legislador considera que "sería totalmente irresponsable de parte de la Asamblea Nacional aprobar un decreto de esa magnitud, de esa envergadura, de esas implicaciones, a ciegas, sin información ninguna por renuencia del propio gobierno de suministrarla".
No obstante, afirmó que Ejecutivo y Legislativo acordaron que se mantendrán los contactos en caso de que sea requerida de nuevo la información de la situación económica del país.
El decreto de emergencia económica dictado por Maduro es cuestionado por la oposición, industriales y sindicatos, que alegan que amenaza la propiedad y la empresa privada, destruye el poder adquisitivo, compromete el empleo y mantiene políticas que han conducido al país a la actual crisis.
Venezuela tuvo una inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, cifra oficial apenas conocida la semana pasada puesto que el gobierno decidió no divulgar la mayoría de los indicadores económicos durante el año pasado.
Aunado al aumento del costo de vida, la economía siguió hundida en una recesión que significó un retroceso de 4,5% en el PIB entre enero y septiembre del año pasado (oficial), y con un déficit público de 20% del PIB para el año según estimaciones privadas.
Según el gobierno, el decreto permitirá atender áreas como salud, educación, vivienda y alimentación, y promover acuerdos con el sector privado, mientras se inicia la transición desde un "modelo rentístico agotado" dependiente del petróleo, a un modelo productivo.
Maduro se había comprometido la pasada semana, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea, a que los ministros responderían a los legisladores.
La inasistencia se conoció a pocos minutos de que iniciara la sesión especial, cuando el mismo Ramos Allup anunció que el vicepresidente Aristóbulo Istúriz le había informado sobre la ausencia de los representantes del Ejecutivo, que serían sometidos a un procedimiento disciplinario por desacato.
Posteriormente, reunido en el palacio de gobierno con esos funcionarios, Istúriz manifestó que la mayoría opositora en la cámara pretende "montar un show mediático", y defendió la postura del chavismo alegando que "hay información que es de Estado" y "no puede ser dilucidada públicamente".
Istúriz invitó a los diputados a una reunión en la Vicepresidencia este viernes para "conversar de manera franca" y "entregarles la información", pero esto fue "rotúndamente negado" y rechazado por la oposición, dijo el presidente del Parlamento.
"Mas de lo mismo"
Admitiendo que la situación es "catastrófica", Maduro decretó una emergencia económica por 60 días que ya había sido validada por el Tribunal Supremo de Justicia.
El mandatario había dicho el martes en una reunión con empresarios que esperaba que el decreto "sea aprobado por unanimidad (...) y que la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta".
Con un modelo estatista y dependiente históricamente de la renta petrolera, Venezuela enfrenta una crisis desde 2013 que se agravó por el desplome de los precios del crudo, generador del 96% de sus divisas.
La caída de los ingresos ha provocado la acumulación de deudas comerciales por unos 12.000 millones de dolares y escasez de productos básicos, además de un malestar social que se tradujo, según analistas, en un "voto castigo" contra el chavismo en las legislativas del 6 de diciembre por una ciudadanía hastiada de las colas en los comercios.
Aunque ha expresado su compromiso de ayudar al gobierno a solventar la crisis, la oposición cuestionó el decreto por considerar que abre la puerta a nuevas expropiaciones, lo que "aleja la inversión" y establece un "corralito" sobre el devaluado bolívar.
La oposición considera que el gobierno debe revertir el férreo control de precios de productos altamente subsidiados y unificar los tres tipos de cambio, que conviven con un paralelo 145 veces más alto que la menor tasa oficial, reservada a la importación de alimentos y medicinas.
"Es más de lo mismo, no hay nada nuevo", afirmó Ramos Allup, quien dijo el jueves temprano que el gobierno colocó a la oposición en una disyuntiva: "si aprobamos el decreto, estamos compartiendo culpas que no son nuestras sino del Ejecutivo; y si no aprobamos, es la excusa perfecta del gobierno para decir que no resolvió la crisis porque la Asamblea no aprobó el decreto".