Los hechos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en los que desaparecieron en la ciudad de Iguala (México, estado de Guerrero) 43 estudiantes y murieron otros seis de la Escuela Normal de Ayotzinapa, se han convertido en un caso emblemático en la justicia mexicana, que aún está por resolverse. Aunque la versión oficial de la Procuraduría General de la República intentó cerrar el tema con una versión según la cual los estudiantes fueron entregados por la Policía Municipal al cartel Guerreros Unidos y luego incinerados en el basurero de Cocula, en los casi doce meses que han pasado desde la tragedia se ha hecho evidente que a esa versión oficial le falta una pata. Ahora, una revelación del diario español El País muestra que el Ejército supo de los hechos, los presenció y no actuó para evitarlos.
La información aparece poco después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegurara en un reciente informe que los estudiantes podrían no haber sido incinerados en el basurero de Cocula, aunque coincidió con la investigación de la Procuraduría en que el entonces alcalde José Luis Abarca y su entorno de narcotráfico fueron responsables de la agresión.
El GIEI, además, ya había manifestado la existencia de impedimentos para realizar su investigación. Por ejemplo, se le ha negado la posibilidad de entrevistar a los integrantes del 27 Batallón, instalado en Iguala, que supieron del ataque a los 43 normalistas. En todo caso, el grupo de expertos mencionó que “ninguna fuerza del Estado que tuvo conocimiento de los hechos actuó en protección de los normalistas”.
El País parece haber encontrado una explicación para que se impidan las entrevistas directas con los efectivos del Ejército. Resulta que la cacería de estudiantes se dio bajo el conocimiento y la pasividad de las fuerzas militares. Más específicamente, según el artículo de El País, el 27 Batallón de Infantería –el mismo que el GIEI quiere entrevistar–, destacado en Iguala, y su cuartel general, en Chilpancingo, recibieron información de lo que sucedía, pero se limitaron a contemplar la tragedia. El artículo escrito por Juan Martínez Ahrens asegura que “el Ejército mantuvo la distancia y dejó que la Policía Municipal, un apéndice del narco, apresase a los jóvenes”.
Las declaraciones obtenidas por el diario español son las que el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota dieron a la Procuraduría General de la República y muestran el conocimiento que tuvo la inteligencia militar sobre los hechos. Mientras la Policía Municipal, al servicio del cartel de Guerreros Unidos, emprendía la persecución contra los estudiantes, oficiales del Ejército estaban bien enterados de lo que sucedía. La recopilación hecha por El País indica que la información partió de un sistema denominado C-4, que estaba encargado de la coordinación de seguridad y en el que también participaba la policía estatal y federal. “Allí, un sargento mantenía al tanto al oficial de inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández”.
El teniente Joel Gálvez aseguró haber recibido órdenes de su superior de acercarse al lugar donde la Policía Municipal acorralaba y lanzaba gases lacrimógenos contra los buses de los normalistas. Allí tomó fotos y regresó a su batallón tras recibir órdenes de no acercarse demasiado. En adelante, los militares patrullaron algunos puntos críticos y por el camino encontraron cadáveres “a los que ni siquiera se acercaron”, entre estos los de tres acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la Policía Municipal confundió con normalistas, y el de Julio César Mondragón, un estudiante que hallaron en la madrugada del 27 de septiembre con el rostro desollado y sin ojos.
La pasividad de los militares frente a semejante tragedia es un agravante en cuanto a la posible participación del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes, aunque el exprocurador Jesús Murillo Karam y otros funcionarios aleguen que las fuerzas militares sólo pueden actuar cuando lo solicite la autoridad civil, solicitud que no fue realizada.
Así, México descubre otro escabroso episodio de la tragedia de Iguala, mientras que los padres de los jóvenes desaparecidos siguen exigiendo al gobierno una respuesta consistente sobre el paradero de sus hijos. Justo esta semana está programado un encuentro entre las familias de los desaparecidos y el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha reiterado que el “caso sigue abierto”.
Por Redacción Internacional
