Peor el remedio que la enfermedad

Una mafia dedicada a la falsificación y distribución de medicamentos vencidos tiene en vilo a Argentina. Cada vez son más los implicados y más conocidos los nombres de las personas que se ven envueltas dentro de esta investigación. Como un ovillo cuya punta apenas comienza a desenredarse, las pesquisas contra esta organización delictiva han vinculado tanto a funcionarios del gobierno como a miembros del cartel colombiano de la Cordillera, e incluso salpicarían a la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La historia se remonta a noviembre de 2004, cuando Luciana Jiménez, embarazada de cinco meses y con dos hijos a su cargo, murió inexplicablemente en una pequeña población de la provincia de Entre Ríos, en el nororiente argentino, tras recibir una dosis de yectafer, un medicamento usado para tratar la anemia y para compensar la falta de hierro en el organismo durante la gestación. Tras recibir la última dosis, comenzó a vomitar y perdió rápidamente el conocimiento. Fue trasladada de urgencia a Buenos Aires, pero falleció.

Un mes después el caso se repetiría casi de la misma forma. Verónica Díaz, de 22 años, murió tras seguir un tratamiento por anemia. Según la autopsia, una falla hepática había sido la causa de su fallecimiento. En ese entonces se pudo establecer que un lote de 3.000 ampolletas del medicamento falsificado habían sido distribuidas en toda la provincia, las cuales cobrarían la muerte de otras tres mujeres en el término de un año.

Desde entonces, la investigación había avanzado a paso lento. Hasta esta semana, en que en 19 allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires y en algunos barrios de la capital argentina se incautó una gran cantidad de medicamentos vencidos y químicos utilizados para la falsificación de los remedios. El material encontrado pertenecía a un hombre que desde hace varios años ha estado inmerso en varias causas judiciales y que tendría tras de sí una organización que la misma ex ministra de salud de la provincia, Graciela Ocaña, ha acertado en llamar la “mafia de los medicamentos”.

Se trata de quien sería el líder de esta organización, Néstor Osvaldo Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, cuyas llamadas con el ex subsecretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alberto Costa, interceptadas hace un par de meses, lograron que la investigación redirigiera su cauce. En pleno invierno, cuando el pico de la gripe A se encontraba en lo más alto en Argentina, Lorenzo habría llamado a Costa para ofrecerle fabricar el antiviral oseltavimir, para abastecer al gobierno provincial, a un cómodo precio, y dejándole ganancias al mismo subsecretario.

Tras los hechos dados a conocer por el juez Norberto Oyarbide, el ministro de Salud retiró de su cargo a Costa. Luego de más pesquisas, tanto el juez como el fiscal pondrían sus ojos sobre otro hombre muy cercano al matrimonio Kirchner: el sindicalista Juan José Zanola, presidente del gremio de los bancarios, y cuya mujer, Paula Aballay, dirige la empresa de salud vinculada al sindicato La Bancaria, que fue allanada el viernes en la tarde por las autoridades.

Zanola habría contratado a Lorenzo para que éste abasteciera de remedios oncológicos y para hemofilia, de alto costo, a la empresa de salud. Sin embargo, éste no se conformaría con venderle a la empresa medicamentos robados y adulterados. También facturaba por medicamentos oncológicos, de un alto valor, que nunca eran entregados.

La conexión colombiana

Lo curioso del caso es que no es la primera vez que los nombres de Zanola y Lorenzo están vinculados a un caso judicial. Varias veces sus nombres han aparecido en las investigaciones por el crimen de empresarios farmacéuticos, relacionados con el tráfico de efedrina hacia México.

La droguería San Javier, propiedad de Lorenzo, compraba varios de sus medicamentos a dos farmacias: Farmagroup, de Damián Ferrón y Baires Med, de Sebastián Forza. Los cuerpos de Ferrón y Forza fueron encontrados sin vida el 13 de agosto del año pasado, el mismo día que La Bancaria firmara con Lozano el fidecomiso para poder vender los medicamentos al sindicato de Zanola. Lorenzo habría denunciado a Forza por la venta de medicamentos adulterados y éste, según declaraciones de su viuda, se habría retirado del negocio, meses antes de su muerte.

Y es que según relata un testigo del caso, la relación comercial entre Forza y Lorenzo no era del todo cordial, pues las ventas de remedios por parte de Forza habían hecho peligrar el negocio millonario acordado por Lorenzo desde hacía tiempo con la Obra Social Bancaria.

El fiscal Juan Manuel Bidone, quien investiga el crimen, sostiene que el disparador de los homicidios fue la efedrina y, casi seguro, la provisión de ese precursor de drogas sintéticas a narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, para importar la efedrina desde la India y China se utilizaron droguerías que habían sido armadas para comercializar medicamentos falsos, inexistentes o robados.

La presidencia enferma

Para terminar de enredar esta madeja, Lorenzo aparece involucrado igualmente con la financiación de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos en 2007. Durante los allanamientos a su domicilio se encontraron una serie de facturas que demuestran los aportes que se hicieron a la campaña y que sumarían más de US$250.000.

Según se conoció preliminarmente, Forza habría aportado otros US$50.000 para la misma campaña. Sin embargo, trascendió que éste habría declarado antes de su muerte que los cheques, que él había entregado en blanco a Lorenzo, habían sido firmados por éste mismo, para garantizar que su nombre no apareciera vinculado con el gobierno.

Sin embargo, la sospecha principal radica en que según las declaraciones de impuestos, ni Forza ni Lorenzo tendrían el suficiente dinero para hacer los aportes que hicieron, por lo que también se revisa si los fondos provenían de los mismos sindicatos para los que trabajaban.

Es por esta razón que probablemente se llame también a indagatoria en la próxima semana a Héctor Capaccioli, quien trabajara como recaudador de la campaña presidencial y que coincidencialmente asumiera también como superintendente del Servicio de Salud, cargo del cual después sería retirado.

El juez Oyarbide estudia llamar a declarar también al actual ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, pues existen evidencias de que los tentáculos de esta mafia actúan en la mayoría de sindicatos del país.

Entre tanto, las autoridades investigan el alcance que tuvieron los medicamentos falsificados que se alcanzaron a entregar, pues según un testigo que trabajaba en el Policlínico de La Bancaria, más de una muerte dentro del hospital del sindicato se debió a la adulteración de dichos remedios. “Era el único hospital donde los medicamentos oncológicos no hacían que se cayera el pelo”, describe de forma concluyente.

Hasta por internet

La industria farmacéutica mueve cerca de US$200.000 millones al año, más que la venta de armas o las telecomunicaciones. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) informó que la facturación de este sector creció 25% durante el primer semestre del año. Por su parte, las autoridades sostienen que existe un mercado paralelo que mueve más de US$500 millones anuales y que se consiguen medicamentos oncológicos por internet. Además, el presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Químicos, Marcelo Peretta, aseguró que en el país hay aproximadamente 500 droguerías, de las cuales 300 se crearon en los últimos años. “Muchas de estas nuevas droguerías que se crearon estaban destinadas a este mercado paralelo”, manifestó Peretta. Asimismo, explicó que el mercado de remedios no debe ser mayor al 10%, pues la mafia se mete con los medicamentos costosos.