En la década de los 80, Mijaíl Gorbachov vio el agotamiento del modelo soviético y la incapacidad para suministrar los bienes que la población rusa necesitaba. Implementó, entonces, una apertura que buscaba modernizar una economía estancada mediante cierta descentralización e introducción limitada de mecanismos de mercado.
Y así, después de dar mayor autonomía a las empresas estatales, abrió espacios para pequeñas iniciativas privadas. También se dio mayor libertad de expresión, acceso a información antes censurada y debate público sobre los problemas de la decadente URSS.
Era un modelo inédito que buscaba hacer más eficiente el sistema económico y aumentar la participación ciudadana y la transparencia gubernamental. Paradójicamente, ambas reformas contribuyeron al debilitamiento del sistema soviético.
Ese conjunto de reformas económicas y políticas, conocido como perestroika, no logró resolver los problemas económicos, mientras que la glásnost, una política cuyo objetivo era reformar el sistema soviético eliminando la estricta censura y permitiendo la libertad de expresión, el debate público y el acceso a la información, hizo posible expresar críticas acumuladas durante décadas de persecución de los críticos del régimen.
La combinación de crisis económica, demandas democráticas y movimientos nacionalistas aceleró la desintegración de la Unión Soviética en 1991, a la que le sobrevino un periodo de gran inestabilidad social y política.
Sin embargo, este giro al mercado internacional y a la democracia liberal fue visto por los líderes de China y Vietnam como un error, porque abrió simultáneamente la economía y la política. Al contrario, estas naciones asiáticas impulsaron reformas económicas profundas (con una inversión privada limitada, mercados competitivos, exportaciones y creación de riqueza privada) pero mantuvieron un sistema de partido único, control de medios de comunicación, supervisión de organizaciones sociales y restricciones a la oposición política. Es lo que en términos politológicos se ha denominado autoritarismo de mercado o capitalismo de Estado autoritario.
Esto viene a cuento esto porque, en los últimos meses, ante la presión de la administración Trump y la seria dificultad económica, hemos asistido a diversas declaraciones de las élites políticas de Venezuela y Cuba ofreciendo, de manera general, abrir espacios al sector privado a través de las pequeñas y medianas empresas para estimular nuevas dinámicas de mercado.
Al parecer, estos liderazgos con vocación autocrática pretenden aprender, quizá a destiempo, de China y Vietnam, siguiendo la lógica del karate de que la mejor defensa es un buen ataque, a través de una reforma económica que busca mantener el monopolio político y evitar a toda costa un glásnost que puede desencadenar en una crisis de régimen.
Es una apuesta por que la prosperidad económica genere una estabilidad y una legitimidad que ahora no se tienen por un modelo político económico que generó grandes bolsas de pobreza y que tiene como principal enemigo el tiempo.
Sin embargo, si bien es de aplaudir este esfuerzo de adaptación a la nueva situación geopolítica, Cuba no tiene las ventajas que tuvieron China y Vietnam; al contrario, cuenta con un mercado interno pequeño, con escasa inversión extranjera, con envejecimiento poblacional, con emigración masiva y con restricciones externas.
En el caso de Venezuela, el fenómeno parece improvisado, ya que no hubo durante el mejor momento del chavismo un gran programa de reformas económicas como sí sucedió en China desde el gobierno de Deng Xiaoping. Más bien ocurrió una adaptación pragmática consistente en una dolarización informal, mayor tolerancia a negocios privados, menos controles económicos y menor intervención directa en algunos mercados.
En este país sudamericano no hubo una transformación institucional profunda. Esto significó una liberalización económica defensiva donde se abre la economía para aliviar la crisis, pero sin alterar sustancialmente la estructura del poder político, hasta antes de la detención y extradición de Nicolás Maduro, el mismo que está en serios problemas de equilibrio.
Este escenario permite plantear una pregunta fundamental para países autocráticos de izquierda como Cuba y Venezuela ante la presión que ejerce Estados Unidos: ¿puede existir una economía relativamente abierta bajo un régimen políticamente cerrado?
En los ya lejanos años 90 muchos pensaban que no, que era un sueño guajiro, que se necesitaba abrir para jugar con las reglas del mercado internacional. Y los más optimistas estaban convencidos de que el crecimiento económico inevitablemente produciría democracia.
Un caso cercano es el de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que promovió la liberalización económica sin alterar el régimen político. Y esto al final tronó. La democratización del país avanzó aceleradamente hasta la alternancia presidencial de 2000, dando término al largo periodo priísta.
Sin embargo, la experiencia de China, Vietnam y Singapur que no hay que perder de vista muestra que un régimen puede combinar crecimiento económico, autocracia, control político y estabilidad prolongada con la subsecuente legitimidad política que da un Estado capaz de generar satisfactores para su población. Vamos, que se puede tener apoyo social y legitimidad sin democracia.
La pregunta es si los líderes de Venezuela y Cuba, bajo la supervisión de Estados Unidos, serán capaces de lograr los mismos resultados con las incipientes reformas que, como ya decíamos, tienen como mayor enemigo el tiempo, que seguramente las oposiciones sociales y políticas buscarán aprovechar para ampliar las libertades conculcadas durante décadas.
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Por Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21
