Persiguiendo a la guerrilla misteriosa

Durante 30 días, la zona norte de Paraguay ha sido escenario de un inusitado despliegue de tres mil y pico de soldados y policías que han patrullado poblaciones y campos, en busca de los presuntos dirigentes de una de las guerrillas más desconocidas, extrañas y pequeñas de América Latina.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), acusado de matar a un humilde policía y a tres guardias de seguridad de una hacienda (o tres matones, según otras fuentes) y de planear nuevos secuestros de ricos ganaderos (en 2008 raptó a Luis Lindstron y en 2009, a Fidel Zavala) provocó la alarma y el miedo entre los poderosos de la región y llevó al presidente Fernando Lugo a declarar el estado de excepción en cuatro departamentos del país.

La singular medida finalizó el 24 de mayo, sin que, como era previsible, dada la enorme extensión del terreno a cubrir y la minúscula envergadura del grupo perseguido (no más de 20 personas, según fuentes oficiales), pudiera cumplir sus objetivos. Hubo más de un centenar de detenciones, pero solo una tuvo algo que ver, indirectamente, con el EPP. El resto fueron delincuentes comunes arrestados porque no pudieron, o supieron, ocultarse a tiempo.

El EPP, al que se atribuyen algunas acciones violentas desde 1997, pero que se hizo realmente presente a partir de 2001 con cuatro secuestros en ocho años, uno de los cuales finalizó con la muerte de una mujer (hija de un ex presidente), es un verdadero misterio. Para unos, se trata del embrión de una guerrilla que terminará echando raíces en un territorio abrumado por la brutalidad de los hacendados, la práctica ausencia de los poderes del Estado y la pobreza extrema de los campesinos. Para otros, un pequeño grupo criminal, que lanza de vez en cuando confusos mensajes políticos, pero que no se plantea realmente la toma del poder ni el cambio de la sociedad paraguaya.

El ministro del Interior, Rafael Filizzola, es un joven abogado que ayudó a llevar al poder en 2008 a Fernando Lugo (un obispo católico retirado), y que consiguió acabar con más de 60 años de dominio del Partido Colorado. En su pequeño despacho en Asunción, Filizzola mantiene que el EPP “tuvo seguramente en su momento objetivos políticos”. “De hecho algunos de sus integrantes se escindieron de un partido de izquierda para defender la lucha armada y otros proceden de movimientos sociales relacionados con la iglesia, pero, en la actualidad, el EPP tiene ni envergadura ni programa como para ser definido como una guerrilla”, explica.

Una de sus principales dirigentes, Carmen Villalba detenida por el secuestro de María Edith de Debernardi, una de las grandes fortunas del país, reivindica desde la prisión “el derecho a la defensa, incluso por medios violentos”. “¿Qué más violencia que la que ejercen los matones en las haciendas contra campesinos indefensos a los que expropian de todo?”, declaró en una conferencia de prensa que dio en 2008, desde la misma prisión.

“Es posible que mensajes como ese provoquen simpatía en una zona que ha sido relegada por el Estado, que tiene grandes carencias de comunicación, en la que hay enormes estancias de hasta 20.000 hectáreas y en las que las organizaciones campesinas denuncian habitualmente abusos”, acepta el ministro. “No sabemos con precisión cuántos simpatizantes puede tener el EPP, pero lo que importa es que es un grupo criminal que opera en una zona en la que es usual el tráfico de drogas y de armas. Nosotros nos lo tomamos muy en serio, porque son peligrosos. No pueden poner en peligro la estabilidad de las instituciones pero sí la vida de personas y aumentan la inseguridad en una zona que ya es proclive al crimen organizado”.

El ministro resalta que durante los 30 días de estado de excepción “no ha habido denuncias por violación de los derechos humanos”. “El tema es muy sensible para nosotros. Sabemos que tenemos problemas en las cárceles y en las comisarías, pero estamos trabajando muy seriamente. No estamos satisfechos con los resultados, pero es un asunto absolutamente prioritario para nosotros y a veces se acusa sin razón a las fuerzas policiales”, insiste.

Resulta difícil comprender que combatir contra un grupo tan pequeño requiera un despliegue tan grande de medios. No es un secreto para nadie en Asunción que el ministro no era partidario de declarar el estado de excepción. Más aún, muchos creen que el propio presidente Lugo se vio obligado a proclamarlo para impedir que el Congreso, en el que no tiene mayoría, tomara esa decisión por su cuenta y le pusiera un plazo para detener a los máximos responsables del EPP, algo de imposible cumplimiento.

De hecho, al finalizar el estado de excepción, los militares no han vuelto completamente a sus cuarteles sino que unos centenares se han quedado en la zona para reforzar la presencia del Estado, tranquilizar a los hacendados y dar más respaldo a las fuerzas de seguridad. “Para este tipo de trabajo, todos sabemos que lo fundamental la labor de inteligencia, como en los asuntos del narcotráfico”, asegura Filizzola.

Paraguay se convirtió en uno de los mayores exportadores de marihuana del mundo bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner y tiene una larga tradición de militares, políticos y poderes del estado dedicados a dar protección a narcotraficantes. El gobierno de Lugo no recibe, sin embargo, ayuda significativa para luchar contra esa formidable corrupción. Incluso el apoyo de la famosa DEA es casi ridículo. “Será porque somos productores de marihuana y no de cocaína”, bromea el ministro.

En Paraguay parece más fácil identificar y detener a los responsables del tráfico de marihuana, la apropiación injusta de tierras comunales o el contrabando que cruza sus fronteras, que a los escasos dirigentes del EPP, escondidos en montes y bosques, más parecidos a fantasmas que a auténticos herederos del Che.

Un rastro que lleva hasta las FARC

El ministro del Interior, Rafael Filizzola, asegura que el grupo de personas que han recibido entrenamiento y que tienen preparación militar dentro del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no supera los 20. De hecho, de los casi 40 que están en la cárcel por su relación con el EPP (la mitad detenidos durante el Gobierno del presidente Lugo), sólo siete tienen ‘capacidad militar’. El ministro cree que existió una vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “En el famoso ordenador de ‘Raúl Reyes’ (muerto en Ecuador, en marzo de 2008) se encontró algún rastro de comunicación con gente del EPP”, asegura.

En el cartel de los más buscados que Filizzola maneja sobre su mesa, figura un dirigente de la guerrilla colombiana, Rodrigo Granda. La primera fila la integran jóvenes paraguayos: Osvaldo Villalba, hermano menor de la mencionada Carmen Villalba (un tercer hermano, José, también ha sido detenido), la joven Magna Meza, Manuel Cristaldo Mieres...

Con un lápiz, Rafael Filizzola marca los nombres que han ido “cayendo presos”: Lourdes Ramírez, Juana Bernal, Alcides Jiménez, Alcio Soria, Mary Blanca Bracho... hasta 23, incluidos los seis que fueron extraditados desde Argentina. Brasil rehúsa por ahora entregar a otros tres presuntos miembros del EPP, que buscaron refugio tras su frontera.

Colombia colabora

Cuando el ganadero Fidel Zavala fue secuestrado el año pasado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, la crisis de gobernabilidad de la administración Lugo pareció inminente. Lugo debía garantizar el rescate o la liberación del acaudalado empresario, de lo contrario, no podría contra la presión que la oposición realiza desde el Congreso. Tres meses después del secuestro, y al ser incapaces las autoridades paraguayas de regresar a Zavala a su hogar, Lugo acudió al presidente Álvaro Uribe para que miembros del Gaula de la Policía colaboraran en los esfuerzos. Un pequeño grupo de colombianos viajó entonces a Paraguay y, en enero de este año, lograron la liberación.

Durante 30 días, la zona norte de Paraguay ha sido escenario de un inusitado despliegue de tres mil y pico de soldados y policías que han patrullado poblaciones y campos, en busca de los presuntos dirigentes de una de las guerrillas más desconocidas, extrañas y pequeñas de América Latina.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), acusado de matar a un humilde policía y a tres guardias de seguridad de una hacienda (o tres matones, según otras fuentes) y de planear nuevos secuestros de ricos ganaderos (en 2008 raptó a Luis Lindstron y en 2009, a Fidel Zavala) provocó la alarma y el miedo entre los poderosos de la región y llevó al presidente Fernando Lugo a declarar el estado de excepción en cuatro departamentos del país.

La singular medida finalizó el 24 de mayo, sin que, como era previsible, dada la enorme extensión del terreno a cubrir y la minúscula envergadura del grupo perseguido (no más de 20 personas, según fuentes oficiales), pudiera cumplir sus objetivos. Hubo más de un centenar de detenciones, pero solo una tuvo algo que ver, indirectamente, con el EPP. El resto fueron delincuentes comunes arrestados porque no pudieron, o supieron, ocultarse a tiempo.

El EPP, al que se atribuyen algunas acciones violentas desde 1997, pero que se hizo realmente presente a partir de 2001 con cuatro secuestros en ocho años, uno de los cuales finalizó con la muerte de una mujer (hija de un ex presidente), es un verdadero misterio. Para unos, se trata del embrión de una guerrilla que terminará echando raíces en un territorio abrumado por la brutalidad de los hacendados, la práctica ausencia de los poderes del Estado y la pobreza extrema de los campesinos. Para otros, un pequeño grupo criminal, que lanza de vez en cuando confusos mensajes políticos, pero que no se plantea realmente la toma del poder ni el cambio de la sociedad paraguaya.

El ministro del Interior, Rafael Filizzola, es un joven abogado que ayudó a llevar al poder en 2008 a Fernando Lugo (un obispo católico retirado), y que consiguió acabar con más de 60 años de dominio del Partido Colorado. En su pequeño despacho en Asunción, Filizzola mantiene que el EPP “tuvo seguramente en su momento objetivos políticos”. “De hecho algunos de sus integrantes se escindieron de un partido de izquierda para defender la lucha armada y otros proceden de movimientos sociales relacionados con la iglesia, pero, en la actualidad, el EPP tiene ni envergadura ni programa como para ser definido como una guerrilla”, explica.

Una de sus principales dirigentes, Carmen Villalba detenida por el secuestro de María Edith de Debernardi, una de las grandes fortunas del país, reivindica desde la prisión “el derecho a la defensa, incluso por medios violentos”. “¿Qué más violencia que la que ejercen los matones en las haciendas contra campesinos indefensos a los que expropian de todo?”, declaró en una conferencia de prensa que dio en 2008, desde la misma prisión.

“Es posible que mensajes como ese provoquen simpatía en una zona que ha sido relegada por el Estado, que tiene grandes carencias de comunicación, en la que hay enormes estancias de hasta 20.000 hectáreas y en las que las organizaciones campesinas denuncian habitualmente abusos”, acepta el ministro. “No sabemos con precisión cuántos simpatizantes puede tener el EPP, pero lo que importa es que es un grupo criminal que opera en una zona en la que es usual el tráfico de drogas y de armas. Nosotros nos lo tomamos muy en serio, porque son peligrosos. No pueden poner en peligro la estabilidad de las instituciones pero sí la vida de personas y aumentan la inseguridad en una zona que ya es proclive al crimen organizado”.

El ministro resalta que durante los 30 días de estado de excepción “no ha habido denuncias por violación de los derechos humanos”. “El tema es muy sensible para nosotros. Sabemos que tenemos problemas en las cárceles y en las comisarías, pero estamos trabajando muy seriamente. No estamos satisfechos con los resultados, pero es un asunto absolutamente prioritario para nosotros y a veces se acusa sin razón a las fuerzas policiales”, insiste.

Resulta difícil comprender que combatir contra un grupo tan pequeño requiera un despliegue tan grande de medios. No es un secreto para nadie en Asunción que el ministro no era partidario de declarar el estado de excepción. Más aún, muchos creen que el propio presidente Lugo se vio obligado a proclamarlo para impedir que el Congreso, en el que no tiene mayoría, tomara esa decisión por su cuenta y le pusiera un plazo para detener a los máximos responsables del EPP, algo de imposible cumplimiento.

De hecho, al finalizar el estado de excepción, los militares no han vuelto completamente a sus cuarteles sino que unos centenares se han quedado en la zona para reforzar la presencia del Estado, tranquilizar a los hacendados y dar más respaldo a las fuerzas de seguridad. “Para este tipo de trabajo, todos sabemos que lo fundamental la labor de inteligencia, como en los asuntos del narcotráfico”, asegura Filizzola.

Paraguay se convirtió en uno de los mayores exportadores de marihuana del mundo bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner y tiene una larga tradición de militares, políticos y poderes del estado dedicados a dar protección a narcotraficantes. El gobierno de Lugo no recibe, sin embargo, ayuda significativa para luchar contra esa formidable corrupción. Incluso el apoyo de la famosa DEA es casi ridículo. “Será porque somos productores de marihuana y no de cocaína”, bromea el ministro.

En Paraguay parece más fácil identificar y detener a los responsables del tráfico de marihuana, la apropiación injusta de tierras comunales o el contrabando que cruza sus fronteras, que a los escasos dirigentes del EPP, escondidos en montes y bosques, más parecidos a fantasmas que a auténticos herederos del Che.

Un rastro que lleva hasta las FARC

El ministro del Interior, Rafael Filizzola, asegura que el grupo de personas que han recibido entrenamiento y que tienen preparación militar dentro del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no supera los 20. De hecho, de los casi 40 que están en la cárcel por su relación con el EPP (la mitad detenidos durante el Gobierno del presidente Lugo), sólo siete tienen ‘capacidad militar’. El ministro cree que existió una vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “En el famoso ordenador de ‘Raúl Reyes’ (muerto en Ecuador, en marzo de 2008) se encontró algún rastro de comunicación con gente del EPP”, asegura.

En el cartel de los más buscados que Filizzola maneja sobre su mesa, figura un dirigente de la guerrilla colombiana, Rodrigo Granda. La primera fila la integran jóvenes paraguayos: Osvaldo Villalba, hermano menor de la mencionada Carmen Villalba (un tercer hermano, José, también ha sido detenido), la joven Magna Meza, Manuel Cristaldo Mieres...

Con un lápiz, Rafael Filizzola marca los nombres que han ido “cayendo presos”: Lourdes Ramírez, Juana Bernal, Alcides Jiménez, Alcio Soria, Mary Blanca Bracho... hasta 23, incluidos los seis que fueron extraditados desde Argentina. Brasil rehúsa por ahora entregar a otros tres presuntos miembros del EPP, que buscaron refugio tras su frontera.

Colombia colabora

Cuando el ganadero Fidel Zavala fue secuestrado el año pasado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, la crisis de gobernabilidad de la administración Lugo pareció inminente. Lugo debía garantizar el rescate o la liberación del acaudalado empresario, de lo contrario, no podría contra la presión que la oposición realiza desde el Congreso. Tres meses después del secuestro, y al ser incapaces las autoridades paraguayas de regresar a Zavala a su hogar, Lugo acudió al presidente Álvaro Uribe para que miembros del Gaula de la Policía colaboraran en los esfuerzos. Un pequeño grupo de colombianos viajó entonces a Paraguay y, en enero de este año, lograron la liberación.