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Tras casi tres semanas de protestas y bloqueos en Perú, la Fiscalía realizó nuevos avances en la investigación que adelanta desde 2021 por corrupción contra Pedro Castillo, expresidente del país. A través de un comunicado difundido por Twitter, el Ministerio Público informó que este lunes se realizaron allanamientos y capturas a miembros que pertenecieron al círculo político y militar de Castillo.
La Fiscalía de Perú llevó a cabo un “megaoperativo” en el cual se capturaron a seis de los investigados por presuntamente haber participado en los “ascensos irregulares” mientras que Castillo estuvo en el Ejecutivo. Dentro de los detenidos hay tres generales de la Policía Nacional de Perú.
El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, subdivisión que adelanta las investigaciones, aclaró que se detuvo a los generales “por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango […] con autorización del expresidente Pedro Castillo”.
La investigación se remonta a acusaciones de corrupción de la Fiscalía desde el año pasado. En ese entonces, cuando Castillo seguía en el Palacio de Gobierno del Perú, la Fiscalía ordenó investigar al ministro de Defensa de ese momento, Walter Ayala, y a Bruno Pacheco, antiguo secretario de la Presidencia. Las causas de la entidad judicial se centraban en que tanto Ayala como Pacheco habían presionado a los jefes de la cúpula militar del Ejército y a la Fuerza Aérea para influir en los procesos de ascenso anual dentro de esas instituciones.
Luego de oficializarse la investigación, ambos funcionarios renunciaron. La Fiscalía insistió en que continuaría investigando para conocer Ayala y Pacheco tuvieron relación en “la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal”.
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Incluso se citó al entonces presidente Castillo a interrogatorios para saber su grado de conocimiento o influencia en estos hechos de corrupción. Ante el requerimiento de la Fiscalía, Castillo decidió guardar silencio y declararse inocente de los hechos que se le preguntaban.
“El presidente ha negado los cargos, ha ratificado su inocencia […] y cuando se le convoque, va a declarar; pero por este momento va a ejercer su derecho […] a guardar silencio”, dijo Benji Espinoza, su abogado en esa época, a los medios peruanos.
El “megaoperativo”
Una serie de capturas y allanamientos paralelos hicieron parte del accionar de la Fiscalía este lunes. Entre ellas se allanó la vivienda de Walter Ayala. También se inspeccionaron 27 predios en todo el país, luego del visto bueno del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
Dentro de los allanamientos en Cuzco, Tacna y Tumbes, se incautaron “documentos y dispositivos” claves en la investigación por los “presuntos ascensos irregulares de policías y militares en 2021″, informó el Ministerio Público de Perú. También se llevó a cabo “la detención preliminar de tres generales de la Policía Nacional de Perú, un mayor retirado, un suboficial y un civil”, de acuerdo con lo contado por la agencia EFE y la emisora peruana RPP.
En total se han capturado seis generales de la Policía y ocho coroneles de las Fuerzas Armadas de Perú, estos últimos investigados y detenidos por “presuntamente haber pagado entre US$ 20.000 y US$ 30.000 para lograr sus ascensos a generales”, describió RPP.
Exministro de Defensa reclama un “debido proceso”
Tras el allanamiento, Ayala declaró a periodistas que está “presto a que se investigue” el caso, pero consideró que la intervención fiscal ha sido “un show”. “Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada”, sostuvo antes de también cuestionar que se ordenen detenciones preliminares, ya que consideró que se debió citar a los implicados para que declaren.
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“Lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación”, agregó antes de decir que, en todo caso, se debió incluir al ministro del Interior de entonces, del que depende la Policía Nacional, y no a él, que fue ministro de Defensa.
Ayala también enfatizó que fue parte del gobierno de Castillo “hasta la quincena de noviembre del año 2021″ y aseguró que tras dejar esa función “nunca más” volvió a tener vínculos con el Ejecutivo. El caso de los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se conoció en agosto de 2021, cuando los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones.
Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala. En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó Ayala para que se deje sin efecto la decisión de la Fiscalía de investigarlo por la presunta comisión del delito de organización criminal.
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