Perú niega violaciones de derechos humanos y racismo en protestas
Desde el 7 de diciembre Perú está sumido en una grave crisis institucional que ha desembocado en protestas en la mayoría del país. Los informes de organismos internacionales señalan “represión letal” contra manifestantes y un “marcado sesgo racista” en el manejo de las marchas.
El gobierno de Perú negó que en el país exista una política de violación de derechos humanos y que la actuación de sus autoridades esté marcada por el racismo, rechazando un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la represión estatal de recientes manifestaciones antigubernamentales.
“El gobierno (...) es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado la noche del sábado.
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AI advirtió el pasado jueves que el gobierno peruano está “cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales”.
Según la ONG, las autoridades habrían actuado además “con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”.
“El Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados”, profundiza el informe.
Las protestas en Perú estallaron hace más de dos meses exigiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
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La mayoría de las muertes tuvo lugar en zonas andinas del sur y suroeste, marcadas por grandes brechas sociales.
“La represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población Indígena y campesina” por parte de la policía, señala el reporte de Amnistía.
El Ministerio de Justicia afirmó que está facilitando el desarrollo de investigaciones del Ministerio Público para identificar “a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida”, así como de daños a la propiedad pública y privada durante los meses de protestas.
Señaló también que desde diciembre pasado creó una comisión temporal para implementar acciones en favor de los deudos de los muertos y heridos durante las movilizaciones.
Además, resaltó que el gobierno es “consciente” de que “la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos”.
Boluarte asumió el 7 de diciembre tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo cual generó un extendido movimiento de protesta de sus partidarios.
La representante regional de AI se reunió el miércoles pasado con Boluarte, a la que presentó evidencias de que agentes de seguridad peruanos hicieron uso excesivo y letal de la fuerza.
El martes pasado, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas ocurridas en diciembre en la región de Apurímac.
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Otra investigación fiscal busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el 15 de diciembre en Ayacucho.
La compra de armas, otro señalamiento de Amnistía Internacional
En días anteriores, la ONG aseguró en un comunicado que en el país inca se estaba llevando a cabo la compra de armas letales provenientes de España para manejar la protesta.
“Como medida cautelar, la sección española de Amnistía Internacional ha insistido en su petición al gobierno de suspensión inmediata de las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú”, explica el texto.
“Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
De acuerdo con la entidad, entre Lima y Madrid se han acordado negocios que superan los 184 millones de euros para importar y otorgar licencias a armas. Este valor, aseguró la organización, se ha efectuado entre 2017 y 2022. Sin embargo, desde el inicio de las protestas en las regiones del sur de Perú, Amnistía Internacional aseguró que ha detectado “la venta de armas ligeras, munición y material antidisturbios” que podrían ser empleadas “para acallar a pueblo peruano de forma violenta e ilegal”.
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El gobierno de Perú negó que en el país exista una política de violación de derechos humanos y que la actuación de sus autoridades esté marcada por el racismo, rechazando un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la represión estatal de recientes manifestaciones antigubernamentales.
“El gobierno (...) es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado la noche del sábado.
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AI advirtió el pasado jueves que el gobierno peruano está “cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales”.
Según la ONG, las autoridades habrían actuado además “con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”.
“El Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados”, profundiza el informe.
Las protestas en Perú estallaron hace más de dos meses exigiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
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La mayoría de las muertes tuvo lugar en zonas andinas del sur y suroeste, marcadas por grandes brechas sociales.
“La represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población Indígena y campesina” por parte de la policía, señala el reporte de Amnistía.
El Ministerio de Justicia afirmó que está facilitando el desarrollo de investigaciones del Ministerio Público para identificar “a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida”, así como de daños a la propiedad pública y privada durante los meses de protestas.
Señaló también que desde diciembre pasado creó una comisión temporal para implementar acciones en favor de los deudos de los muertos y heridos durante las movilizaciones.
Además, resaltó que el gobierno es “consciente” de que “la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos”.
Boluarte asumió el 7 de diciembre tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo cual generó un extendido movimiento de protesta de sus partidarios.
La representante regional de AI se reunió el miércoles pasado con Boluarte, a la que presentó evidencias de que agentes de seguridad peruanos hicieron uso excesivo y letal de la fuerza.
El martes pasado, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas ocurridas en diciembre en la región de Apurímac.
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“Como medida cautelar, la sección española de Amnistía Internacional ha insistido en su petición al gobierno de suspensión inmediata de las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú”, explica el texto.
“Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
De acuerdo con la entidad, entre Lima y Madrid se han acordado negocios que superan los 184 millones de euros para importar y otorgar licencias a armas. Este valor, aseguró la organización, se ha efectuado entre 2017 y 2022. Sin embargo, desde el inicio de las protestas en las regiones del sur de Perú, Amnistía Internacional aseguró que ha detectado “la venta de armas ligeras, munición y material antidisturbios” que podrían ser empleadas “para acallar a pueblo peruano de forma violenta e ilegal”.
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