Peruanos marchan por reducción masiva de sueldos
Gremios, colectivos sociales y ciudadanos del común salieron a la plaza San Martín de Lima para protestar por lo que han considerado como una restricción sus derechos laborales.
EFE
Cientos de personas marcharon este viernes en Lima en rechazo a una sentencia de la Corte Suprema que autorizó la reducción unilateral de sueldos en un proceso de casación y que políticos y sindicatos han considerado un peligro para los derechos de los trabajadores peruanos.
La marcha, convocada en las redes sociales con el lema "Ni un Sol menos", reunió en la céntrica plaza San Martín a miembros de colectivos sociales y civiles, así como de gremios como la Confederación General de Trabajadores del Perú Joven (CGTP).
El mayor sindicato del país alertó que, a pesar de tratarse de un caso particular, puede ser tomado como un precedente en temas similares y puso de ejemplo el aviso de un curso publicado por un instituto sobre "cómo reducir sueldos y condiciones laborales en tiempo de crisis".
"Sin ningún tipo de vergüenza los empresarios se organizan para usar el fallo de la Corte Suprema a su favor. En respuesta, la CGTP continuará realizando capacitaciones en derecho laboral y sindicalismo", enfatizó en su cuenta en Facebook.
El Colectivo Dignidad, otra de las agrupaciones que promovió la protesta, señaló que rechaza "la actitud que ha asumido la Corte Suprema de restringir los derechos laborales de los trabajadores".
Los manifestantes recorrieron las principales calles del centro histórico de Lima hasta llegar al Palacio de Justicia, donde expresaron su rechazo a la sentencia, emitida el pasado 7 de junio por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
El tribunal determinó que una empresa puede reducir las remuneraciones sin acuerdo con el trabajador y que para aplicar esa decisión se requerirá "la existencia de causa objetiva que de modo excepcional y razonable (que) justifique la medida".
Estableció, además, que la eventual reducción deberá garantizar la remuneración mínima (850 soles o 253 dólares en la actualidad), responder a circunstancias objetivas económicas financieras y ser autorizada por el trabajador sin que "medie intimidación, coacción y/o violencia que vicien su manifestación de voluntad".
Ante la polémica que generó la sentencia, que recién fue difundida esta semana, el presidente del tribunal, Javier Arévalo, negó el jueves que se haya autorizado la reducción unilateral de sueldos y dijo que se refirió, de manera excepcional, "a una rebaja temporal y consensuada".
El magistrado reiteró que se trató de "un caso concreto" y, por tanto, no constituye un precedente vinculante ni doctrina de jurisprudencia que debe ser seguida por los demás jueces.
El ministro de Trabajo de Perú, Alfonso Grados, coincidió en que el fallo no se puede aplicar automáticamente a otros casos porque se necesitaría una norma adicional, ya que correspondió a un reclamo de un trabajador de hace 14 años, con base en la situación específica de una empresa privada.
Grados recordó que la legislación laboral vigente, de 1941, determina que el empleador y el trabajador pueden modificar las condiciones salariales de forma consensuada, expresa y voluntaria.
A pesar de ello, la decisión judicial fue rechazada por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, Hernando Cevallos, quien consideró que la medida judicial implica "un nefasto precedente" en agravio de los trabajadores.
La presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, también afirmó que ese gremio no permitirá transgresiones a los derechos de los trabajadores y consideró que la decisión de la Corte Suprema "es un mal precedente para el derecho laboral en general".
Cientos de personas marcharon este viernes en Lima en rechazo a una sentencia de la Corte Suprema que autorizó la reducción unilateral de sueldos en un proceso de casación y que políticos y sindicatos han considerado un peligro para los derechos de los trabajadores peruanos.
La marcha, convocada en las redes sociales con el lema "Ni un Sol menos", reunió en la céntrica plaza San Martín a miembros de colectivos sociales y civiles, así como de gremios como la Confederación General de Trabajadores del Perú Joven (CGTP).
El mayor sindicato del país alertó que, a pesar de tratarse de un caso particular, puede ser tomado como un precedente en temas similares y puso de ejemplo el aviso de un curso publicado por un instituto sobre "cómo reducir sueldos y condiciones laborales en tiempo de crisis".
"Sin ningún tipo de vergüenza los empresarios se organizan para usar el fallo de la Corte Suprema a su favor. En respuesta, la CGTP continuará realizando capacitaciones en derecho laboral y sindicalismo", enfatizó en su cuenta en Facebook.
El Colectivo Dignidad, otra de las agrupaciones que promovió la protesta, señaló que rechaza "la actitud que ha asumido la Corte Suprema de restringir los derechos laborales de los trabajadores".
Los manifestantes recorrieron las principales calles del centro histórico de Lima hasta llegar al Palacio de Justicia, donde expresaron su rechazo a la sentencia, emitida el pasado 7 de junio por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
El tribunal determinó que una empresa puede reducir las remuneraciones sin acuerdo con el trabajador y que para aplicar esa decisión se requerirá "la existencia de causa objetiva que de modo excepcional y razonable (que) justifique la medida".
Estableció, además, que la eventual reducción deberá garantizar la remuneración mínima (850 soles o 253 dólares en la actualidad), responder a circunstancias objetivas económicas financieras y ser autorizada por el trabajador sin que "medie intimidación, coacción y/o violencia que vicien su manifestación de voluntad".
Ante la polémica que generó la sentencia, que recién fue difundida esta semana, el presidente del tribunal, Javier Arévalo, negó el jueves que se haya autorizado la reducción unilateral de sueldos y dijo que se refirió, de manera excepcional, "a una rebaja temporal y consensuada".
El magistrado reiteró que se trató de "un caso concreto" y, por tanto, no constituye un precedente vinculante ni doctrina de jurisprudencia que debe ser seguida por los demás jueces.
El ministro de Trabajo de Perú, Alfonso Grados, coincidió en que el fallo no se puede aplicar automáticamente a otros casos porque se necesitaría una norma adicional, ya que correspondió a un reclamo de un trabajador de hace 14 años, con base en la situación específica de una empresa privada.
Grados recordó que la legislación laboral vigente, de 1941, determina que el empleador y el trabajador pueden modificar las condiciones salariales de forma consensuada, expresa y voluntaria.
A pesar de ello, la decisión judicial fue rechazada por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, Hernando Cevallos, quien consideró que la medida judicial implica "un nefasto precedente" en agravio de los trabajadores.
La presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, también afirmó que ese gremio no permitirá transgresiones a los derechos de los trabajadores y consideró que la decisión de la Corte Suprema "es un mal precedente para el derecho laboral en general".