El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de EE.UU. por la muerte en abril de 2025 de un joven colombiano en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Misouri.
“Se suicidio (sic) un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, expresó Petro en X, donde ordenó a la Cancillería “entregar nota de protesta”.
En opinión del mandatario, “el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”.
“Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD”, añadió el presidente colombiano al comentar el caso, que aunque ocurrió hace un año, fue incluido en un especial periodístico sobre el suicidio.
Según un informe del ICE, Rayo Garzón, de 27 años, fue detenido el 30 de noviembre de 2023 por una patrulla fronteriza cerca de San Ysidro (California), por entrar ilegalmente en el país.
En junio de 2024 un juez de inmigración ordenó su deportación y fue transferido a un centro de detención del condado de Phelps (Misouri) a la espera de ser enviado de vuelta a Colombia.
En marzo de 2025 dio positivo por covid y el 7 de abril del mismo año fue encontrado inconsciente en su celda con una sábana alrededor del cuello, por lo que fue trasladado a un centro médico donde murió el 8 de abril de 2025.
Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes a ICE por atribuir a “suicidios” las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.
Las políticas antimigrantes del actual Gobierno, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones. En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.
Relación tensa
La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.
La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.
Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó a que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.
La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al encuentro de ambos mandatarios el 3 de febrero en la Casa Blanca.
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