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Tras casi nueve meses de intensos debates sobre las salidas de Colombia frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le otorgó cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar antes bajo soberanía colombiana a Nicaragua, el grupo de abogados que contrató el gobierno colombiano para enfrentar dicha sentencia recomendó definir mediante decreto la jurisdicción de todos sus territorios insulares —incluidos los del archipiélago de San Andrés y Providencia—.
La medida, que sin lugar a dudas generaría un debate aún más intenso en caso de ser acogida por el gobierno colombiano como se planteó ayer con insistencia durante la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que presidió el presidente Juan Manuel Santos, plantea que por medio de una legislación local se ignore una decisión de la máxima corte internacional.
Una apuesta arriesgada, especialmente porque fue esgrimida durante una cita en la que los expertos debatían con preocupación sobre el supuesto traslado de la armada nicaragüense hacia el noroeste del meridiano 82. El Espectador no pudo confirmar si es cierto que el gobierno de Daniel Ortega ordenó el aludido despliegue militar.
Durante las casi cuatro horas que duró la anunciada reunión de la Comisión, la propuesta de los juristas colombianos fue defendida, aunque ellos mismos la reconocen como polémica y saben que va mucho más allá de la de la firma londinense Volterra Fietta, la cual se concentra exclusivamente en los recursos que se interpondrán ante La Haya frente al fallo. Los abogados son conscientes de que dicha medida generará aún más tensión, pues los decretos incluirán como colombianos espacios que la CIJ ya entregó a Nicaragua en el fallo de noviembre del año pasado.
Por ello, aunque la decisión de presentar esta propuesta al presidente y la canciller María Ángela Holguín se tomó por consenso, los debates fueron muy fuertes en el pool de abogados colombianos —Rafael Nieto Navia, quien se retiró hace tres semanas por inhabilidades; Juan Daniel Jaramillo, Joaquín Polo, Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda, Andelfo García y Luis Rivardo Paredes—. Esta audacia podría tener inciertas consecuencias para el país en el derecho internacional.
El sustento jurídico para los decretos que habría de emitir el presidente Santos en las próximas horas está en dos viejas leyes nacionales, la 10 de 1978 y la 47 de 1993, que ordenan al Gobierno colombiano determinar la jurisdicción marítima del país. Pese a haber sido aprobadas hace tantos años, ningún gobierno desde entonces había procedido a reglamentarlas.
En cumplimiento de esas leyes, ahora los decretos señalarían los puntos de líneas de base a partir de los cuales se mide la anchura de los espacios marítimos generados por las islas que conforman los territorios insulares de Colombia, entre ellos y muy en particular el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Además, mediante decreto se determinarían zonas contiguas de todas las formaciones insulares, lo cual vuelve a conectar los espacios marítimos rotos por la sentencia de la CIJ. También se pretende esa reconexión mediante la determinación de zonas económicas exclusivas para todas las formaciones.
Por decreto también, a pesar de que en su momento no se quiso hacer el proceso ante la Unesco para declarar el área ecológica especial conocida como Sea Flower, patrimonio de la humanidad, se establece un área especial protegida allí.
La gran incógnita es cómo responderá Nicaragua a la emisión de estos decretos, pues varios de estos espacios marítimos que Colombia reclamará como propios a través de ellos van en contravía de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, que expresamente los concedió al país centroamericano.
En cuestión de horas, si el Gobierno decide emitir los decretos, Colombia podría quedar en manos del Consejo de Seguridad de la ONU por desconocer el fallo. Pero además, la posibilidad de un incidente militar a lo largo del meridiano 82 nunca había estado tan cerca, pues a la par con los movimientos nicaragüenses, que incluyen los nuevos buques rusos con misiles, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha sido claro en que las corbetas colombianas deben patrullar esta línea geográfica.
El recién nombrado comandante de la Armada Nacional, Hernando Wills Vélez, también ha señalado que el archipiélago de San Andrés nunca había estado tan custodiado por las autoridades del país en toda su historia.
Fuentes de la Cancillería colombiana le aseguraron a El Espectador que Nicaragua presentará una tercera demanda a Colombia que será radicada en el Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, la próxima semana.