Por primera vez, un hombre es enviado a prisión por acoso sexual en Perú

El acoso sexual, una de las formas de violencia sexual contra las mujeres "más normalizada" en el Perú, recibió por primera vez una condena con cárcel en el país andino, a solo un año de su inclusión como delito en el código penal.

El fallo se estableció la semana pasada en la jurisdicción norte de Lima, donde el acoso sexual y el chantaje efectuado por meses por Álex Álvarez Silvera, de 20 años, contra su expareja, de 16 años, fueron sancionados con 4 años y 8 meses de prisión efectiva, una reparación civil de 5.000 soles (unos 1.470 dólares) y la orden de que el condenado "reciba una terapia psicológica a fin de asegurar su reinserción en la sociedad".

Ver más: La lucha contra el acoso callejero en América Latina

Así lo señala el fallo del pasado 12 de septiembre establecido por la magistrada Ynés Barrón, del 11º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la audiencia en que el acusado no estuvo presente ni de momento ha sido localizado por la policía.

"La figura era que un joven, que había sido enamorado de esta adolescente y con quien se había terminado la relación, insistía para volver con ella aún cuando ella ya no quería, pero él no entendía eso. Seguía buscándola, la vigilaba y trataba de establecer contacto con ella a través del chantaje", refirió a Efe la jueza Barrón.

"Te mataré y seré así el asesino que tanto quiero ser", fue uno de los mensajes que llegaron al celular de la adolescente que temió por su vida y primero denunció los hechos con su madre y posteriormente ante la Policía.

Ver más: América Latina es la región más violenta del mundo contra las mujeres

Su expareja tenía además en su poder imágenes íntimas de la menor que fueron tomadas sin su consentimiento y que eran usadas para chantajearla con que, en el caso de que no accediera a tener relaciones sexuales con él, las difundiría a los miembros de su escuela.

Ante el temor de que cumpliera sus amenazas, la menor dejó de ir al colegio por un mes. Sin embargo, los mensajes, la vigilancia y las amenazas contra ella continuaban.

Todos estos medios probatorios -reunidos por el Ministerio Público- además de las propias declaraciones del acusado, de la agraviada y de la madre de esta, fueron claves para que la menor acceda a la Justicia y se llegue a determinar la pena privativa de la libertad para el acusado.

Pruebas que, según explicó a Efe la abogada Clea Guerra de la ONG feminista Flora Tristán, "no siempre existen en las situaciones de acoso sexual, por lo que es la mayor dificultad para que las víctimas encuentren justicia, además de la normalización de este tipo de violencia en la sociedad".

"Hay que tener en consideración que va a haber casos en los que estas pruebas adicionales no van a existir y que la prueba fundamental es la declaración de la víctima", agregó la abogada.

Y es que, en la aplicación de la Justicia, "la sola versión puede tornarse un poco débil", aseveró la magistrada Barrón, por lo que señaló que "las supuestas agraviadas de este tipo de violencia pueden concatenar sus declaraciones con documentales, con chats, con registros de llamadas, con las imágenes de las cámaras de vídeo de la zona".

Ver más: Seis de cada diez universidades de América Latina no tienen protocolo para casos de acoso sexual

"Los jueces sin medios probatorios no podemos hacer nada, y el Ministerio Público es el encargado de recabar todo esto para poder hacer una acusación sólida. Si se hace una acusación sólida, con indicios que nos lleven al resultado, al momento de juzgarse se analiza todo y se puede llegar a esta sentencia", agregó la magistrada.

Pero, según dijo Barrón, lo primero es denunciar este tipo de actos de violencia porque es un tema más serio de lo que se ha venido considerando en la sociedad.

"El acoso sexual es un tema serio porque es una línea muy delgada que lo divide de una posible violación o de un feminicidio", agregó la abogada, en una alarmante realidad como la peruana, donde las cifras de estos delitos y crímenes pueden contarse por centenas.

Según la Policía Nacional, cada día en Perú 10 adolescentes entre los 12 y 17 años de edad son víctimas de violación sexual, y el año pasado sus denuncias alcanzaron los 3.767 casos; en tanto que en el 2018 se contabilizaron 149 casos de feminicidios.

Números que llevan a entender la estadística que recoge un estudio de Datum Internacional de que el 78 % de las mujeres peruanas piensan que en su país "poco o nada" se las respeta.

Por ahora, la sentencia histórica para el Perú, deberá continuar su recorrido en las instancias superiores de la Justicia, tras haber sido apelada por Álvarez, quien pese a que mantiene una orden de captura, aún no ha sido ubicado por la Policía.

El acoso sexual, una de las formas de violencia sexual contra las mujeres "más normalizada" en el Perú, recibió por primera vez una condena con cárcel en el país andino, a solo un año de su inclusión como delito en el código penal.

El fallo se estableció la semana pasada en la jurisdicción norte de Lima, donde el acoso sexual y el chantaje efectuado por meses por Álex Álvarez Silvera, de 20 años, contra su expareja, de 16 años, fueron sancionados con 4 años y 8 meses de prisión efectiva, una reparación civil de 5.000 soles (unos 1.470 dólares) y la orden de que el condenado "reciba una terapia psicológica a fin de asegurar su reinserción en la sociedad".

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Así lo señala el fallo del pasado 12 de septiembre establecido por la magistrada Ynés Barrón, del 11º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la audiencia en que el acusado no estuvo presente ni de momento ha sido localizado por la policía.

"La figura era que un joven, que había sido enamorado de esta adolescente y con quien se había terminado la relación, insistía para volver con ella aún cuando ella ya no quería, pero él no entendía eso. Seguía buscándola, la vigilaba y trataba de establecer contacto con ella a través del chantaje", refirió a Efe la jueza Barrón.

"Te mataré y seré así el asesino que tanto quiero ser", fue uno de los mensajes que llegaron al celular de la adolescente que temió por su vida y primero denunció los hechos con su madre y posteriormente ante la Policía.

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Su expareja tenía además en su poder imágenes íntimas de la menor que fueron tomadas sin su consentimiento y que eran usadas para chantajearla con que, en el caso de que no accediera a tener relaciones sexuales con él, las difundiría a los miembros de su escuela.

Ante el temor de que cumpliera sus amenazas, la menor dejó de ir al colegio por un mes. Sin embargo, los mensajes, la vigilancia y las amenazas contra ella continuaban.

Todos estos medios probatorios -reunidos por el Ministerio Público- además de las propias declaraciones del acusado, de la agraviada y de la madre de esta, fueron claves para que la menor acceda a la Justicia y se llegue a determinar la pena privativa de la libertad para el acusado.

Pruebas que, según explicó a Efe la abogada Clea Guerra de la ONG feminista Flora Tristán, "no siempre existen en las situaciones de acoso sexual, por lo que es la mayor dificultad para que las víctimas encuentren justicia, además de la normalización de este tipo de violencia en la sociedad".

"Hay que tener en consideración que va a haber casos en los que estas pruebas adicionales no van a existir y que la prueba fundamental es la declaración de la víctima", agregó la abogada.

Y es que, en la aplicación de la Justicia, "la sola versión puede tornarse un poco débil", aseveró la magistrada Barrón, por lo que señaló que "las supuestas agraviadas de este tipo de violencia pueden concatenar sus declaraciones con documentales, con chats, con registros de llamadas, con las imágenes de las cámaras de vídeo de la zona".

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"Los jueces sin medios probatorios no podemos hacer nada, y el Ministerio Público es el encargado de recabar todo esto para poder hacer una acusación sólida. Si se hace una acusación sólida, con indicios que nos lleven al resultado, al momento de juzgarse se analiza todo y se puede llegar a esta sentencia", agregó la magistrada.

Pero, según dijo Barrón, lo primero es denunciar este tipo de actos de violencia porque es un tema más serio de lo que se ha venido considerando en la sociedad.

"El acoso sexual es un tema serio porque es una línea muy delgada que lo divide de una posible violación o de un feminicidio", agregó la abogada, en una alarmante realidad como la peruana, donde las cifras de estos delitos y crímenes pueden contarse por centenas.

Según la Policía Nacional, cada día en Perú 10 adolescentes entre los 12 y 17 años de edad son víctimas de violación sexual, y el año pasado sus denuncias alcanzaron los 3.767 casos; en tanto que en el 2018 se contabilizaron 149 casos de feminicidios.

Números que llevan a entender la estadística que recoge un estudio de Datum Internacional de que el 78 % de las mujeres peruanas piensan que en su país "poco o nada" se las respeta.

Por ahora, la sentencia histórica para el Perú, deberá continuar su recorrido en las instancias superiores de la Justicia, tras haber sido apelada por Álvarez, quien pese a que mantiene una orden de captura, aún no ha sido ubicado por la Policía.