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De cara a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha aumentado la persecución y represión contra rivales y opositores. Tres aspirantes a la presidencia, Cristina Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga Blandon, fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del gobierno sandinista. Otros más están en la mira. ¿Por qué? El Espectador le explica.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Ortega busca deshacerse de la oposición con tal de aferrarse al poder. Hay un extenso historial de transgresiones contra opositores que se profundizó en 2018, cuanto Ortega, a través de la juez y coordinadora del Frente Sandinista en Managua, Karen Chavarria, comenzó a detener a disidentes y críticos de su gestión como Sergio Beteta, Ruth Matute, José Sánchez, Douglas Antonio Baltodano y el excanciller Francisco Aguirre Sacasa.
¿A qué se deben las nuevas detenciones?
El próximo 7 de noviembre, Ortega se juega la reelección y ha buscado todas las vías para aferrarse al poder. A principios de mayo, el presidente impuso una reforma electoral con la que designó jueces leales a él en el Tribunal Electoral para mantener el control sobre toda la estructura electoral.
El Consejo Supremo Electoral limitó los procesos de certificación de personalidad jurídica de organizaciones políticas. Tal medida, según la oposición, busca fragmentar la Coalición Nacional opositora pensando en que cada partido busque inscripciones individuales con tal de destruir la alianza y así se divida el voto antisandinista. De hecho, el órgano electoral ya descalificó a dos partidos.
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Lo que siguió en junio de este año fue una seguidilla de detenciones a precandidatos a la presidencia, como Cristina Chamorro, su principal rival en los comicios, con el fin de debilitar aún más a la oposición. Cabe destacar que la madre de Chamorro, Violeta Barrios de Chamorro, derrotó a Ortega en las elecciones de 1990 con una amplia alianza opositora.
Cristina Chamorro, detenida la semana pasada, es denunciada por “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos”. La Fiscalía solicitó su inhabilitación de la precandidata para las elecciones, mientras que esta señala que todas las acusaciones son infundadas.
Los otros candidatos detenidos son Arturo Cruz y Félix Maradiaga Blandon. El primero es acusado de “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, mientras que el segundo fue detenido por supuestamente cometer una serie de “delitos de desestabilización, proponer bloqueos económicos y aplaudir la imposiciones de sanciones contra el país”.
Más aspirantes a la presidencia, como eMedardo Mairena, el afrodescendiente George Herníquez Cayasso, el periodista Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso y el líder ex contra Luis Fley, han denunciado ser objeto de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional.
Todos estos delitos, dice el bloque opositor a Ortega, son infundados y se presentan con el objetivo de evitar que la oposición se presente a las elecciones. Lo que hace Ortega sacando a Chamorro del camino, la rival más preparada para ganarle, es dejar el camino libre para enfrentarse al oponente más débil y por tanto más conveniente.
“Si se permite que la oposición se presente, si se libera a los presos políticos y se permite el regreso de los exiliados políticos, entonces Ortega tiene pocas posibilidades de ganar las elecciones. En 1990, Ortega perdió inesperadamente contra todas las encuestas anteriores. Aprendió esa lección, y por eso quiere evitar las sorpresas”, señaló el profesor Alberto Cortés, del Departamento de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica, a la Deutsche Welle.
Pero más que mostrar la corrupción de todos los aparatos estatales y de control bajo el mando de Ortega, para analistas como Tiziano Breda, experto en Centroamérica del Internacional Crisis Group, es una muestra del evidente miedo que tiene el mandatario de perder en los comicios.
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“Chamorro es especialmente peligrosa para Ortega porque es la más conocida de los candidatos de la oposición, va por delante en las encuestas y es una figura popular que, al igual que su madre, habría podido unificar a la oposición”, le dijo Breda a la Deutsche Welle.
Esta estrategia de represión, con acusaciones “rebuscadas”, en palabras del profesor Cortés, podría ser contraproducente y llevar a que la oposición se una para derrotar a Ortega.
“La suerte aún no está echada. Tales acciones pueden tener un efecto bumerán, provocando protestas y aumentando la presión interna sobre él”, señala Cortés.
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Ortega ya se enfrentó a una oleada de protestas en 2018 que condujeron a una gran crisis interna en el país y que llevó a que la comunidad internacional pusiera el ojo sobre su mandato. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas se encuentran en la lista de organizaciones y organismos que han denunciado las violaciones del gobierno nicaragüense.
A Ortega parece importarle poco lo que diga la comunidad internacional. Sin embargo, una nueva oleada de sanciones de Estados Unidos, que ahora tiene una política mucho más activa en la región, podrían golpearlo fuertemente y llevarlo a abrir la ventana para realizar concesiones, según los expertos.
“Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han golpeado fuertemente a Ortega, lo que ha verbalizado en varias ocasiones. Ahí es donde se podría empezar”, dijo Breda.
Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas a cuatro funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente Daniel Ortega, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo, luego de una serie de arrestos de opositores denunciados por Washington.
El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo “al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”.
Además de Ortega Murillo, hija del presidente y de la vicepresidenta Rosario Murillo y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, otros tres allegados al mandatario fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Ellos son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y el general Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército nicargüense.
A los cuatro se les bloquea todo activo que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y se les prohíbe de toda transacción con individuos y entidades estadounidenses.
Entre tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este miércoles suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por lo que consideró una “arremetida sin precedentes” de Ortega contra la oposición en ese país.