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Miles de personas se congregaron este viernes frente al Parlamento de Surinam para exigir que el Gobierno revierta sus políticas de eliminación de subsidios, en unas protestas que derivaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
La jornada de manifestaciones comenzó en la mañana de este viernes, y horas después, desembocó en el intento de los asistentes a la marcha de ingresar al Parlamento. También se registraron disturbios entre los marchantes y la Policía y saqueos a los comercios aledaños.
Dentro de las quejas de los ciudadanos se encuentra protestar contra el alto coste de vida en Surinam. Algo que, según ellos, se ha visto empeorado por las políticas económicas que ha tomado el Gobierno últimamente.
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Desde inicios de febrero, el Ejecutivo liderado por Chan Santokhi anunció planes en los cuáles eliminará “gradualmente” los subsidios que son entregados a la población. Entre estos beneficios se encuentra un auxilio económico que entregan las entidades estatales para pagar el gas, la electricidad y los combustibles en el país.
Estas medidas fueron justificadas por Stanley Raghoebarsing, ministro de Finanzas. En su explicación, el responsable de esa cartera aseguró que “no es sostenible continuar con los subsidios que damos”. Incluso desde el Gobierno pretenden alinearse con las pautas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre 1.000 y 2.000 personas asistieron a las marchas en el centro de Paramaribo, capital de Surinam. Hacia el mediodía, algunos manifestantes rompieron las barreras policiales que protegían el edificio de la Asamblea Nacional y trataron de entrar lanzando botellas y piedras contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y balas de goma.
Varias tiendas fueron saqueadas, entre ellas una de telefonía. Incendiaron un auto e intentaron quemar varios edificios. Varias personas resultaron heridas.
El presidente condenó los hechos en un comunicado e instruyó al fiscal general a “detener a todas las personas directa e indirectamente responsables”, sin precisar nombres.
“Los coordinadores, organizadores frente y detrás del escenario, todos quienes hayan estado comprometidos en delitos”, dijo al considerar los hechos como una “grave violación del Estado de derecho”.
Ordenó también reforzar la presencia de la policía y el Ejército en las calles y barrios con “operativos visibles”.
Se tomarán “medidas de seguridad” hasta que la paz regrese “plenamente”, advirtió Santokhi que, no obstante, llamó a los grupos protestantes al diálogo.
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El ministro de Justicia, Kenneth Amoksi, aseguró que la situación “está bajo control”.
“Vemos disturbios en otros países y no estamos acostumbrados a este tipo de cosas en Surinam”, dijo en declaraciones a periodistas.
“No llego ni a mitad de mes”
La manifestación fue convocada por el activista político Stephano “Pakittow” Biervliet. Para esta jornada, los sindicatos no habían llamado oficialmente a participar, pero coincidió con una huelga convocada para jueves y viernes.
“Salí antes del trabajo para unirme a la protesta. No llego ni a mitad de mes, tengo tres niños que alimentar y dos trabajos. Cada día los precios suben”, dijo una de las manifestantes que pidió mantener su nombre bajo reserva.
Otro participante en las protestas, también bajo anonimato, insistió en que Santokhi debe “irse”.
“Se la pasa diciendo que hay una ‘luz al final del túnel’, pero yo solo veo oscuridad”, expresó. “Ya no puedo pagar la gasolina para ir a trabajar y llevar a mis hijos a la escuela”.
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Surinam, un pequeño país del noreste de Sudamérica con 600.000 habitantes, está sumido en una grave crisis económica, y año pasado cerró con una inflación del 54,6 %, según el Banco Central. La antigua colonia holandesa espera con impaciencia la explotación de las reservas de petróleo, que se prevén importantes.
El gobierno insiste en que debe recortar gastos como parte del programa de reestructuración económica con el (FMI) y ha planteado reformas fiscales que incluyen un nuevo impuesto a las ventas. Estas políticas han sido blanco de fuertes críticas de la oposición y los gremios.
Surinam firmó un acuerdo por US$690 millones con el FMI, pero los fondos terminaron congelados por no cumplir las condiciones exigidas.
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