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El Ejecutivo del libertario Javier Milei respaldó este viernes el protocolo contra los cortes de vía pública durante las manifestaciones en Argentina anunciado en la víspera por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene como prioridad el “respeto por la ley”.
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Según informó este viernes el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en una rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete en la Casa Rosada (sede del Gobierno), el protocolo del Ejecutivo “es de jurisdicción en ámbitos federales”. Por eso, agregó, “no hay ninguna razón para que las diferentes jurisdicciones que deben hacer cumplir la ley en materia de seguridad no adhieran a este protocolo y no esté entre sus prioridades el respeto por la ley”.
El protocolo anunciado en la víspera por la excandidata presidencial por la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) ha despertado fuertes reacciones en partidos y movimientos sociales de izquierda por considerar que es “ilegal” y “anticonstitucional”, en un escenario de severa crisis económica en Argentina.
“No queremos que se vulneren los derechos de quienes todos los días se levantan para ir a trabajar y se topan con cortes que les hacen llegar varias horas tarde a sus trabajos. No sólo no es justo, sino que es ilegal”, explicó el vocero presidencial.
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Adorni indicó que no está en debate “el cumplimiento de la ley” y resaltó que “la gente quiere vivir en paz, en orden y que se respete la ley en todos los ámbitos, en lo que hace referencia a la libre circulación”.
El jueves, Bullrich anunció que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) no permitirán cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical.
“Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país para que la gente viva en paz”, aseveró Bullrich, al presentar el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, que resumió así: “Si se toma la calle, va a haber consecuencias”.
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Entre las medidas anunciadas, están sanciones para quienes hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices” de cortes; registro de organizaciones implicadas; prohibición de ir con el rostro tapado o llevar niños a las marchas y notificación a la Dirección de Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal. También, el pago de los costos que implique el despliegue de las fuerzas de seguridad por parte de las organizaciones convocantes.
Según la consultora Diagnóstico Político, durante 2023 hubo 7.769 cortes de calles, casi 1.000 menos que en 2022 (8.761).
Al final de la rueda de prensa, Bullrich afirmó que se derogaba “el protocolo garantista de Nilda Garré”. La normativa, instaurada por la entonces ministra de Seguridad en el mandato de Cristina Kirchner en el 2011, establecía que en las manifestaciones la intervención policial tenía que desarrollarse de forma “progresiva”, con el diálogo siendo la primera respuesta de las autoridades. Añadido a esto, prohibía el porte de armas de fuego por parte de los agentes que entraran en contacto directo con los manifestantes y establecía que estos debían garantizar la libre cobertura mediática.
Las medidas anunciadas por la ministra Bullrich muy posiblemente generarán consecuencias para los participantes de las movilizaciones anunciadas para el 20 de diciembre, aniversario de las violentas protestas de 2001. Añadido a esto, el 12 de diciembre, el Ejecutivo anunció duras medidas de ajuste para combatir la inflación, que está en un 160,9 % interanual, por lo que se espera que se organicen otras movilizaciones contra los ajustes.
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