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En Brasil la crisis política alcanzó este miércoles uno de sus momentos más tensos, un día antes del que el ex-presidente Luiz Inacio Lula se posesionara en el puesto de ministro de la Casa Civil, por cuenta de la publicación de una serie de audios por parte de la Policía Federal en los que se dejaba en evidencia las chuzadas al teléfono celular de éste y se ponía en evidencia sus conversaciones con diversos políticos y líderes de Brasil, entre estos la presidenta Dilma Rousseff. (Lea: Lula, el superministro)
En el audio más discutido y polémico, Dilma promete a su colega el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete, un hecho que la gente interpretó como un acto de la presidenta para impedir una posible orden de detención contra Da Silva, que es investigado por el sonado caso de corrupción de Petrobras. Como ministro, Lula no puede ser investigado por la Policía Federal, sólo por el Tribunal Supremo, gracias a la inmunidad política que rige a estos.
La oposición ha buscado poner en evidencia lo que ellos consideran como una "obstrucción a la justicia" y un crimen bajo la ley brasileña. Gritan por la renuncia a su cargo, aunque su posesión es inminente,
Los pro-gobierno, por su parte, cuestionaron las chuzadas a las líneas telefónicas sin el permiso del Tribunal Supremo y señalan que Dilma no violó ninguna ley al manifestar su deseo que Lula fuese ministro por medio de dicho decreto.
Ya en la noche del miércoles, la presidenta emitió un comunicado diciendo que la conversación entre ella y Lula sugiere solamente el envío de una carta para su firma y que no tiene nada que ver con una supuesta protección en busca de evitar un encarcelamiento. Así mismo se sumó a las voces de rechazo por las chuzadas a sus líneas telefónicas, calificándolas como un "ataque a los derechos" de la presidencia.
Después de la filtración de audio, en la tarde de este miércoles, cientos de manifestantes contrarios al Partidos de los Trabajadores (PT) salieron a las calles para protestar de inmediato contra el grupo político de la mandataria. El candidato presidencial derrotado en las últimas elecciones, el senador Aécio Neves, del partido de centro-derecha PSDB, publicó un video en sus redes sociales hablando de la insostenibilidad del actual Gobierno y pidió el juicio político de Rousseff. Pero la tensión y los manifestantes que desde las calles piden una acción más a fondo en las pesquisas por corrupción no es algo nuevo, el pasado domingo millones de personas marcharon en las avenidas de las principales ciudades pidiendo la destitución de la mandataria, manifestaciones que constituyen, quizá, el acto político más popular de la historia brasileña.
Lo cierto es que pese al descontento de muchos, Lula fue nombrado ministro de gobierno en una publicación adicional de la Gaceta Oficial de la Presidencia de Brasil el martes. Su posesión está prevista para este jueves en Brasilia, a las 10 de la mañana (8 de la mañana en Colombia). Y el temor de manifestaciones en frente del palacio presidencial en la capital, y los posibles choques entre partidarios y opositores del gobierno del PT está más latente que nunca.
Operación ‘lava Jato’
El contexto de las tramas de corrupción de las investigaciones realizadas por la Policía Federal de Brasil ha planteado muchas preguntas para los abogados y políticos del país. Esta operación empezó en 2014, cuando, en una investigación sobre la transferencia de plata sucia a los directores de Petrobras, los federales encontraron una red de gasolineras en Brasilia que se utiliza para mover dinero ilícito. El nombre "lava Jato" (lava autos) hace referencia al lugar donde se lavan los coches.
Desde el comienzo de estas pesquisas se detuvo a senadores, diputados, asesores políticos, tesoreros de partidos y nombres de peso político y financiero en Brasil, como el publicidad João Santana, responsable de las campañas electorales de Lula y Rousseff en Brasil, y Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. También entró en las detenciones recientemente el propietario de la empresa constructora Odebrecht, Marcelo Odebretch, una de las más grandes compañías de América Latina que tiene acuerdos con varios gobiernos de la región.
Por un lado, las clases medias y altas brasilenãs - que siempre han estado en contra de la permanencia del PT, partido de izquierda, en el poder - creen que la Operación Lava Jato es un acto político que serviría para atacar al partido en el poder y, con eso, dar un giro contundente en la política brasileña que los favorezca.
Por otro lado, las clases más bajas, que se han beneficiado de los programas sociales de Lula y Dilma, y los sectores académicos e intelectuales, ven en las investigaciones de la Policía Federal una complicidad de las clases medias y la elite para derrocar al PT. Más que eso, para tomar la posición de la presidenta y manchar el nombre de Lula.
Con estos argumentos opositores y partidarios del oficialismo, se han desbocado en una “lucha en las calles”, mientras tanto, los legisladores no llegan a acuerdos en el Congreso y las posibilidades de la destitución de la presidenta oscilan entre altas y bajas.
El año pasado, el jefe de la operación Lava Jato, el delegado Sergio Fernando Moro, ganó impulso con las órdenes de las detenciones políticas de la alta dirección del gobierno y empresarios. Moro se convirtió en algo así como un símbolo, y muestra de ellos eran los carteles con su rostro que portaban los manifestantes el domingo. Varios juristas e intelectuales, sin embargo, ven en él un agente de policía al servicio de un sector político: aquel que quiere tomar el poder del PT a toda costa. Entre los argumentos de estos está que los actos del delegado tienen apoyo de los medios - que siempre ha estado contra el PT - y las clases altas.
La semana pasada, cuando Lula tuvo que ir con agentes a declarar en la Policía Federal, muchos se manifestaron sorprendidos cuando notaron que las cámaras de televisión y los periodistas del canal Globo ya estaban en la puerta del edificio donde el ex presidente vive en una ciudad periférica de San Pablo, al amanecer, antes de la llegada de las autoridades. El miércoles, una vez más, los audios grabados en los teléfonos se filtraron de inmediato a la prensa y por la noche, el Estado de Sao Paulo, el periódico conservador tradicional de la provincia de San Pablo, ya había publicado en su página web las transcripciones de todos estos. Para muchos es importante recordar que el diario Globo es el canal de televisión más grande de América Latina y el quinto más grande en el mundo en audiencia y el mismo que apoyó el golpe militar de 1964, cuando Brasil entró en un período de 20 años en manos del ejército. Según el gobierno, más de 450 personas murieron torturadas a manos del Estado durante ese tiempo.
La polémica está sobre la mesa y los audios pese a ser polémicos, aparentemente no constituyen una violación de la ley por parte de Lula o Rousseff. En la mayoría de las conversaciones, el ex-presidente charla con el líder del PT, Rui Falcão, y juntas de movimientos sociales como la CUT, un conglomerado de sindicatos que ha estado históricamente al lado de Lula. En una lectura más profunda de estas charlas, algunos sectores de la prensa y la oposición interpretan que Lula ha tenido la intención de bloquear el trabajo de la Policía Federal.
Mientras tanto sigue en marcha la idea de convocar el 21 de marzo, el próximo lunes, un paro general contra el gobierno, no obstante, hasta ahora ningún gran sector económico o político se ha sumado. ¿Caerá Lula?