Lula, el superministro

El expresidente no sólo se salva de ser investigado por la justicia ordinaria, sino que tendrá atributos casi presidenciales. La oposición está desconcertada.

Realmente “Brasil no es para principiantes”. Después de la mayor manifestación verdeamarela del país, en favor de la salida de la presidenta Dilma Rousseff y en contra de la corrupción en larga escala que se ha desatado con la operación Lava Jato, Rousseff tomó la decisión más trascendental, arriesgada y controvertida: nombrar como ministro de la Casa Civil, la cartera más importante del gobierno, al expresidente Lula da Silva. Se rumora que él tendrá poder de “Primer Ministro”.

En la historia reciente del país, será la primera vez que un expresidente vuelva al escenario político para ocupar el cargo de ministro. Cuando se piensa en expresidentes, se puede recordar que Itamar Franco fue embajador de Brasil en Portugal y José Sarney y Fernando Collor, senadores.

El círculo más cercano al Partido de los Trabajadores (PT) y a Rousseff tiene la expectativa de que la llegada de Lula al gobierno impida el impeachment (o juicio político) contra la presidenta y que traiga nuevos aires a su segundo mandato, y que sea literalmente la tabla de salvación para evitar su derrumbe.

La oposición afirma que este nombramiento es más que todo un escudo de protección para Lula de cara a las investigaciones en curso en el caso Petrobrás. Según Delcídio do Amaral, exlíder del PT, Lula era consciente de la cadena de sobornos entre empresarios y políticos e incluso ordenó comprar el silencio de algunos involucrados.

Una de las consecuencias directas es que Lula se liberará de la Operación Lava Jato y del péndulo de justicia del juez Sergio Moro (quien tiene a cargo la investigación). A esto se suma el fuerte descontento del pueblo brasileño, expresado sobre todo durante las protestas del último domingo, debido a que todos los ministros de Estado en Brasil tienen foro privilegiado y son juzgados por el Supremo Tribunal Federal. De este modo, el comando de estas investigaciones no estará más en manos de Moro, sino que pasará a ser de responsabilidad del procurador general de la República, Rodrigo Janot, y el juez será Teori Zavascki, cabeza del Supremo Tribunal.

En la práctica, las decisiones más relevantes del gobierno serían tomadas por el expresidente con la asesoría de los colaboradores que él pretende convocar, entre ellos el exministro Celso Amorim, nombrado como el mejor canciller del mundo en 2009.

Sin embargo, hay muchos interrogantes: si su toma de posesión es jurídicamente posible, ¿cuál es su grado de legitimidad? Hay que reiterar que en los últimos años se ha intentado transfigurar al héroe de ayer (“este es el tipo”, en palabras del presidente Obama) en el villano de hoy.

¿La llegada del expresidente Lula al equipo de gobierno significaría un cambio de rumbo del país y de estrategias? ¿El riesgo en Brasil disminuiría o se incrementaría? ¿Cómo reaccionarán los millones de brasileños que marcharon en la Avenida Paulista y en más de 200 ciudades del país? En caso de que el expresidente Lula lograra apagar los mayores incendios dentro de su propio partido y en la base aliada, ¿abriría su camino para un tercer mandato?

En un primer instante, pareciera que al segmento centro-derecha del país le falta asesoría de estrategas más sensibles. Celebraron con bombos y platillos la inclusión del expresidente en las investigaciones de la Operación Lava Jato y creyeron que con este acto magistral e histórico del juez Sergio Moro finiquitaban a Lula, derrumbaban a Rousseff y anticipaban las elecciones de 2018, pero aparentemente el tiro les salió por la culata.

Con todo, hay que recordar que el PT tuvo escuela en más de 500 años de corrupción y, así como hacen siempre los partidos políticos tradicionales brasileños en momentos decisivos, sacó de la manga una carta inesperada que dejó fuera de base a la oposición, que con seguridad no se detendrá en su ansia de poder ni dejará de usar sus métodos tradicionales.

Esta película va para largo, hasta que todas las castas políticas del país se reacomoden en un acuerdo tan contaminado como el de la transición democrática. Delatados todos, encarcelados algunos, justicia para los de siempre y el pueblo en espera de más pan y más circo.