Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los Lev Tahor llegaron a Guatemala hace más de una década. En este país ocurrió uno de sus escándalos más sonados en la prensa internacional: el 20 de diciembre de 2024, la fuerza pública y otras entidades llevaron a cabo un enorme operativo en la aldea El Amatillo, departamento de Santa Rosa. Según las autoridades, rescataron a 160 niñas, niños y adolescentes de posibles agresiones sexuales dentro de la misma comunidad.
Llevaban consigo una orden de captura contra un salvadoreño de 24 años identificado en redes sociales y medios de comunicación como “presunto líder” en Guatemala de Lev Tahor. Cuatro adolescentes que escaparon de esa agrupación lo habían denunciado ante el Ministerio Público (MP) por supuestos delitos sexuales.
Frente al juez que autorizó ese despliegue, el auxiliar fiscal del MP refirió el dictamen de una perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), especialista que comprobó signos físicos de abuso sexual en contra de uno de estos cuatro menores de edad, con “un palo de escoba en el ano”, entre otras prácticas. También solicitó de forma urgente la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, en la aldea. El temor era que otros menores de edad también estuvieran siendo víctimas de crímenes sexuales como abuso y material audiovisual de explotación sexual infantil o juvenil.
Los acontecimientos, sin embargo, no ocurrieron tal como trascendió públicamente. Esta investigación periodística de Nuestras Historias, CONNECTAS, Plaza Pública, Ruda y Prensa Comunitaria exhibe documentos y testimonios que ponen en duda si en este caso hubo excesos y negligencia de las autoridades guatemaltecas.
Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la PGN, afirma que en 2024 recibieron aproximadamente 20 “denuncias anónimas” en contra de miembros Lev Tahor por presunta violencia contra menores de edad en el interior de la comunidad. Incluso, una persona “decía que había visto niñas que estaban embarazadas”.
También informa que intervinieron la comunidad varias veces antes del operativo de diciembre, con el fin de constatar el estado de las niñas, niños y adolescentes. En 2024, “acompañamos y promovimos 18 exhibiciones personales”, dice Prera. Pero “los resultados fueron infructuosos”, porque los judíos Lev Tahor no colaboraron, por lo que no podían saber “si las denuncias que se tenían contra ellos eran ciertas o falsas”.
Durante el megaoperativo, el salvadoreño no estaba en El Amatillo. Fue capturado en El Salvador días después y extraditado a Guatemala, donde, hasta el cierre de esta investigación, se encontraba en prisión preventiva por los delitos de maltrato y violación contra menores de edad.
Consultamos con Reyes Juárez las razones del MP para llevarse a los niños. Explica que los adultos Lev Tahor vulneraron el derecho de identidad de los menores de edad, “al no indicar quiénes eran los padres, su nombre, nacionalidad y también por las denuncias que había tenido la PGN, donde mencionaban maltratos, embarazos y matrimonios forzados”.
El informe del MP, revelado en esta investigación, da cuenta de la magnitud del operativo ese 20 de diciembre: participaron más de 400 integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), fiscales y auxiliares del MP, técnicos de informática y analistas, así como 70 militares, patrullas y perros entrenados. Las familias narran que sobrevolaron helicópteros.
De acuerdo con el documento del MP, cuando las autoridades les preguntaron su nombre, nacionalidad y rol dentro de la congregación, los Lev Tahor “se pusieron a danzar, gritar y cantar”. No permitieron verificar el estado de salud de los menores de edad, quienes “gritaban sin razón”, y por ello presumieron que su seguridad podía estar en riesgo e intentaron entrar a la sinagoga. Al no conseguirlo, “con autorización de las autoridades máximas de cada institución”, decidieron “utilizar la fuerza pública”. El objetivo era “apartar a los varones adultos de las mujeres y niños”.
Así, 205 personas —mujeres adultas y los 160 menores de edad— fueron llevadas, primero, a las instalaciones de la PGN; luego, a un Juzgado de Paz y, finalmente, a hogares de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) para quedar bajo la protección del Estado.
El MP reconoce que durante el allanamiento no encontraron nada ilícito. No detectaron material gráfico de abuso infantil o juvenil y en toda la aldea solo había el equivalente a 100 dólares en moneda local, así como documentos simples con grafía impresa y manuscrita, certificados de nacimiento y un pasaporte sin valor para la investigación.
Durante los meses que duró la institucionalización de los niños y jóvenes en centros estatales de protección, los menores de edad vivieron varios episodios de violencia. Uno de ellos, porque al parecer los niños protestaron por la comida que les daban. De acuerdo con sus creencias religiosas, los judíos ortodoxos solo comen alimentos kosher, que siguen normas de pureza y preparación según dictan sus sagradas escrituras.
La SBS aseguró en un comunicado que, durante tres noches seguidas, niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas Lev Tahor alteraron el orden, destruyeron muebles y lo que encontraron a su paso. Además, atacaron al personal de la SBS y a los policías. Las familias denuncian que, para tratar de controlar la situación, las autoridades les rociaron gases lacrimógenos. “Fueron días de terror”, reconoce Marvin Rabanales García, secretario de Bienestar Social al hablar sobre lo ocurrido.
Tiempo después, personal de la SBS desalojó de Casa Nuestras Raíces a las madres Lev Tahor y mandó a los menores de edad a diferentes albergues. Una fuente de alto rango del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Área Metropolitana reveló bajo anonimato que, durante el desalojo, las autoridades confundieron a personas adolescentes con adultas y las sacaron por la fuerza.
Además, la subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez y la Adolescencia de la SBS, María José Ortiz Samayoa, añade que el desalojo ocurrió porque, al parecer, autoridades de Estados Unidos interceptaron la comunicación de un líder Lev Tahor detenido en Nueva York y dedujeron que las madres envenenarían a sus hijos.
El relator de la Región Metropolitana de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), Franck Steven Rios, da otra versión. Reconoce que fue él quien pidió a los jueces desalojar a las madres porque recibió “una denuncia anónima”, lo que los habilitó para ingresar al albergue y entrevistar a monitores y policías, y que estuvieron en contacto con personal de la SBS y de la PGN, en comunicación con la Embajada de Israel. También se basaron en información obtenida en internet. Por su parte, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la OPT respondió no tener conocimiento de ninguna denuncia o documento sobre la presunta intención de las madres judías de envenenar a sus hijos.
El abogado de las familias, Darío Vásquez Pérez, compartió a este equipo periodístico copias de las denuncias que, en febrero de 2025, presentaron familiares ante la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP. En una, acusan que un niño de 11 años fue presuntamente obligado a tener relaciones sexuales con trabajadores de la SBS, que lo abrazaban y promovían que otros infantes lo molestaran. En otra denuncia, la presunta víctima es un adolescente de 15 años, quien también presuntamente fue abusado sexualmente por personal de la SBS.
La subsecretaria Ortiz Samayoa niega estas versiones: “Eso no ha ocurrido. No se les va a poner a ver pornografía a los chicos. Si hubiera alguna denuncia concreta, haríamos un proceso disciplinario concreto y una denuncia penal concreta”. A su vez, en respuesta a una solicitud de información pública sobre posibles acciones penales y legales por estas presuntas conductas, la SBS informó la “inexistencia” de este tipo de denuncias. Debido a ello, “no puede iniciar procesos administrativos en contra de los trabajadores”.
Para Anally Maldonado, coordinadora del Centro de Atención de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi), una de las organizaciones sociales a cargo de las escuelas para padres, en la institucionalización de los 160 menores Lev Tahor “no se respetó la dieta e identidad cultural”. Agrega que, en lugar de darles protección a los infantes, se les criminalizó. Eso “llevó a la separación de las familias durante varios meses, lo cual repercutió en la salud mental de los niños, que reflejaron síntomas de depresión”.
Estas historias muestran que, en lugar de recibir una real protección a sus derechos más básicos, los niños Lev Tahor se han visto forzados a vivir su infancia en medio de disputas legales, religiosas y políticas, rodeadas de prejuicios y dilemas morales.
Si le interesa escuchar los testimonio de las madres y conocer más información sobre sus historias, ingrese acá al especial multimedia.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com
Por Nuestras Historias, CONNECTAS, Plaza Pública, Ruda y Prensa Comunitaria
