En los últimos días, Ivirgarzama, un pueblo ubicado en Chapare, Bolivia, fue escenario de linchamientos. El diario español El País documentó que tres hombres semidesnudos fueron golpeados e insultados por una multitud de personas, que los culparon de secuestrar niños. Uno de ellos fue rociado con gasolina y quemado vivo. Los otros dos fueron asesinados a golpes. Al parecer, tenían antecedentes judiciales, entre ellos el de un reciente intento de robo, por el cual terminaron siendo llevados por los mismos habitantes a una estación policial, de donde fueron sacados posteriormente y llevados a la plaza, donde murieron torturados.
Esta zona, donde se consolidó como líder social el expresidente Evo Morales, además de ser una de las áreas rurales más ricas del país gracias al cultivo de la hoja de coca, tiene una población de 393.000 personas, pero casi no tiene policías. Allí solo residen unos 25 efectivos. El periódico español menciona que detrás de esto habría razones políticas, vinculadas con la idea de permitir la autorregulación comunitaria, como lo han tratado de impulsar los gobiernos del Movimiento al Socialismo, al replegar a los agentes de allí.
Los videos que han circulado sobre los hechos muestran que una mujer dijo: “Hay que matarlos, no pueden venir aquí”. Otras grabaciones dan cuenta de cómo los tres hombres fueron sacados de la estación policial, a patadas y golpes, sin que los agentes hicieran nada. El Gobierno condenó lo sucedido y envió unos fiscales a investigar. Ellos determinaron que habría un “pacto de silencio” que les estaría impidiendo dar con los responsables. Ahora bien, esto no es algo nuevo. De hecho, un estudio citado por El País muestra que entre los años 2005 y 2011 se dieron a conocer 193 casos de linchamiento y 373 víctimas. La prensa ha reportado otros más.
En 2014, la BBC informó que presuntos ladrones fueron quemados, golpeados, colgados o ahogados por turbas enardecidas en poblaciones rurales de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En uno de esos casos, los golpeados fueron seis jóvenes de entre 14 y 17 años, a quienes luego los pobladores reconocieron haber confundido con presuntos ladrones. “Por lo general argumentan que están aplicando la justicia comunitaria ante la inoperancia de los agentes de justicia”, comentó al medio británico el coronel Remy Ampuero, quien para entonces era el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba.
Por su parte, el abogado Waldo Albarracín, exdefensor del pueblo, aseguró ante la BBC que el linchamiento “no tiene nada que ver con la justicia comunitaria, es un acto de masas donde la turba enardecida sorprende a una persona que puede o no ser culpable. Resuelven ahorcarla, golpearla, terminan matado. No tiene que ver con la realidad de la justicia comunitaria”.
Detrás de ello, según él, estaría el hecho de que la seguridad ciudadana se estaría convirtiendo en un privilegio para aquellos que tienen con qué pagar un guardia para la calle o el barrio, y también la percepción de que “cuando una persona es detenida por alguna circunstancia, más tarda en entrar que en salir de la reja”. De hecho, Ampuero mencionó que quienes linchan a otros saben que no están aplicando justicia comunitaria, sino que están cometiendo un asesinato.
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