¿Quién captó la imagen?

La operación de la Marina de México, que culminó con la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, y seis de sus sicarios, ha hecho brotar nuevas incógnitas. ¿Quién brindaba protección al narcotraficante hasta el punto de que vivía en un conjunto residencial de lujo y hacía del Estado de Morelos su feudo? ¿El hecho de que no haya sido realizada por el Ejército, sino por la Armada (que forman parte de dos Ministerios distintos), obedece a suspicacias con respecto al primero? Y la pregunta más polémica: ¿cómo pudo permitirse la manipulación del cadáver del narcotraficante y su respectiva fotografía de billetes ensangrentados, si en todo momento estuvo bajo resguardo de efectivos de la Marina?

El viernes pasado, el golpe más importante en lo que va de la guerra en contra del crimen organizado, comenzó a verse manchado por la indignación que generó el que se haya permitido la publicación de las imágenes en donde el cuerpo de Beltrán Leyva aparece ensangrentado, semidesnudo y tapizado de billetes mexicanos y estadounidenses. Fue hasta la noche de ese día cuando la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior) salió a declarar que el exitoso operativo era resultado de la cooperación interinstitucional y a deslindar a la Marina de la polémica imagen.

“Con relación a la fotografía publicada en la que aparece el occiso desvestido y cubierto con billetes, ninguna institución del gobierno federal es responsable de su publicación, ya que los procedimientos legales establecidos no permiten a los elementos navales realizar funciones de peritaje. El gobierno federal está colaborando con el gobierno del estado de Morelos para investigar al personal que realizó el peritaje, tomó las fotografías y difundió las mismas”, rezaba el comunicado oficial de la Secretaría.

En otras palabras, el gobierno tuvo el cuidado de proteger con decenas de efectivos del Ejército y la Marina los restos de Beltrán Leyva, quienes custodiaron en todo momento por temor a un rescate o a una venganza, hasta que el narcotraficante fue sepultado el domingo en Culiacán, Sinaloa, pero no ha informado aún cómo y con qué propósito se permitió la manipulación del cadáver y la realización de las fotografías.

El Ejército instaló a lo largo del fin de semana retenes en las principales entradas y salidas de Cuernavaca, la capital morelense. Tras la muerte del narcotraficante, el gobierno continúa la búsqueda de sus subalternos, entre ellos su jefe de sicarios Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.

Todo parece indicar que los morelenses tendrán que acostumbrarse a las pesquisas. El periódico El Universal revelaba ayer que el capo había ofrecido un pacto a las autoridades de Morelos para “limpiar” el Estado de inseguridad a cambio de que le dejaran operar sus negocios a gran escala. En este esquema, los rateros de poca monta o criminales menores que no se ajustaran a su control serían eliminados. Marco Antonio Adame, gobernador del estado, quien hace meses tuvo que nombrar nuevos mandos policiales, pues los que tenía fueron detenidos bajo la acusación de servir al crimen organizado, desmintió que se haya realizado pacto alguno.

Y aunque ha sido unánime el reconocimiento al gobierno por haber descabezado uno de los grupos criminales más poderosos y sanguinarios, el debate no ha estado exento de preguntas sobre si se están cuidando los márgenes legales.

Carlos Puig escribió en su columna del sábado en el diario Milenio: “Si alguien dudaba que esto era una guerra, basta mirar el operativo en Cuernavaca recordando la Constitución y las leyes mexicanas. ¿Dónde estaba el Ministerio Público? ¿A qué orden de aprehensión correspondió el operativo? ¿A qué orden de cateo? ¿A quién avisó la Marina? ¿A la PGR (Fiscalía)? ¿A Los Pinos (residencia del presidente del gobierno)? ¿A la Gobernación? ¿A nadie? ¿Ya se mandan solos? ¿Las fuerzas armadas actuaron sin supervisión minuciosa del Gobierno?”.

Posible retaliación cobra cuatro vidas

Cuatro miembros de la familia de Melquisedet Ángulo Córdova, el marino mexicano que murió en el enfrentamiento contra los sicarios de Arturo Beltrán Leyva el miércoles pasado, fueron asesinados antes de la medianoche del lunes en la comunidad de Quintín Aráuz, en el municipio de Paraíso, México.

Las víctimas fueron la madre, Irma Córdova Pérez; dos hermanos, Yoliadbey y Benito Angulo Córdova y una de las tías del fallecido combatiente.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, los crímenes habrían sido cometidos por un grupo armado de Tabasco, que presuntamente atacó la vivienda en la que se encontraban los familiares.

Los homicidios parecen ser una retaliación del cartel de los Beltrán Leyva contra uno de los personajes más visibles del operativo que acabó con la carrera criminal de su máximo líder. El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, había anunciado la semana pasada que era muy posible que se iniciara una serie de atentados en represalia al operativo, así como enfrentamientos entre miembros del mismo cartel y narcotraficantes rivales.