2 Aug 2021 - 2:00 a. m.

¿Quién detiene a Daniel Ortega?

El plan de la pareja presidencial nicaragüense es quedarse en el poder sin importar a quién tengan que detener o qué organización deban cerrar. Ninguna condena internacional les importa; ahora lanzan un nuevo desafío: nacionalizar a un expresidente salvadoreño acusado de corrupción; otro exmandatario de ese país también recibió refugio de los Ortega.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (i); el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén (c), y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (i); el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén (c), y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Foto: Jorge Torres

El 28 de agosto de 2020 se desató en Nicaragua una crisis que está poniendo a prueba a la comunidad internacional: la detención de centenares de personas críticas del gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. De acuerdo con la Organización de Víctimas de Abril (OVA), de los 156 “presos políticos”, como los califica la oposición, 146 fueron arrestados en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018.

La nueva ola represiva, que se desató hace dos meses, ha sumado 31 personas más tras las rejas: siete aspirantes a la Presidencia, un excanciller, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, una defensora de derechos humanos, dos líderes campesinos, dos dirigentes estudiantiles, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, un exdiputado, un periodista, un comentarista, tres trabajadores y cinco dirigentes opositores.

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¿Qué busca el clan Ortega? De acuerdo con Sergio Ramírez, exvicepresidente de Nicaragua y escritor, el plan maestro es impedir unas elecciones transparentes. “La decisión cerrada de Daniel Ortega, quien llegó por segunda vez a la presidencia en 2007, es reelegirse una vez más, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Así alcanzaría veinte años consecutivos de mando, sin contar los diez que gobernó en el período de la revolución en los años 80, con lo que superaría con creces a cualquier miembro de la familia Somoza, que gobernó el país directa o indirectamente entre 1937 y 1979”, escribió en una columna en el periódico The New York Times.

Y nada parece detenerlo. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea impusieron sanciones a varios miembros del gobierno de Ortega; no le importó y aceitó su maquinaria para establecer una alianza estratégica con Rusia, país con el que selló una “alianza técnico-militar”, que comprende compra de armas más modernas y entrenamiento de militares para condiciones específicas. Además, selló un acuerdo para la compra de vacunas Sputnik V contra el coronavirus —pandemia que los Ortega negaron— y quieren producir el antídoto ruso en laboratorios del país.

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Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo le pidió dejar de “acosar y asediar a los opositores y disidentes políticos en Nicaragua, y que cesen las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica; y pide, además, “liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente. “Daniel Ortega ha demostrado, con las detenciones de candidatos presidenciales, líderes estudiantiles y del sector privado, que no va a permitir elecciones libres el próximo 7 de noviembre, porque sabe que va a perder. Y aunque la comunidad internacional ha reaccionado con una condena total, a él y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, simplemente no les importa”, explicaba en este diario Cynthia Arnson, del Woodrow Wilson Center. Con ese escenario, ¿quién detiene a Ortega?

Las miradas se posan sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya intentó una resolución de condena. En junio pasado, veinte expresidentes latinoamericanos le solicitaron de manera urgente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué pasaría entonces? Si se convoca el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA se expulsaría a Nicaragua de ese órgano y se aislaría al presidente Daniel Ortega de la comunidad internacional.

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Esta semana Ortega aumentó su desafío: ordenó el cierre de 24 organizaciones no gubernamentales que operan en su país, la mayoría médicas, acusándolas de incumplir las normas de funcionamiento, pero los afectados denuncian una represalia por criticar el manejo de la pandemia. A eso se sumó otra polémica decisión: le otorgó la nacionalidad nicaragüense a Salvador Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador de 2014 a 2019, buscado por la justicia de su país y por la Interpol por presunta corrupción. Según las autoridades salvadoreñas, Sánchez Cerén recibió US$530.000 en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014), bajo el Gobierno de Mauricio Funes, quien a su vez es investigado por supuesta malversación de US$351 millones del presupuesto estatal. Funes también fue nacionalizado en Nicaragua en 2019.

“Aplicar medidas efectivas”

La semana pasada, un grupo de exgobernantes de España y América Latina instaron a la OEA a desplegar “acciones más efectivas” para que cesen las persecuciones y enjuiciamientos de quienes se oponen al “régimen dictatorial” de Nicaragua.

Los exjefes de Estado y de gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) señalaron en una declaración que “los gobiernos democráticos mal pueden permanecer indiferentes ante la muy grave situación” que atraviesa Nicaragua.

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Dicen que “no se deben obviar los mecanismos de defensa de la democracia que legítimamente provee el derecho internacional”. Y a los organismos multilaterales les señalan que “han de tener presentes las obligaciones de prevención que les imponen sus estatutos, ante situaciones que presagian transformarse en tragedias humanitarias”.

Por su parte, Marco Rubio, senador republicano por Florida, le pidió a Joe Biden aumentar la presión; su gobierno ha suspendido las visas a más de cien funcionarios y en sus sanciones incluyó a hijos y nietos de Ortega. “No se puede guardar silencio mientras los derechos humanos de los nicaragüenses son golpeados por un dictador en el hemisferio occidental; el colapso de la democracia en Nicaragua representa una amenaza para los ciudadanos y para la estabilidad de la región”, advierte.

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