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Quién es Gabriel García, el fiscal que deberá reorganizar la Fiscalía de Guatemala

Gabriel Estuardo García Luna asume la Fiscalía de Guatemala con la presión de desmontar la persecución judicial denunciada durante la gestión de Consuelo Porras y recuperar la credibilidad de una institución señalada por criminalizar a periodistas, activistas y exfiscales.

Redacción Mundo y Agencia EFE

17 de mayo de 2026 - 07:30 p. m.
Guatemala's new attorney general Gabriel Garcia Luna gestures during a press conference at the Public Ministry headquarters in Guatemala City on May 17, 2026. Garc�a Luna, took office this Sunday and pledged to restore confidence in the institution and to fight corruption and organized crime, following the departure of Consuelo Porras, who has been sanctioned by more than 40 countries. (Photo by JOHAN ORDONEZ / AFP)
Foto: AFP - JOHAN ORDONEZ
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El abogado Gabriel Estuardo García Luna, un letrado que ha escalado toda la estructura del sistema judicial de Guatemala, es a partir de este domingo un nuevo rostro en la justicia al asumir la jefatura del Ministerio Público (MP, Fiscalía), un ente acusado de criminalizar la disidencia durante la gestión de la fiscal saliente Consuelo Porras.

García Luna, de 49 años, es el hombre llamado a rescatar la institucionalidad de la persecución penal en Guatemala tras ser designado en el cargo este mes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, como establece la ley.

El abogado estará reemplazando a Consuelo Porras, que estuvo en el cargo durante dos períodos consecutivos marcados por las sanciones por corrupción por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), que acusaron a la entonces fiscal general de socavar la justicia y la democracia en Guatemala.

Graduado de la universidad Rafael Landívar (privada) y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos (pública), García Luna ha consolidado una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, que comenzó desde las posiciones iniciales de oficial y secretario de tribunales, hasta convertirse en juez y magistrado de Apelaciones en el ramo penal.

Entre otros, colaboró como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal y fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial del sistema de justicia guatemalteco.

“Yo ya conocía al doctor García Luna anteriormente porque, al igual que mi persona, ha sido juez durante mucho tiempo”, afirmó esta semana el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, quien deberá trabajar en conjunto con el nuevo fiscal general.

El funcionario anticipó un acercamiento inmediato con García Luna ante las demandas que establece la colaboración entre ambas instituciones.

“Ahora que le tocará asumir el cargo de fiscal general, le haré en su momento una visita de cortesía y ya comenzaremos a platicar de todas estas coordinaciones que son necesarias para la seguridad del país”, puntualizó el ministro.

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Ejes de un nuevo plan de trabajo

El plan de trabajo con el que García Luna toma posesión se fundamenta en 14 ejes estratégicos, que se sustentan en el rescate de los principios constitucionales de autonomía de la Fiscalía y la objetividad de la persecución penal a cargo del Ministerio Público, fuertemente erosionados en los últimos años.

Entre sus prioridades técnico-penales sobresale el combate a la delincuencia transnacional - enfocado en el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas - y el fortalecimiento de la investigación criminal, según aseveró ante la comisión de Postulación que lo designó como uno de los candidatos finales al cargo.

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Asimismo, durante su entrevista ante dicha comisión, aseguró que “un fiscal no defiende intereses particulares y debe actuar con cero injerencia externa”.

En ese contexto, el mandato de García Luna arranca con la enorme presión de la sociedad civil para detener la persecución judicial contra periodistas, activistas y exfiscales, que llevaron a casi un centenar de personas a salir al exilio debido a las amenazas de cárcel por parte de Porras.

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Además, su principal desafío en los próximos cuatro años será demostrar que la Fiscalía puede operar de forma autónoma y coordinarse con el Ejecutivo sin someterse a agendas políticas.

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