Recordados y ¿ejecutados?
El nuevo capítulo comenzó el pasado 24 de enero, aunque sus raíces estuvieran 37 años atrás, cuando el golpe militar liderado por Augusto Pinochet acabó con el gobierno socialista de Salvador Allende.
Redacción Internacional
La dictadura se extendió desde 1973 hasta 1990 y calló a la fuerza cientos de voces que se oponían a sus métodos y a su filosofía.
Y la historia se reactivó en enero porque la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, entregó al juez Mario Carroza 726 querellas de familias que al parecer son víctimas de esa dictadura.
El último caso es el del general Alberto Bachelet, padre de la exmandataria Michelle Bachelet. Tras la designación de Carroza, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos sumó una querella más a la lista: preso como estuvo desde que los militares tomaron el poder y él se negó a apoyar el golpe, Bachelet quizá no murió de un infarto como se cree, sino a raíz de las torturas en la cárcel. El pecado de Bachelet, muerto a la edad de 51 años en 1974, había sido entablar una gran amistad con Allende y declararse en contra de la toma militar del poder.
Carroza —quien en mayo había ordenado la exhumación del cadáver del expresidente Allende para determinar si su muerte se debió a un disparo de gracia disfrazado de suicidio, o en efecto se trató de una muerte autoinfligida en el Palacio de la Moneda— decidió abrir una causa judicial para reactivar el caso del exgeneral.
Estos dos procesos, sin embargo, no son los únicos que hoy la memoria chilena invita a rescatar y esclarecer. El pedido de verdad y justicia viene desde el año pasado, cuando se emprendieron nuevas investigaciones para hallar la real causa de muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Frei, por supuesto una voz incómoda para el gobierno de Augusto Pinochet, falleció en 1982 en la Clínica Santa María de Santiago.
Fue internado por una cirugía sencilla en el hiato, pero con los días apareció una infección que lo llevó a la muerte. Las sospechas dicen que la dictadura lo envenenó, entre otras cosas porque sus órganos fueron extirpados y desaparecieron en una autopsia no autorizada por la familia.
La agrupación de familiares también pidió al juez Carroza investigar la muerte de Pablo Neruda ocurrida en la misma clínica Santa María 12 días después del golpe de Estado. Dicen que se debió al cáncer de próstata que padecía el poeta, pero dicen del mismo modo que un médico de la dictadura le aplicó una inyección letal. El avance de investigaciones dirá la verdad.
La dictadura se extendió desde 1973 hasta 1990 y calló a la fuerza cientos de voces que se oponían a sus métodos y a su filosofía.
Y la historia se reactivó en enero porque la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, entregó al juez Mario Carroza 726 querellas de familias que al parecer son víctimas de esa dictadura.
El último caso es el del general Alberto Bachelet, padre de la exmandataria Michelle Bachelet. Tras la designación de Carroza, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos sumó una querella más a la lista: preso como estuvo desde que los militares tomaron el poder y él se negó a apoyar el golpe, Bachelet quizá no murió de un infarto como se cree, sino a raíz de las torturas en la cárcel. El pecado de Bachelet, muerto a la edad de 51 años en 1974, había sido entablar una gran amistad con Allende y declararse en contra de la toma militar del poder.
Carroza —quien en mayo había ordenado la exhumación del cadáver del expresidente Allende para determinar si su muerte se debió a un disparo de gracia disfrazado de suicidio, o en efecto se trató de una muerte autoinfligida en el Palacio de la Moneda— decidió abrir una causa judicial para reactivar el caso del exgeneral.
Estos dos procesos, sin embargo, no son los únicos que hoy la memoria chilena invita a rescatar y esclarecer. El pedido de verdad y justicia viene desde el año pasado, cuando se emprendieron nuevas investigaciones para hallar la real causa de muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Frei, por supuesto una voz incómoda para el gobierno de Augusto Pinochet, falleció en 1982 en la Clínica Santa María de Santiago.
Fue internado por una cirugía sencilla en el hiato, pero con los días apareció una infección que lo llevó a la muerte. Las sospechas dicen que la dictadura lo envenenó, entre otras cosas porque sus órganos fueron extirpados y desaparecieron en una autopsia no autorizada por la familia.
La agrupación de familiares también pidió al juez Carroza investigar la muerte de Pablo Neruda ocurrida en la misma clínica Santa María 12 días después del golpe de Estado. Dicen que se debió al cáncer de próstata que padecía el poeta, pero dicen del mismo modo que un médico de la dictadura le aplicó una inyección letal. El avance de investigaciones dirá la verdad.