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La noche del 4 de mayo, los teléfonos y redes sociales de los activistas por los derechos de los migrantes en Nashville, en el estado de Tennessee en Estados Unidos, se llenaron de alertas, algunas con videos temblorosos grabados con celular que mostraban escenas similares: las calles principales del sur de la ciudad, donde viven muchas familias migrantes, aparecían iluminadas por las luces rojas y azules de los patrulleros y el brillo amarillento de los faros de los autos sin identificación. Algunos hombres con camisas caqui y sombreros de ala ancha se acercaban a los carros, mientras otras figuras con chalecos tácticos se movían detrás en la oscuridad.
Rápidamente, quedó claro cómo operaban: los agentes de la Patrulla de Carreteras de Tennessee (Tennessee Highway Patrol, THP) detenían a los conductores y luego los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) los arrestaban. Las 150 detenciones que realizaron esa noche, según la THP, formaban parte de una “operación de seguridad pública” que buscaba intervenir en “zonas con un historial de accidentes de tráfico graves y presunta actividad de pandillas”.
El operativo era parte de un esfuerzo nacional por cumplir la promesa electoral del presidente Donald Trump de lanzar “la mayor campaña de deportaciones de la historia”. Según el propio Trump, esta iniciativa priorizaría a los criminales de alto perfil y al crimen organizado: narcotraficantes, traficantes de personas y pandillas con raíces en América Latina.
El gobierno la ha denominado la estrategia de “los peores primero” (“worst first”). Entre sus principales objetivos estaban la Mara Salvatrucha, o MS13, nacida en Los Ángeles, y el Tren de Aragua, la banda carcelaria de origen venezolano que se ha expandido por toda América aprovechando el éxodo de personas que huyen de la pobreza, la inseguridad y la represión política en Venezuela.
“Vamos a sacar a todos esos criminales, asesinos y narcotraficantes. A esos criminales sanguinarios y despiadados los meteré en prisión o los sacaré del país”, afirmó Trump.
Pero si estas operaciones tenían el objetivo de desmantelar grupos criminales, hay poco en los registros públicos que lo demuestre. Durante los operativos en Nashville, las autoridades solo detuvieron a un presunto miembro de la MS13 y a uno del Tren de Aragua. La operación, en cambio, generó una fuerte controversia política, provocó rechazo en la comunidad y dejó a muchos migrantes de la ciudad viviendo con miedo constante.
El operativo en Tennessee fue un microcosmos de los conflictos que ha generado la ofensiva nacional contra la migración, justificada por la amenaza del crimen organizado latinoamericano. Con dos de los grupos criminales más notorios del continente en el centro del debate, InSight Crime buscó determinar la naturaleza de estas redes y el nivel de amenaza que representan en Tennessee, y compararlo con la respuesta del gobierno y sus repercusiones en las comunidades locales.
Este artículo, el primero de los tres que componen esta investigación, relata la magnitud del operativo y sus repercusiones. Los otros dos analizan las operaciones en Tennessee de los grupos criminales en cuestión: la MS13 y el Tren de Aragua, dos de las organizaciones criminales más violentas del continente. Los reportajes se basan en decenas de entrevistas con funcionarios judiciales y de seguridad, trabajadores comunitarios y activistas, familiares de los detenidos, abogados migratorios, líderes políticos y expertos de todos los sectores del debate. También se revisaron múltiples expedientes judiciales, declaraciones públicas de funcionarios de todo el país y datos específicos, de varias décadas, sobre el crimen y la migración.
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Los efectos de estas medidas represivas aún perduran. Aunque el gobierno asegura haber deportado cifras récord de miembros de pandillas, y los defensores de estas políticas sostienen que los operativos son una herramienta esencial para combatir las redes criminales transnacionales, las autoridades se niegan a divulgar los detalles necesarios para comprobar esos resultados.
En cambio, la información disponible sugiere que el alcance de los operativos se ha ampliado mucho más allá del principio de “los peores primero”, lo que ha socavado la confianza entre algunas de las comunidades más afectadas por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad encargadas de combatirlo. Pero más allá de eso, estas operaciones representan la manifestación más visible de un cambio profundo en la forma en que el gobierno de Estados Unidos aborda no solo la migración, sino también la lucha contra el crimen organizado, con implicaciones que podrían tener un impacto duradero en la política de seguridad estadounidense.
Migración y pandillas en Tennessee
El nuevo enfoque nacional de ICE comenzó a principios de febrero, con una serie de “operativos reforzados de control migratorio” en varias ciudades del país. El comunicado que anunciaba las redadas ofrecía pocos detalles, pero incluía una serie de fotografías en las que se veían arrestos de presuntos miembros de la MS13 y del Tren de Aragua en Maryland y Carolina del Sur.
En menos de un mes, ICE realizó operaciones similares en todo el país. La mayoría se extendieron por varios días y contaron con la participación de otras agencias federales, estatales y locales. En cada operativo se arrestaron decenas, incluso cientos, de personas. Las redadas se llevaron a cabo en Texas, California, Nuevo México, Virginia, Kentucky, Carolina del Norte, Georgia, Massachusetts, Alabama, Nueva York, Florida y Maryland, antes de llegar a Tennessee.
Tennessee era un objetivo lógico. Ubicado en el sureste de Estados Unidos, el estado refleja muchas de las dinámicas del crimen organizado y la migración que han pasado a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad del gobierno de Trump. Según las cifras del censo de 2024, los residentes nacidos en el extranjero representan alrededor del 6% de la población total del estado y el 15% en Nashville. Aunque es difícil calcular con precisión el número de migrantes indocumentados, el American Immigration Council estima que cerca de 156.000 personas viven en el estado, empleadas en sectores como la construcción y la hotelería en centros urbanos, así como en la agricultura, que constituye la columna vertebral de la economía rural de estado.
Pero Tennessee también enfrenta problemas de pandillas y altos índices de homicidios en sus principales ciudades, además de la trata de personas y elevados niveles de adicción al fentanilo. Organizaciones criminales como la MS13 y el Tren de Aragua están presentes en comunidades migrantes, donde cometen delitos graves, en su mayoría contra los propios miembros de esas comunidades.
De las dos, la MS13 tiene una presencia mucho más antigua. La pandilla opera en Nashville desde hace más de dos décadas, y la ciudad ha sido escenario de dos grandes investigaciones por conspiración criminal que han llevado a múltiples condenas por cargos que van desde asesinato hasta secuestro.
La presencia del Tren de Aragua, sin embargo, es más difícil de precisar. Las fuerzas del orden estatales advirtieron por primera vez sobre los avances del Tren de Aragua en Tennessee a finales de 2024. Aunque desde entonces han enfrentado críticas por exagerar la amenaza que representa, en 2025, fiscales federales presentaron cargos por trata de personas con fines de explotación sexual contra lo que afirman es la primera célula organizada del Tren de Aragua en el estado.
Un operativo de gran alcance
Desde el inicio de la operación en Nashville, quedó claro que ICE y la policía estatal estaban realizando detenciones generalizadas. Los observadores legales describieron a InSight Crime cómo los agentes de la THP detenían a los conductores por infracciones menores de tráfico. Primero, los agentes de la THP se acercaban a los vehículos, y luego los oficiales de ICE exigían pruebas del estatus migratorio. Si alguno de los ocupantes del vehículo no podía proporcionarlo, ICE los subía a sus vehículos y se los llevaba rápidamente.
A veces los oficiales de ICE pedían ver los tatuajes de las personas, pero activistas que hablaron con InSight Crime aseguraron que no observaron a ninguna autoridad realizar verificaciones de antecedentes penales en el lugar, ni intentos serios por establecer vínculos o historiales criminales. Más allá de concentrar las operaciones en las principales avenidas de los barrios de la población migratoria, afirmaron, no había indicios de que las detenciones de vehículos estuvieran dirigidas a individuos específicos.
“No creo que hubiera ningún criterio o razón. Simplemente, detenían a quien en ese momento les parecía latino”, dijo a InSight Crime, Jazmin Ramírez, activista por los derechos de los migrantes y organizadora comunitaria que presenció dos arrestos mientras ejercía funciones de observadora legal.
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Tanto las autoridades estatales como las federales se han negado a divulgar más que una muestra limitada de información sobre las personas detenidas, que fue obtenida por periodistas locales. Esa muestra incluía datos sobre la etnicidad de 34 conductores: 29 eran latinos, dos asiáticos, dos afroamericanos y uno blanco.
La secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, jefa del Departamento de Seguridad Nacional —del cual depende ICE—, negó las acusaciones de perfilamiento racial durante el operativo.
“¿Tienen alguna evidencia de que alguien haya sido detenido específicamente por su raza o creencias?”, respondió, al respecto, cuando periodistas en Nashville le preguntaron. “Cada una de las operaciones que hemos realizado se ha basado en investigaciones y reportes de actividades criminales”.
Sin embargo, los activistas dijeron que cualquiera que cayera en el operativo corría el riesgo de ser arrestado. En una ocasión, observadores legales documentaron cómo agentes de ICE separaban a una madre de sus hijos. En otra, detuvieron a un hombre frente a un grupo de niños que esperaban el autobús escolar.
Durante el operativo, gran parte de la comunidad migratoria de Nashville prácticamente se confinó en sus casas, saliendo solo cuando era absolutamente necesario.
“Fue un silencio raro, inquietante. No había gente en las calles, los negocios estaban vacíos —un temor constante de ‘¿será ese el vehículo?’”, relató Ramírez.
A pesar de que las autoridades afirmaron que el operativo estaba dirigido contra las pandillas, hubo pocos indicios de que intentaran recabar información o construir casos tras los arrestos. En cambio, a muchos detenidos no se les garantizó el debido proceso y los derechos que les corresponden en el sistema judicial estadounidense, incluido el derecho a un abogado o el de realizar una llamada telefónica.
Muchos de los arrestados fueron movidos entre distintas cárceles de Tennessee antes de ser enviados a un centro de detención de ICE en Luisiana, a más de 800 kilómetros de distancia. Algunos permanecieron encadenados y esposados y no recibieron alimentación ni atención médica adecuada, según múltiples testimonios de detenidos, familiares y activistas.
“Los trataron como si no fueran humanos”, dijo Chelsea White, cuyo esposo mexicano, Hilario Martínez García, fue detenido durante el operativo por la THP en colaboración con ICE en las afueras de Nashville.
Mientras algunos detenidos lograron comunicarse con sus familias, muchos otros no. Para algunos, la primera noticia llegó cuando sus familiares recibieron llamadas desde Guatemala, El Salvador o México.
White no supo nada de su esposo durante una semana. “No tenía idea de dónde estaba, qué estaba pasando, si estaba bien o no”, contó.
Desde el operativo, no hay indicios de que las autoridades hayan presentado cargos penales contra quienes fueron arrestados. En muchos casos, los funcionarios migratorios presionaron a los detenidos para que firmaran documentos de autodeportación, que muchos no comprendían, ya que solo estaban disponibles en inglés, según contaron activistas y familiares a InSight Crime.
El esposo de White terminó firmando esos documentos tras una audiencia en la que el juez le advirtió que permanecería detenido indefinidamente si decidía luchar por su caso.
“Había personas que llevaban meses ahí y ni siquiera tenían fecha de audiencia. Él temía que ese fuera su destino”, explicó.
White, una ciudadana estadounidense que ha vivido toda su vida en Tennessee, se mudó a México con sus tres hijos para mantener a su familia unida. Mientras intenta reconstruir su vida, le indigna que se diga que el operativo que destruyó a su familia apuntaba contra el crimen organizado. Cuando Trump prometió que su gobierno iría tras los pandilleros y los criminales de alto perfil, ella le creyó, dijo en una entrevista telefónica desde México. “Pero no está yendo solo tras esas personas. Está yendo tras gente normal, que trabaja y vuelve a su casa. Gente de familia.”
Cientos de ‘extranjeros’, pero pocos pandilleros
El operativo de Nashville duró una semana, al cabo de la cual ICE informó que sus agentes habían arrestado a 196 “extranjeros ilegales criminales”. De ellos, 95 —es decir, menos de la mitad— tenían antecedentes penales o procesos judiciales pendientes.
Aunque ICE se negó a divulgar información sobre los antecedentes de esos 95 detenidos, sí ofreció algunos detalles sobre siete “arrestos destacados”. Sus expedientes incluían delitos como violación, violencia doméstica, abuso sexual, agresión agravada, posesión de drogas e intención de distribución. Encabezaban la lista dos presuntos miembros de pandillas.
Uno de ellos era Franklin Velásquez, un supuesto integrante de la MS13 originario de El Salvador. Velásquez había sido condenado en Estados Unidos por posesión de drogas, inasistencia a audiencias judiciales y suplantación de identidad, y era buscado en El Salvador por cargos de homicidio agravado. Sin embargo, no se proporcionó información sobre el papel, si es que tenía alguno, que Velásquez desempeñaba en la MS13 en Nashville. Tampoco había mención de su nombre en un caso de la MS13 que concluyó en julio de 2024 con la condena de 18 miembros de la banda.
El otro detenido con presuntos vínculos con el crimen organizado, según el comunicado, era un venezolano de 37 años cuyo nombre no fue revelado, y a quien ICE describió como un “miembro afiliado” del Tren de Aragua. Pero una declaración posterior del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), que ofrecía más información sobre los “arrestos destacados”, no mencionó al presunto integrante del Tren de Aragua.
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Las autoridades federales bloquearon todos los intentos por obtener más información. ICE se negó a proporcionar detalles sobre el supuesto miembro del Tren de Aragua o sobre los demás detenidos, y tampoco respondió a la solicitud de InSight Crime para hablar sobre el operativo. El DHS, por su parte, remitió a InSight Crime un enlace a su comunicado de prensa.
Cuando el departamento jurídico de la alcaldía de Nashville solicitó al DHS y a la THP los detalles de los detenidos, la THP respondió que no existían tales documentos, mientras que el DHS no respondió en absoluto. La THP también se negó a divulgar todos los registros de los controles de tráfico realizados desde la primera noche, salvo los que habían sido objeto de una fuerte censura, lo que hizo imposible verificar dónde, cuándo, por qué o cómo fueron detenidos Velásquez y el presunto miembro del Tren de Aragua.
Los resultados del operativo especial de ICE en Nashville reflejaron un patrón similar al observado a nivel nacional. Entre marzo y finales de mayo —cuando nuevas órdenes llevaron a un cambio en las tácticas de ICE—, la agencia informó haber realizado 22 operativos especiales de control. En más de la mitad de los casos, las pandillas y las redes criminales transnacionales fueron mencionadas explícitamente como objetivos prioritarios. Sin embargo, de las 6.022 personas detenidas en estos operativos, solo 27 fueron identificadas como presuntos pandilleros o con vínculos con pandillas —menos del 0,5%—, y apenas ocho de ellas fueron identificadas por nombre.
Las declaraciones públicas de ICE pueden ofrecer solo una versión parcial del panorama, y es posible que las personas arrestadas en estos operativos no fueran los únicos presuntos pandilleros detenidos en ese periodo. Aun así, los datos completos disponibles ilustran un cuadro similar.
Según un análisis del Instituto Cato que combinó datos públicos del gobierno con información interna de ICE, la agencia detuvo a 204.297 personas entre octubre de 2024 y junio de 2025. De ellas, el 65,4% no tenía condenas ni cargos criminales pendientes. Aunque el conjunto de datos no incluía información sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, los registros mostraban que un 6,9% había sido detenido por delitos violentos y otro 4,5% por delitos relacionados con “vicios” —como drogas, juegos de azar y comercio sexual— a veces vinculados a la actividad de pandillas.
Una reacción dividida entre las fuerzas del orden
La respuesta al operativo de ICE en Nashville fue inmediata. Los activistas organizaron grupos de observadores legales, bloquearon las instalaciones de ICE donde se retenía a los detenidos y lanzaron campañas de solidaridad. El alcalde liberal de la ciudad, Freddie O’Connell, también se pronunció.
“Lo que está claro hoy es que hay personas que no comparten nuestros valores de seguridad y comunidad, pero que tienen la autoridad para causar un daño profundo en nuestras comunidades”, dijo O’Connell.
Sin embargo, entre los funcionarios judiciales y las fuerzas del orden la reacción fue mixta. Thomas Jaworski, exfiscal federal que en 2024 ascendió al cargo de fiscal federal interino para el distrito medio de Tennessee, dijo a InSight Crime que, aunque el número de criminales de alto perfil detenidos pueda parecer bajo, esos individuos probablemente son importantes generadores de violencia a nivel local.
Si bien el operativo en Nashville no debilitó directamente a las pandillas ni a otras redes criminales transnacionales, podría haber reducido su capacidad operativa, agregó. La presencia visible de ICE en las calles y la amenaza de deportación, probablemente obliguen a estos grupos a mantener un perfil bajo, concluyó.
“Seguramente veremos una ligera disminución [en la criminalidad] simplemente por las actividades de control migratorio. No es algo cruel, es solo la realidad”, señaló.
Scott Mechkowski, exsubdirector de ICE en la ciudad de Nueva York, dijo a InSight Crime que este tipo de operativos de gran escala puede ser una táctica efectiva para desmantelar pandillas, al capturar a quienes suelen quedar fuera de las investigaciones más lentas y costosas.
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“Es posible que parte de ello se haya trasladado a las tareas diarias de aplicación de la ley a nivel local”, declaró a InSight Crime. “¿Por qué construir un caso si sabemos que estos tipos son pandilleros y están en situación irregular? Basta con encerrarlos y deshacerse de ellos”.
Los operativos, agregó Mechkowski, probablemente no sean tan indiscriminados como pueden parecer.
“Se usa inteligencia y recopilación de datos para enfocar la misión y las prioridades”, explicó. “No estás haciendo un perfilamiento racial, pero sí estás perfilando”.
“Uno se vuelve experto en detectar qué buscar o qué se sale de la norma”, añadió.
Mechkowski considera que este enfoque corrige años de políticas de la administración anterior del presidente estadounidense Joe Biden, que —según él— ataron de manos a las fuerzas del orden.
Durante el mandato de Biden, dijo, ICE se vio limitado por las protecciones para los migrantes atrapados en la interminable acumulación de solicitudes de asilo o con estatus migratorio protegido, que no podían ser expulsados y tenían que ser puestos en libertad tras su detención. También destacó las dificultades de trabajar en “ciudades santuario”, como Nueva York y Los Ángeles, donde las autoridades municipales protegen a las comunidades migrantes al imponer límites a la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de migración.
“Durante la administración Biden, era difícil encarcelar a alguien”, afirmó.
En mayo, Mechkowski testificó ante un subcomité del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la protección de los agentes de ICE durante este tipo de operativos. Ese mismo día habló otro exfuncionario que veía el asunto de manera muy distinta.
En su testimonio, el exjefe de gabinete de ICE, Jason Houser, calificó este tipo de operativos como “diseñados para generar impacto mediático más que para garantizar la seguridad pública”.
“Cuando los recursos se desvían hacia la detención de personas de baja prioridad, la aplicación de la ley se convierte en una red de arrastre”, le dijo al comité. “Eso puede generar altos números de arrestos para los comunicados de prensa, pero aleja al personal de ICE de casos complejos y de alto riesgo que mejoran la seguridad pública. Crea una falsa sensación de seguridad, mientras deja intactas las redes de trata de personas, tráfico de drogas y redes criminales violentas.”
Houser no respondió a la solicitud de entrevista de InSight Crime. Otros exfuncionarios también cuestionaron las tácticas y los resultados.
Un exalto funcionario del DHS que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato expresó dudas respecto a que las autoridades estén identificando realmente a personas con vínculos directos con la MS13 o el Tren de Aragua.
“Todos esos operativos de patrullas en autopistas y detenciones aleatorias son solo una manera de infundir miedo, una caza de brujas”, afirmó.
Más que una ofensiva coordinada contra el crimen organizado, el exfuncionario dijo que los resultados en Nashville —y en otras partes del país— muestran a las agencias tratando de cumplir con las metas numéricas que la administración Trump necesita para sostener sus ambiciosas promesas de deportación. Esa presión también podría explicar la falta de transparencia en torno a las supuestas vinculaciones con pandillas.
“Existen incentivos para caracterizar a alguien falsamente o para inclinarse a asumir que hay actividad del Tren de Aragua o tratar de confundir casos de MS13 o del Tren de Aragua con situaciones que son bastante inocuas o rutinarias”, señaló el exfuncionario del DHS.
Una reestructuración en las fuerzas del orden
Aunque los operativos especiales como el de ICE en Nashville han sido el rostro más visible de la convergencia entre migración y crimen bajo el gobierno de Trump, son solo una parte de transformaciones mucho más profundas que podrían alterar radicalmente la manera en que Estados Unidos investiga y procesa el crimen organizado transnacional.
En marzo, el gobierno anunció su nueva operación “Take Back America” (“Recuperar a Estados Unidos”). En lo más alto de la lista de prioridades figuraba la migración —o, como lo describía el memorando del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) que anunció el cambio, “repeler la invasión extranjera”—. Para facilitar las expulsiones rápidas, el memorándum ordena a los fiscales que den prioridad a la imputación de “los delitos más graves y fácilmente demostrables” frente a la construcción de casos.
Las nuevas prioridades fueron reforzadas con una reorientación presupuestaria. En 2026, el DHS verá incrementado su presupuesto en un 65%. Este será el inicio de una expansión presupuestaria sin precedentes durante los próximos años, gran parte de la cual se canalizará hacia ICE. Miles de millones de dólares adicionales se destinarán al reclutamiento de nuevos agentes, la construcción y operación de centros de detención y las deportaciones. Con un presupuesto proyectado de casi US 28.000 millones anuales durante los próximos cuatro años, ICE se convertirá, de lejos, en la agencia federal de aplicación de la ley mejor financiada del país.
Al mismo tiempo, el DOJ enfrentará recortes de miles de millones de dólares. Y las agencias federales tradicionalmente encargadas de investigar el crimen organizado —la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF)— ya han visto reducidos sus presupuestos en cientos de millones de dólares y a muchos de sus agentes reasignados para apoyar las tareas de control migratorio de ICE.
Como punto final de esta nueva estrategia, una de las principales herramientas que el DOJ utilizaba para coordinar esfuerzos entre las autoridades locales y federales contra las redes criminales —la Oficina Ejecutiva de Fuerzas de Tareas de Crimen Organizado y Antidrogas (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces, OCDETF)— está siendo disuelta por completo.
El nuevo panorama ha causado alarma entre quienes han liderado los esfuerzos contra el crimen organizado transnacional en Tennessee, donde los casos recientes contra la MS13 y el Tren de Aragua se construyeron a partir de investigaciones largas y complejas desarrolladas por múltiples agencias, incluidas las fuerzas de tarea ahora desmanteladas.
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Un exfiscal especializado en crimen organizado del estado de Tennessee, recientemente retirado y que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, puso en duda la efectividad de priorizar la aplicación de leyes migratorias y advirtió que esto podría socavar los esfuerzos por investigar redes criminales.
“Está teniendo el efecto contrario al que el gobierno asegura que debería tener, y al que la mayoría de la gente cree que debería tener, cuando lo único que haces es arrestar a personas por su estatus migratorio”, dijo el exfiscal.
Estas operaciones no solo tienen pocas probabilidades de alcanzar a los criminales de alto nivel, sino que también pueden deteriorar las relaciones con las comunidades, un elemento clave para poder procesar a estos actores.
“Estoy seguro de que esto ha desalentado a muchas personas dispuestas a servir como informantes, porque si tienes algún tipo de estatus migratorio que te pueda poner en riesgo de ser detenido, claramente no vas a ir voluntariamente a hablar con nadie ni a ofrecer información”, agregó.
En algunos casos, estas tácticas incluso podrían fortalecer el control de los grupos criminales sobre sus víctimas. El exfiscal mencionó un caso reciente de trata de personas con fines de explotación sexual relacionado con el Tren de Aragua, en el que los presuntos traficantes usaron el estatus migratorio de las víctimas como un medio de coacción.
“Esto lo hace aún más fácil —[pueden decirles] ‘¿ves todos esos arrestos? Eso es lo que te pasará si no sigues haciendo lo que te decimos’”, explicó.
El desvío de recursos de las agencias investigativas hacia la aplicación de leyes migratorias también socava la capacidad de construir casos, agregó.
“El tiempo y los recursos que [los agentes] deben invertir en estas detenciones migratorias los dejan completamente incapaces de llevar a cabo investigaciones a largo plazo; básicamente los inmovilizan”.
Sin embargo, el exoficial de ICE Mechkowski considera que esta priorización de la aplicación de leyes migratorias no tiene por qué ir en detrimento de las investigaciones sobre pandillas y redes criminales transnacionales.
“Creo que ambas cosas pueden coexistir”, dijo. “No creo que se haya abandonado el trabajo para desmantelar pandillas, simplemente el enfoque ha cambiado un poco. Y estoy convencido de que esas investigaciones siguen adelante”.
Agregó que el despliegue de agentes investigadores en operativos migratorios probablemente sea una medida temporal que dejará de ser necesaria cuando entre en vigor el aumento presupuestario y de personal de ICE.
Política de seguridad y política: mundos aparte
Mientras funcionarios de seguridad y justicia, así como expertos, debaten sobre la efectividad del control migratorio como herramienta para combatir el crimen organizado, en el terreno político los dos partidos viven realidades completamente distintas. Y una vez más, Tennessee ha sido un reflejo local del conflicto que se desarrolla a nivel nacional.
Los demócratas locales calificaron el operativo de ICE de “terrorismo supremacista blanco”. Los republicanos, por su parte, acusaron al alcalde O’Connell de proteger a pandilleros tras haber criticado las tácticas de ICE. En septiembre, un legislador estatal fue más allá y pidió desplegar a la Guardia Nacional en Nashville, alegando que el alcalde estaba “usando la ciudad como base para que pandillas internacionales se establezcan en nuestros vecindarios”.
A nivel nacional, sin embargo, la administración Trump ha dejado de lado la amenaza del crimen organizado en sus órdenes al ICE. Varios medios de comunicación de EE. UU. informaron sobre una reunión a finales de mayo en la que Stephen Miller, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca que lidera la ofensiva migratoria de la administración, reprendió a los líderes de ICE de todo el país por no realizar suficientes arrestos.
“¿Cómo que están yendo tras los criminales?”, les gritó, según el relato publicado por el Washington Examiner. “¿Por qué no están en Home Depot? ¿Por qué no están en 7-Eleven?”
Días después, eso fue exactamente lo que hizo ICE: operativos en ferreterías, supermercados, obras de construcción, fincas y otros lugares que dependen de mano de obra migrante. El número de migrantes sin antecedentes penales arrestados se disparó. Y lo poco que quedaba de la política de “los peores primero”, que apuntaba a pandillas y crimen organizado, desapareció.
“En este punto, no veo ninguna estrategia más allá del acoso, la discriminación y el racismo”, dijo el exfuncionario del DHS.
Aunque los informes de ICE desde la reunión con Miller reflejan un giro hacia la aplicación de la ley en lugares de trabajo, los operativos especiales continuaron. Entre junio y septiembre se llevaron a cabo cuatro que declaraban como objetivos a las pandillas y las redes criminales transnacionales, o que afirmaban basarse en el enfoque de “los peores primero”. En esos cuatro operativos, ICE reportó 1.172 arrestos. Solo 14 de ellos eran presuntos miembros de grupos criminales organizados.
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Por James Bargent, InSight Crime*
