Cerca de 13,6 millones de ecuatorianos están convocados el 21 de abril para definir si el país debe endurecer las leyes contra narcotraficantes y criminales en medio de tres crisis: diplomática, eléctrica y de creciente violencia.
El referendo por el que se votará sí o no incluye preguntas sobre la extradición de nacionales vinculados al crimen organizado, el aumento de penas para delitos vinculados a la delincuencia organizada y la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales.
De las once preguntas, que se votan individualmente, seis van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo).
La consulta llega en un momento difícil para la nación. En enero, una arremetida de las organizaciones ilegales dejó una veintena de muertos y llevó a Noboa a declarar un conflicto armado interno.
Militares se instalaron dentro de las cárceles y desplegaron operativos en las calles para frenar la violencia, que en 2023 dejó una tasa récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. En 2018 esta cifra fue de 6 muertes violentas.
El asesinato de otro alcalde (el segundo en tres días), horas antes del referendo, se sumó a una docena de homicidios de políticos desde 2023.
A la guerra interna se añade una crisis internacional por el asalto policial de la embajada mexicana en Quito a comienzos de abril por orden del mandatario para capturar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), procesado por corrupción.
Noboa, de 36 años, afirma que tiene “cero arrepentimientos” por la incursión en la legación, que le costó al país una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Hay “percepciones de que la crisis diplomática con México no le ha generado efectos negativos (a Noboa dentro del país). Por el contrario, la gente está avalando las decisiones que ha tomado en el tema de seguridad”, dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La consulta se desarrollará además en medio de una crisis eléctrica que tiene al país bajo apagones de hasta 13 horas debido a la sequía.
Noboa dice que el mal momento de cara a la consulta popular está orquestado por un “sabotaje” y una “campaña sucia”, aunque sin acusar directamente a nadie. Sostiene que la falta de luz no solo responde a la sequía, sino a la corrupción.
“Han querido fregarnos con el sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia, y han tratado inclusive con presión internacional de sancionarnos a nosotros como país (...) porque están nerviosos, el domingo va a ganar el sí”, dijo Noboa días antes de la votación.
De acuerdo con la encuestadora Cedatos, en un sondeo realizado entre el 8 y 11 de abril, un 55 % de los ecuatorianos votará a favor de endurecer las leyes contra el narcotráfico.
Por su parte, la firma Comunicaliza señala que un 43 % de la población apoya, pero que los indecisos alcanzan un 28 %.
Para el analista Santiago Basabe, en la práctica la consulta no traerá cambios de fondo. Por ejemplo, sobre el aumento de penas “puedes poner mil años”, pero eso no va a reducir la violencia ni el narcotráfico, sostuvo en entrevista a la AFP.
Se trata de preguntas que “uno difícilmente podría decir que no”, pero “son una forma de legitimar al gobierno de turno”, según el analista.
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