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Con el argumento de que su presencia en el territorio nacional resulta negativa, pues sus actividades atentan contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social en Colombia, Migración Colombia expulsó del país al ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García. Aunque el hecho fue presentado como rutinario, pues en 2018 se han adelantado más de 1.500 expulsiones, causó revuelo porque se trata del esposo de Gloria Inés Flórez, excongresista del Polo Democrático y exsecretaria de Gobierno de Bogotá.
Según las autoridades, en la tarde del pasado miércoles Carlos Pino se encontraba en un almuerzo de despedida de año con la Unión Nacional de Empleados Bancarios, cuando fue requerido por mal estacionamiento de su vehículo. Al presentar sus documentos, entre ellos su cédula de extranjería y una credencial de la Embajada de Venezuela en el país, los agentes de Policía informaron a Migración Colombia. En adelante, según el director del organismo, Christian Kruger, atendiendo un informe sobre sus actuaciones, fue conducido a la entidad.
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“Esta es una decisión soberana que está tomando el Estado colombiano en beneficio de toda la población”, recalcó Kruger, quien manifestó que no podía dar detalles sobre el caso, pero que se adelantó de manera rigurosa y clara, respetando el debido proceso, con seguimiento de cámaras y permitiéndole a Pino comunicarse. En la resolución que ordenó su expulsión del territorio colombiano se invocó el decreto 1067 de 2015, que dispone que Migración Colombia puede expulsar extranjeros que “realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional”.
No obstante, el movimiento Colombia Humana, que orienta el senador Gustavo Petro, manifestó que Carlos Manuel Pino está legalmente casado con Gloria Flórez Schneider, son padres de un menor de edad colombovenezolano, y a la luz de la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, la expulsión afecta las garantías del menor a no ser separado de sus padres. A su vez, Gloria Flórez manifestó que hace responsables a las autoridades colombianas por su integridad, la de su esposo y la del menor de edad.
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Como era de esperarse, el hecho desató una ola de reacciones políticas. El senador Petro señaló que se trata de “una evidente persecución sistemática a la Colombia Humana, como grupo civil con identidad política”.
“Pido se garantice la seguridad de Gloria Flórez, cuyo esposo fue expulsado del país. Gloria ha denunciado que ella y su familia vienen siendo víctimas de persecución y seguimientos”, añadió el senador Iván Cepeda.
“Exigimos plenas garantías de la Defensoría del Pueblo para que siga el caso”, dijo la representante Ángela Robledo.
Aunque ha prevalecido el hermetismo frente a las razones puntuales que llevaron al Gobierno colombiano a expulsar al ciudadano venezolano, han circulado versiones según las cuales Carlos Manuel Pino asistía a reuniones con extranjeros con planes de desestabilización del orden público. También se ha dicho que Pino se había infiltrado en las marchas estudiantiles de protesta y que hacía parte de grupos que le hacen seguimiento a las actividades del Tribunal de Justicia en el Exilio, que orienta la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega.
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En contraste, tanto Gloria Flórez como otros militantes de izquierda sostienen que Carlos Manuel Pino es personal local de la Embajada de Venezuela en Colombia, que se trata de un montaje judicial en su contra, “un falso positivo como los que hemos visto en Colombia”, que es falso que sea un espía, como ya manifiestan algunos medios, y que esperan que “no sea usado como chivo expiatorio para afectar y profundizar las desavenencias con el gobierno de Venezuela”. “No quiero que el presidente Duque siga el camino de Trump de separar familias”, agregó Flórez.
La Embajada de la república de Venezuela en Colombia hizo pública una certificación en la que señala que Carlos Manuel Pino presta su servicios en calidad de asesor político de esta misión diplomática desde el 1° de julio de 2018, y que además lo hizo, “sin ningún tipo de subordinación laboral, desde el 20 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2018”. El documento fue suscrito en agosto de 2018 por Isaura Rojas en calidad de agregada. Al cierre de esta edición no se conocían comentarios del gobierno venezolano sobre el tema.
Al revisar los antecedentes de Pino en Colombia se encuentra que el 26 de mayo de 1999 fue detenido junto a tres venezolanos más, cuando se encontraba en un campamento del Frente 16 de las Farc en el Vichada. Según la información, en la acción militar entre Totumo y Garcitas, en la zona fronteriza con Venezuela, fue abatido el comandante de la unidad guerrillera, alias Esteban. Los otros venezolanos capturados fueron Miguel Salazar Hernández, Carlos Félix Zambrano y Pedro Guzmán.
Un mes después, José Vicente Rangel, entonces canciller de Venezuela, exigió la deportación inmediata de Pino y los demás venezolanos. A principios de 2000, la Fiscalía los dejó en libertad provisional. Esa historia fue revelada por El Espectador en marzo de 2010. En ese momento fue necesario aclarar que Pino no era agregado de prensa de la embajada, sino asesor con contrato por prestación de servicios y que, en octubre de 2000, la investigación en su contra fue precluida, por lo que desde entonces no tiene deudas con la justicia colombiana.
Por redacción Nacional
