Lo que sucedió hace un año en más de cincuenta ciudades de Cuba es un hito histórico. El 11 de julio de 2021, miles de personas cansadas de los apagones, la falta de agua, las tiendas vacías y las farmacias abandonadas salieron a la calle a gritar por el fin del régimen. “Patria y vida”, decían para contrarrestar con arte y música el histórico “patria o muerte” de Fidel.
Mientras el gobierno culpa al embargo estadounidense por la crisis económica y social que vive su país, para los manifestantes es el resultado de un régimen que asfixia la diferencia y persigue la democracia. Por ejemplo, la Constitución de Cuba, reformada en 2019, establece que el Partido Comunista es “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado [y que] organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”, de modo que nada puede estar por fuera o por encima del Partido.
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Adicionalmente, la Ley Electoral de 2019 impide cambios en el poder: solo puede haber un candidato para las elecciones a la Asamblea Nacional, y ese candidato es nombrado por organizaciones controladas por el Partido Comunista. Además, la ley electoral dice que el sistema “excluye todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato”.
Por eso, hasta ahora a los cubanos les quedaba sobrevivir callados o emigrar. Pero el 11 de julio del 2021, un corte de luz encendió paradójicamente la mecha de la protesta social: habitantes de San Antonio de los Baños, en las afueras de La Habana, se tomaron la calle para pedir libertad.
En cuestión de horas había decenas de miles de cubanos en las calles del país gritando “¡libertad, patria y vida!”. Miles más se reunieron frente al capitolio de La Habana y convirtieron al 11J en la manifestación social independiente más grande desde que Fidel Castro logró el poder, en 1959.
La respuesta del gobierno fue implacable
Durante las semanas siguientes, la Policía recorrió los barrios utilizando los videos de redes sociales para identificar a los manifestantes y detenerlos. Según cifras de organizaciones independientes como Cubalex y Justicia 11J, hay 1.484 personas detenidas, 589 han sido judicializadas, y la gran mayoría condenadas a largas penas de prisión. Según la Fiscalía de Cuba, 57 menores fueron detenidos, de los cuales 27 han sido castigados con sanciones que van desde trabajo forzoso hasta penas de 19 años de prisión. Estos procesos, además, se han llevado a cabo bajo total anonimato.
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La represión contra los activistas también se ha endurecido después del 11J. Decenas han sido forzados al exilio a cambio de no ser enviados a prisión, muchos otros están encarcelados o encerrados en sus casas con policías en las puertas. Hace un mes, Maykel Osorbo Castillo, ganador de dos Grammys 2021 por la canción “Patria y vida”, y el artista Luis Manuel Otero Alcántara fueron condenados a nueve y cinco años de prisión, respectivamente.
En medio de un continente que bulle en las calles, que ha logrado demandas históricas como cambiar gobernantes, lograr asambleas constituyentes, proponer acuerdos de paz y reformas urgentes, el caso cubano es superlativo. Una sociedad civil reprimida, que no puede registrar una ONG, alquilar una oficina, tener una cuenta bancaria, publicar informes o libros, organizar eventos políticos o culturales ni, mucho menos, elegir su gobierno, salió a la calle enfurecida.
Como consecuencia de esto hay liderazgos reprimidos, amenazados y encarcelados injustamente ante la mirada pasiva del hemisferio. El 11J es una lección y un llamado para toda América Latina: la sociedad civil cubana está asfixiada. ¿Qué van a hacer?
*Director del departamento de América Latina de Civil Rights Defenders.
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Por Erik Jennische*
