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Algunas mujeres venezolanas han llegado a Colombia buscando atención en salud porque en Venezuela les pusieron mal el implante anticonceptivo, ocasionándoles inflamaciones, o porque les dieron pastillas vencidas. Desde 2019, organizaciones sociales locales alertaron acerca de que por lo menos en las cinco ciudades principales del vecino país se veía una escasez de dichos medicamentos, llegando a un índice que oscilaba entre el 83,3 y 91,7 %, situación que ha encendido las alertas en escenarios internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su visita a la frontera colombo-venezolana en 2020, dicho órgano recibió testimonios de mujeres que contaban que para acceder a los controles prenatales, y para tener asistencia en el parto, debían facilitar los instrumentos quirúrgicos y de profilaxis a los hospitales, obligando a muchas de ellas a migrar en busca de atención médica.
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Según datos de Migración Colombia, 1′842.390 venezolanos han llegado al país, estimando que el 49 % corresponde a mujeres, lo que confirma la tendencia en el mundo: se necesita urgentemente una perspectiva de género para abordar este desafío.
Aquel es un dato que debía facilitar su inclusión en varios frentes: laboral, social y sanitario. Sin embargo, la realidad es otra. Las mujeres no solo enfrentan graves peligros en sus rutas migratorias, sino que cuando llegan a un país en busca de atención en salud sexual (anticonceptivos, controles prenatales, posparto, etc.) se chocan con un muro.
En Colombia la situación no es diferente. Solo en Bogotá, la ciudad con mayor número de migrantes, donde hoy habitan cerca de 393.716 venezolanos, las 20 principales causas de morbilidad están relacionadas con la salud sexual: amenaza de aborto, contracciones inadecuadas, infección de vías urinarias en el embarazo, hipertensión materna, preeclampsia severa, enfermedades de transmisión sexual, entre otras.
Profamilia ya lo había advertido: “Los migrantes venezolanos llegan al país con múltiples necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva, y pueden enfrentar barreras en el acceso a los servicios de salud, por razones de su situación migratoria, discriminación y desinformación”.
Un informe de la Personería de Bogotá, llamado “Estado del respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Bogotá, Distrito Capital”, confirma el pronóstico y agrega a esos problemas la falta de acceso a servicios preventivos, como controles prenatales y anticonceptivos.
La situación migratoria irregular era la principal excusa para no otorgarles estos beneficios. Pero con la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que busca beneficiar a más de dos millones de ellos, la situación debería mejorar. De acuerdo con datos de Migración Colombia, 770.947 mujeres hicieron el prerregistro para regularizar su estatus migratorio (264.372 de ellas están entre los 18 y 29 años y 158.536 entre los 30 y 39 años), frente a los 704.276 hombres que también comenzaron con dicho trámite. Además, en términos de salud, se sabe que se han atendido 1.362.950 personas, a corte de junio de 2021.
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Daniella Monroy, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, enfatiza que, si bien el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un avance, en el día a día las disposiciones jurídicas no van al mismo ritmo de las necesidades que tiene la población, y eso se ve en los problemas que aún persisten en la atención a las mujeres migrantes, donde la salud sexual y reproductiva parece ser un tema de preocupación.
La cuestión de fondo, de acuerdo con Monroy, es cambiar el enfoque con el que se viene dando la atención a la población migrante. Según la investigadora, es necesario superar el modelo de atención por urgencia y alcanzar un enfoque preventivo, con la idea de que los migrantes puedan acercarse a la institucionalidad cuando presenten enfermedades crónicas o, en el caso de las mujeres gestantes, para tener una atención previa que evite complicaciones, como las mencionadas anteriormente. El problema con ello es que, según comenta, no se conocen datos sobre las subpoblaciones migrantes, o por lo menos no son públicos. “Las entidades que realizan esta diferenciación lo hacen de forma voluntaria, pero se necesita saber cuáles son los temas que perjudican particularmente a las mujeres migrantes, cuáles a los niños y cuáles más a los hombres. Sin embargo, no hay conclusiones en eso”.
Además, Laura Cristina Dib Ayesta, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, comenta que es necesario entender la crisis humanitaria que hay en Venezuela para poder atender a las mujeres migrantes, pues “es importante conocer el contexto para comprender cuáles son las necesidades insatisfechas con las que llegan ellas a Colombia, dado que hay un intento por criminalizar a la mujer gestante o madre”. Allí resulta importante la creación de alianzas con el sector privado, las universidades y la cooperación internacional, en un esfuerzo por reunir datos que permitan la formulación de una política pública con enfoque de género.
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