El Tribunal Supremo de Estados Unidos desechó este viernes una demanda contra el intento del Gobierno de Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras del Censo 2020, que se usarán para la distribución de representación política y fondos federales en la próxima década.
Los seis jueces conservadores, incluidos los tres designados por Trump y confirmados por la mayoría republicana en el Senado, opinaron que la demanda iniciada por más de 20 estados es prematura. Los tres jueces más liberales discreparon de la decisión.
La mayoría en el Supremo opinó, en un dictamen que no lleva firma, que “el caso está repleto de contingencias y especulación que impiden una revisión judicial”.
El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y sobre sus resultados se distribuye la representación de los estados en el Congreso federal y el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para educación, salud, vivienda, infraestructura y programas de asistencia social.
Ver más: Trump se topa con la Corte Suprema en su plan para excluir a indocumentados del censo
La Constitución estipula que el censo decenal cuente a todas las personas que viven en el país, pero Trump, en un memorando emitido en julio y por primera vez en la historia de la república, se atribuyó autoridad para excluir a los inmigrantes indocumentados cuando llegue el momento de distribuir representaciones.
Trump instruyó al secretario de Comercio, Wilbur Ross para que le presentara dos resultados del censo de este año, con uno de ellos excluyendo a los inmigrantes indocumentados. El presidente cree que algunos estados obtienen una representación mayor que la merecida debido al número de indocumentados que allí viven.
La decisión hoy del Supremo no expresa una opinión sobre los méritos constitucionales del memorando de Trump o de las demandas, y señala que solo determinaron “que (esos méritos) no son adecuados para una adjudicación en este momento”.
Los tres jueces disidentes, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, escribieron que “el significado” llano “de las leyes vigentes, décadas de práctica histórica e interpretaciones uniformes de las tres ramas del Gobierno demuestran que los extranjeros sin residencia legal no pueden se excluidos del censo decenal solo en razón de ese estatus”.
