En la prensa brasileña hay una frase recurrente para referirse al gobierno de Dilma Rousseff: siete meses y cuatro ministros fuera. El cuarto en la lista es Wagner Rossi, quien hasta ayer estaba al frente del Ministerio de Agricultura. Su aparente falta: haber utilizado a la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), para acomodar en altos puestos —con igualmente altos salarios, claro— a familiares de los miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su grupo político y el principal aliado del gobernante del Partido de los Trabajadores en el Ejecutivo y en el Parlamento.
Un episodio más del libro de la corrupción en Brasil, que parece el más estudiado por Dilma Rousseff, a quien hasta ahora no le ha temblado la voz para sugerir la dimisión de sus ministros en supuestos malos pasos. La semana pasada, dentro del PMDB se hirieron algunas susceptibilidades cuando la Policía Judicial detuvo a 38 funcionarios del Ministerio de Turismo en una redada sorpresa, investigados por presunta corrupción en el otorgamiento de contratos públicos. El viceministro Frederico Silva da Costa, fue capturado en la operación. Salió esposado de la sede de la cartera como el resto de funcionarios, como si no fueran empleados sino delincuentes comunes, entre otras quejas del PMDB: su ministro Pedro Novais se perfila como el próximo en caer, sería cuestión de días.
Nelson Jombin, también del PMDB, el mismo partido que controla el Ministerio de Turismo, dimitió de su cargo al frente de la cartera de Defensa por pronunciar abiertamente críticas contra la gestión de Rousseff, en un gesto poco diplomático que enfureció a la de por sí —sugerencia que Jobim dejó en el aire— irascible presidenta. El resentimiento ya se nota en Henrique Alves, líder del PMDB en el Congreso, quien anunció un bloqueo en la agenda legislativa del gobierno hasta que su partido “reciba el respeto que se merece”.
De estos cuatro ministros, Jobim fue el único que no abandonó el gabinete por la puerta de los sospechosos. El primero, el exministro de la Casa Civil, Antonio Palocci, del Partido de los Trabajadores, dimitió tras acusaciones de enriquecimiento ilícito, y Alfredo Nascimento, exministro de Trasporte, quien renunció por aparentes fraudes en las licitaciones públicas. Este último caso causó fricciones entre el aliado Partido de la República —al que está afiliado Nascimento y que amenaza con retirar su apoyo parlamentario— y el gobierno. ¿Por qué tanta dureza?
“Porque Dilma Rousseff le está apostando a un nuevo esquema de gobierno basado en códigos éticos y morales muy severos. No es que el gobierno esté en crisis, porque carca del 70% de los brasileños apoyan a la presidenta y a este tipo de limpiezas. Lo que está en crisis es el sistema de partidos brasileño, que se acostumbró a hacer alianzas con el único propósito de obtener favores políticos y autonomía en ciertos sectores del Estado por donde se filtra la corrupción”, explica en diálogo con El Espectador el analista Francisco Carlos Teixeira, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
No obstante, las fricciones entre partidos sí podrían traer problemas para Rousseff. Justo antes del anuncio el congresista Henrique Alves, la mandataria había anunciado que necesitaría el apoyo del Congreso para tomar medidas si la crisis económica mundial —una opción que a su vez Roussef hizo ver muy remota— golpea a Brasil en los próximos meses.
Los problemas entonces se ven nuevos ahora con Rousseff, a pesar de que su coalición y buen porcentaje de sus funcionarios —incluidos los retirados del gabinete— fueran una herencia del gobierno de Luiz Inácio Lula, su principal impulsor dentro del Partido de los Trabajadores y la campaña presidencial. “La relación entre los dos —comenta Teixeira— ahora no debe pasar por un buen momento”.
Por Diego Alarcón Rozo
