La batalla emprendida por la Policía de Río de Janeiro contra los traficantes de droga de la ciudad no da tregua. Después de que el jueves las autoridades se tomaran el fortín de Vila Cruzeiro, ayer la Policía cercó, con el fin de evitar la fuga de los delincuentes, el Complejo Alemán, barrio que según los medios locales alberga a aproximadamente a mil traficantes armados y que ha sido considerado por más de una década como el más difícil de cercar debido al gran número de vías que conectan al barrio con otras localidades.
Esta parece ser la última batalla contra el narcotráfico en la ciudad que será subsede del Mundial 2014 y sede de las Olimpiadas de 2016, o al menos así lo entiende el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que, por intermedio del ministro de Defensa, Nelson Jobim, autorizó que 800 soldados del Ejército, dos helicópteros de la Fuerza Aérea y varias tanquetas blindadas reforzaran las acciones emprendidas por el Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y la Marina.
“En la medida en que el gobernador Sergio Cabral resolvió tomar una actitud de enfrentamiento al crimen organizado, él tiene y tendrá todo el apoyo del Gobierno federal”, dijo Lula desde la reunión de Unasur en Georgetown, Surinam. El mensaje parece haber sido recibido por el grueso de su gabinete y prueba de ello fue la reunión que sostuvo ayer el ministro Jobim con el gobernador Cabral, para contemplar un incremento en la ayuda militar.
El apoyo parece ser total por parte de las diferentes instituciones del Estado. En ese sentido la Asociación de Activos e Inactivos de la Policía y los Bomberos Militares (Assinap) aseguró que en el marco de la campaña “Operación cierren el cuartel”, impulsada por el presidente de la Asociación, Miguel Cordeiro, cerca de 3.000 policías inactivos se presentaron como voluntarios para colaborar con los comandos de seguridad.
Por otro lado, el gobierno estatal empezó a tomar medidas para evitar algún tipo de accidente que comprometa a la sociedad civil. Así, pues, la Secretaría Estatal de Educación tomó la decisión de no abrir 150 escuelas estatales y municipales de la zona norte de Río de Janeiro, donde se llevan a cabo los combates, buscando proteger a los 47.312 estudiantes que asisten a esos centros de educación. Mientras que el gobernador del estado decidió cerrar el espacio aéreo de la zona norte.
La ola de violencia comenzó el domingo cuando los delincuentes iniciaron la quema de autobuses públicos en forma de protesta por la instalación de las Unidades de la Policía Pacificadora que hace parte del plan de pacificación de las favelas emprendido por el gobernador Cabral. Desde entonces, 98 vehículos han sido incendiados, mientras que las operaciones policiales han dejado un saldo de 192 delincuentes presos y 43 muertos.
Por Redacción Internacional
