Sucesión sin cambio en Perú: Jeri gobierna, pero la generación Z tiene la palabra

Eduardo Ruiz, de 32 años, fue una de las más de 30.000 personas que salieron a las calles de Lima este miércoles como rechazo directo al mandato del recién ascendido —por sucesión constitucional— presidente José Jerí. Según la Fiscalía de Perú, Ruiz murió por un disparo, aunque no especifican de quién vino. Hay más de 110 heridos después de las manifestaciones.

“Dina ya cayó, ahora le toca al violador” o “No quiero un presidente violador” fueron algunas de las consignas de las manifestaciones convocadas por organizaciones feministas, colectivos civiles y de transportadores, y en gran parte por jóvenes peruanos de la generación Z. Un rechazo generalizado contra un presidente que, hasta hace una semana, solo era el presidente del Congreso y que, hace seis meses, enfrentaba una denuncia por violación que terminó siendo archivada por la justicia. También es señalado por corrupción y, sin embargo, es el nuevo presidente.

Jerí, de 38 años, es el último ejemplo, pero la sucesión constitucional de un presidente sin legitimidad popular es un libreto que Perú ha repetido por lo menos cuatro veces durante los últimos cinco años. Primero Manuel Merino, quien en plena pandemia por covid-19 duró cinco días en el cargo, en 2020, entre la destitución de Manuel Vizcarra y la ascensión de Francisco Sagasti (quien llegó de igual forma, como presidente del Congreso), antes de la elección popular de Pedro Castillo en 2022.

Cuando Castillo fue destituido después de un autogolpe de Estado, Dina Boluarte ascendió, de nuevo, por sucesión constitucional. Pero ya era un gobierno caído en desgracia: no contaba con legitimidad, y durante sus dos últimos años de mandato —antes de caer por moción de censura hace una semana— Boluarte tenía entre el 2 y el 4 % de legitimidad, marcando picos récords.

El nuevo presidente hereda no solamente la poca legitimidad de Boluarte y la desconfianza en las instituciones peruanas, sino también un país en crisis, azotado por la inseguridad y el crimen, lo que al final terminó sellando el destino de su predecesora. Todos, a la larga, suplen el período que originalmente debía ocupar Castillo hasta 2026, pero la pregunta sigue siendo: ¿podrá sostenerse en el poder hasta 2026, como está planificado, en medio de un contexto de ilegitimidad y violencia?

Francisco Sagasti, el último presidente transitorio antes de Castillo, lo explicó así a “La República” de Perú en este contexto: “El largamente postergado recambio presidencial no es una salida real si se mantienen las normas y prácticas que nos han llevado a una catástrofe de inseguridad y desgobierno”. Merino cayó en 2020 por protestas como las que hoy enfrenta Jerí. Boluarte, aunque enfrentó el mismo escenario —y peor todavía, con cerca de 50 muertes por represión policial en aquel entonces—, se mantuvo gracias a un pacto con el Congreso. En palabras de Daniel Parodi, analista e historiador peruano, “un pacto de fuerzas congresales conservadoras”.

Es la misma coalición que impulsó la moción de censura que la derrocó y que conformaban, entre otras, Somos Perú, el partido del presidente Jerí, y Renovación Popular, partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien públicamente apoya al movimiento MAGA de Donald Trump. Ahora vale la pena preguntar: ¿Jerí tiene un pacto que lo sostenga, como Boluarte? Porque puede ser un arma de doble filo: hoy le garantiza gobernabilidad mínima; mañana puede ser el mecanismo para su vacancia.

“Se ha dicho que la expresidenta fue un ‘títere’ del Congreso. Solo así se entiende el antipopular paquete de leyes denominadas procrimen, aprobadas por el Congreso y rubricadas por la presidenta, que le restan harta capacidad de acción al Ministerio Público para combatir al crimen organizado. Pues bien, esta mayoría parlamentaria intentará sostener a José Jerí, pues de esa manera se aseguran el control de las instituciones electorales durante el próximo proceso eleccionario y la transición democrática de 2026. Luego, si mañana resultara que Jerí ya no les resulta útil al ‘pacto parlamentario’, lo vacarán de inmediato, así de sencillo”, opina Parodi.

Dicho de otra forma, el verdadero núcleo del poder en Perú está en su Parlamento, y cada presidente se ha convertido en un fusible o cartucho que descartan cuando no hay vuelta atrás.

Por ahora lo más tangible es que en el Congreso peruano ya reposa la primera moción de censura contra Jerí. Claro, de ahí a que prospere queda un tramo considerable que podría revolucionar la presión popular, pero eso está por verse. Lo cierto es que Perú está sintiendo el impacto de una nueva generación con accionar político: la generación Z.

Ya ocurrió del otro lado del mundo, cuando en Madagascar y Nepal, en África y Asia, dos gobiernos impopulares cayeron ante las manifestaciones de jóvenes que muy probablemente no habían ejercido su derecho al voto por primera vez. Incluso, en Nepal las elecciones de la primera ministra interina fueron retransmitidas por Discord.

Si algo tiene el caso de Jerí es un rastro digital: decenas de mensajes en X con expresiones sexistas y comentarios de índole sexual, seguidas de decenas de cuentas de contenido sexual explícito en Instagram, incluyendo páginas de la industria pornográfica, lo cual lo llevó a eliminarlas tras el estallido mediático. Esto, sumado a su historial con denuncias por corrupción y violación y, como si no fuera poco, el nombramiento de Ernesto Álvarez Miranda como presidente de su Consejo de Ministros —a quien han denunciado ante el Ministerio Público (la Fiscalía) por secuestro y violación sexual—, conforma un gobierno sin autoridad moral ni simbólica, con las calles como el único factor que no puede controlar.

Parodi lo redondea así: “Si se repiten estas marchas, y aumentan en intensidad, es posible que el gobierno de Jerí se tambalee y pasemos a otro más consensual para todas las partes, que dirija la transición democrática. Si no se repiten más manifestaciones como las de ayer, me temo que el pacto congresal, utilizando como su peón a Jerí, dirigirá una transición turbia, sin mínimas garantías de un proceso electoral justo y democrático, que es el que se merece la ciudadanía peruana”.

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