¿Tiene futuro la Ley de Amnistía?

El pasado 16 de febrero la Asamblea aprobó en un primer debate el proyecto de Ley de Amnistía, presentado como una norma para liberar a los opositores e iniciar un proceso de reconciliación nacional. El documento tiene el objetivo de “poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos, con la finalidad de cerrar heridas políticas o sociales que dificultan la convivencia y de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos”.

El texto especifica que serán amnistiados “todos los (delitos) cometidos desde el 1º de enero de 1999 y hasta la entrada en vigor de la Ley”. Este período corresponde a los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El debate alrededor de la ley es sobre el tipo de delitos que pretende perdonar. Según el chavismo y algunos juristas venezolanos, se trata de un espectro demasiado amplio de hechos punibles, que incluyen la protesta social pero también varios delitos tipificados en el Código Penal Venezolano, como la instigación a la desobediencia de las leyes, la instigación al odio y apología del delito, o la instigación a delinquir, entre otros. Además, incluye otros delitos que serían amnistiables y que están tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Orgánica para la Protección de niños, niñas y adolescentes.

Según el proyecto de ley, quienes cometieron estos delitos dejarían de ser sancionados, siempre y cuando los hayan cometido persiguiendo “una finalidad política o un móvil político”, a través de “protestas, manifestaciones, o reuniones en lugares públicos o privados”.

Este miércoles, la canciller Delcy Rodríguez solicitó en Ginebra al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos un estudio jurídico sobre la constitucionalidad de dicha ley. Rodríguez dijo que la iniciativa pretende “vulnerar el Estado de derecho constitucional” con una medida que perdona delitos “como el narcotráfico, terrorismo, corrupción, fraude inmobiliario”, entre otros. Incluso señaló que la ley perdona “delitos futuros”, por lo que promueve la violencia e inseguridad en Venezuela.

Faltará ver la recomendación que emita el Alto Comisionado después de estudiar el caso. A todas estas, sin embargo, la ley sólo pasó un primer debate y están pendientes los debates artículo por artículo en comisiones de la Asamblea Legislativa. Esto sin tomar en cuenta que el presidente puede vetar el proyecto y ya anunció que lo hará. Maduro, además, ya aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos vigente hasta 2019, el cual presentó como “escudo” contra esa ley. El Tribunal Supremo, ampliamente cuestionado por su falta de independencia y por favorecer al Ejecutivo, puede impugnarlo y muy posiblemente lo hará.

El camino, entonces, es bastante intrincado. La amplitud de los delitos amnistiables puede jugarle en contra a la oposición. Un eventual apoyo de la ONU (que ya ha pedido la liberación de presos políticos) al proyecto incrementaría la presión internacional contra el Gobierno de Venezuela, pero la naturaleza de ese pronunciamiento sería en principio recomendatorio y no vinculante.