Como todo lo que ocurre en Estados Unidos, el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. no tardó en politizarse. La principal pelea es sobre cómo el sospechoso de los disparos, un refugiado afgano de 29 años identificado como Rahmanullah Lakanwa, permanecía en el país.
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El presidente Donald Trump y decenas de republicanos han apuntado a problemas heredados del gobierno anterior sobre el sistema de asilados en el país que permitieron la entrada de personas sin una minuciosa revisión de antecedentes.
“Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que haya entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de (Joe) Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país”, dijo Trump tras el tiroteo, anunciando también la suspensión de solicitudes de inmigración para ciudadanos afganos.
Los demócratas, por otra parte, se han centrado en criticar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, resaltando que la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó el despliegue hace una semana, considerando que la medida era “ilegal”, y que si Trump hubiera acatado la orden, no se habría presentado el incidente.
Lawrence Gumbiner, exdiplomático estadounidense, apunta que “Trump vive de la tensión política y del conflicto. En esa situación, el despliegue de tropas en la ciudad fue una provocación: contra los ciudadanos, contra la policía local y contra los gobiernos locales”, aunque no significa que el presidente buscara un episodio como el tiroteo. Solo la tensión, que ya de por sí es problemática.
“En un ambiente tan tenso en Estados Unidos, donde siempre hay semillas de violencia, no es sorprendente que eventualmente se genere un enfrentamiento. Pero en este caso, parece que el ataque fue planeado por un radical con tiempo y reflexión, por lo que se trató de un acto violento, posiblemente un ataque terrorista por un musulmán radicalizado”, agrega el analista.
Sobre esto, los republicanos han contraatacado señalando que la retórica de senadores como el demócrata Mark Kelly, quien enfrenta un posible juicio militar por convocar a militares a desobedecer las órdenes del presidente, provocó la tragedia en la capital.
“Dicen que Trump está usando al ejército como su ‘gestapo personal’. Dos soldados fueron baleados justo afuera de la Casa Blanca. Esto debería estremecer a todos los estadounidenses”, escribió el comentarista de derecha, Eric Daugherty.
Pero como señaló Chris Helali, periodista y analista del pódcast DD Geopolitics y secretario del Partido Comunista Americano, los hechos nos exponen que esa “guerra de culpas” entre izquierda y derecha es un sinsentido, pues de fondo está el problema de un sistema roto sobre el que ambos partidos han tenido responsabilidad. Al menos sobre la cuestión de la permanencia del sospechoso en el país.
“Ambos partidos expandieron, apoyaron o no reformaron los sistemas de Visa Especial de Inmigrante (SIV) y asilo que permitieron que este caso se desarrollara como lo hizo. Intentar convertir esto en un ataque partidista pasa por alto el verdadero problema porque esto no fue un ‘fracaso demócrata’ o un ‘fracaso republicano’. Fue un fallo del sistema que se gestó durante décadas, y ambos lados ayudaron a construirlo”, señaló Helali.
“Todo esto es verdad. No importa qué partido esté en el poder, siempre se obtienen más o menos los mismos resultados”, agregó al análisis la congresista Marjorie Taylor Greene, hasta hace una semana fiel escudera de Trump.
Una mirada a fondo a los refugiados afganos
El SIV es un programa que precede a la retirada estadounidense de Kabul de 2021 y fue diseñado para afganos que brindaron un servicio fiel y valioso al gobierno de EE. UU. (como traductores, intérpretes, o empleados) y que enfrentaban una amenaza grave y continua. Dicho programa fue ampliado y financiado por el Congreso a lo largo de todas las últimas administraciones estadounidenses: George W. Bush, Barack Obama y el primer término de Trump.
Los destinatarios de SIV, como Lakanwa, quien había trabajado con la CIA en Afganistán, según el director de la agencia, John Ratcliffe, se convierten directamente en residentes permanentes legales (LPR) al ingresar al país. El problema es que la mayoría de los evacuados durante la caótica retirada de agosto de 2021, como el sospechoso del ataque, no pudieron ingresar directamente a través de la vía SIV, mucho más rigurosa y segura, debido a la falta de tiempo y a la insuficiencia de documentación.
En lugar del SIV, el gobierno de Biden recurrió a la Operación Aliados Bienvenidos (OAW, por sus siglas en inglés), usando un estatus temporal conocido como Permiso Humanitario o “parole”. Este permitió la entrada rápida de casi 76.000 afganos a EE. UU., incluido Lakanwal según los reportes, pero fue criticado por tener protocolos de verificación de antecedentes, o “vetting”, menos estrictos y más acelerados que los requeridos para un SIV. Entonces, ¿es culpa de Biden?
El Congreso, de manera bipartidista, votó por varios años repetidamente para expandir el número de visas disponibles y financiar el programa SIV, pero nunca proporcionó la financiación adecuada ni el personal al Departamento de Estado para procesarlas a tiempo. Así, el problema se construyó desde mucho tiempo atrás.
Durante el gobierno de Obama y luego con el de Trump, el tiempo de procesamiento de SIV se disparó a cientos de días debido a la falta de personal para procesar las solicitudes y el exceso de burocracia, dejando a los aliados en peligro por años. Finalmente, durante el primer gobierno Trump, la decisión de negociar una retirada y reducir tropas antes de resolver la crisis SIV tras el Acuerdo de Doha de 2020 ejerció una presión imposible sobre el programa, sentando las bases para el caos de 2021.
La Ley de Asilo estadounidense no estaba diseñada para el procesamiento masivo de aliados militares, sino para víctimas individuales de persecución. Usar este sistema como una “válvula de escape”, como se hizo con los paroles afganos, sobrecargó aún más un sistema ya roto, garantizando retrasos y una verificación menos dirigida a la seguridad nacional.
Informes de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad (DHS) Nacional de 2022 y 2023 señalaron que, debido a la naturaleza caótica y rápida de la evacuación, el DHS encontró obstáculos para examinar completamente a todos los evacuados. Hubo casos en los que la información para la revisión fue inexacta, incompleta o faltante.
Un mes después de la evacuación, ya se presentaban las primeras alertas. En Fort McCoy, Wisconsin, a donde fueron a parar miles de afganos tras la evacuación, dos refugiados fueron acusados de agresión.
“Los informes sobre delitos sexuales contra menores y abuso conyugal ocurridos en Fort McCoy son tan horrorosos como prevenibles. Este repugnante crimen es un vistazo a lo que puede salir mal cuando los refugiados no participan en un proceso de investigación adecuado”, declaró el congresista Scott Fitzgerald.
La OIG admitió que el DHS podría haber admitido u otorgado el parole a individuos que “planteaban un riesgo para la seguridad nacional”. Un informe indicó que 55 evacuados identificados por el FBI estaban en la lista de vigilancia terrorista, aunque 46 fueron posteriormente eliminados por no ser considerados una amenaza.
Ahora, este estatus de parole que se otorgaba es temporal y generalmente dura dos años, lo que obliga a los evacuados a buscar una vía permanente a través del asilo (como hizo Lakanwal) o intentando completar el proceso SIV. Todo eso condujo a un limbo legal de años para decenas de miles de personas.
La falta de aprobación de una Ley de Ajuste Afgano que subsanara el problema de los tiempos obligó a estos individuos, muchos de los cuales eran aliados legítimos, a pasar por el colapsado sistema de asilo para regularizar su estatus, proceso que puede durar años.
Esto permitió que un individuo con antecedentes de trabajo con el gobierno de EE. UU. ingresara bajo un protocolo de seguridad deficiente en 2021, viviera en el país bajo estatus temporal por años, y obtuviera el asilo hasta 2025 (durante la administración Trump) a través de un proceso legal que no necesariamente resolvió las fallas de seguridad iniciales.
El Congreso no ha financiado consistentemente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y las Cortes de Inmigración con el personal necesario para manejar la creciente carga de casos de asilo. Esto ha creado una acumulación de millones de casos que duran años. Lo ideal, para evitar al máximo casos como el del tiroteo, sería recomponer el sistema migratorio, pero en el contexto actual esto es casi imposible.
“El sistema en sí es muy complicado, y ahora, bajo un ambiente inmigratorio liderado por Trump, cualquier intento de hacerlo más ágil o abierto enfrenta grandes bloqueos políticos. Es la tormenta perfecta para politizar un sistema que no debería ser politizado, y el reciente ataque a la Guardia Nacional solo intensifica esta dinámica, afectando tanto al sistema migratorio como a la percepción pública de seguridad”, concluye Gumbiner.
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