Gustavo Petro llega a la Presidencia de Colombia, como Gabriel Boric en Chile, manteniendo los compromisos históricos de justicia social del progresismo, pero con una decidida determinación ecológica de buscar respuestas atendiendo a la crisis civilizatoria del Antropoceno. Así, Petro, una vez electo presidente el 19 de junio pasado, ratificó, entre otras, su oferta electoral de iniciar el camino de la transición energética interna en un país donde el petróleo y el gas tienen una gran relevancia para satisfacer las necesidades de toda la población. Su intención de congelar las concesiones petroleras seguramente se hará sentir en Venezuela. En tal sentido, hay que empezar por decir que es muy probable que los actores del negocio petrolero, la propia Presidencia de la República Bolivariana, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, la estatal Petróleo de Venezuela S. A. (Pdvsa), las compañías trasnacionales como Chevron, ENI, Repsol y el reaparecido capital privado nacional –todos juntos en el intento de recuperación de la decaída producción petrolera nacional, mermada en casi 80 % en los últimos nueve años– harán un particular esfuerzo para atraer al otro lado de la frontera parte de las inversiones petroleras que dejarían de hacerse en Colombia. En Venezuela se está propiciando un nuevo marco regulatorio para estimular las inversiones petroleras internacionales y privadas y se está a la espera de la flexibilización de las sanciones a Pdvsa impuestas por Estados Unidos en 2018.
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En este intento de mejorar su posición en el mercado petrolero mundial, es de esperarse que el Estado venezolano tienda a mermar aún más su participación en las obligaciones contraídas y el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el Acuerdo de París de Cambio Climático. Es de desatacar que el país es el único de América Latina sin proyecto alguno en el Fondo Verde para el Clima, mecanismo financiero ONU que persigue como meta llegar a cien mil millones de dólares para la mitigación y adaptación climática en el mundo. Probablemente, el nuevo presidente colombiano apunta, entre otras opciones, a ese Fondo y demás fuentes de financiamiento de la descarbonización del planeta, para el apalancamiento de algunas de las iniciativas que pretende adelantar en el marco de los pactos de gobierno que ha propuesto, dirigidos de manera sintética a la economía generadora de empleo digno y productivo, la superación de las desigualdades sociales y culturales y la preservación de la naturaleza. En todos estos alcances está muy presente la sustentabilidad ambiental como principio orientador.
Así estamos ante dos propuestas nacionales en direcciones diferentes, una apostando a la disminución y la otra al aumento del peso de los hidrocarburos en la vida de los respectivos países. Se debe resaltar, sin embargo, que de esta diferenciación emergen algunos puntos “grises”, como la decisión del presidente Petro de aumentar las exportaciones de carbón colombiano en la coyuntura de la invasión rusa en Ucrania y el seguro relanzamiento del acuerdo de cooperación eléctrica binacional, en la que Colombia aportaría electricidad para paliar las deficiencias del servicio en los estados venezolanos de la frontera binacional y Venezuela sería el suplidor estratégico de gas para aumentar la declinante disponibilidad interna colombiana.
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A pesar de estos matices puntuales, en líneas generales se trata de dos tendencias contrapuestas, una dirigida a potenciar la posición de Colombia en la Agenda Climática Internacional con un horizonte 2050; la otra, mejorar la posición de Venezuela como suplidor de hidrocarburos. En esta contraposición se debe tener muy presente que, en el escenario energético mundial más probable a futuro, se espera una reducción de la participación de los combustibles fósiles para lograr las metas de carbononeutralidad y así mitigar los efectos mundiales del cambio climático de origen antropogénico. Pareciera que cada vez estamos más cerca de la lapidaria advertencia del jeque Yamani cuando hace décadas, en su condición de ministro del Petróleo de Arabia Saudita, sentenció: “La edad de piedra no terminó por falta de piedras. La edad del petróleo terminará mucho antes de que se acabe el petróleo”. Esta sentencia deberían tenerla muy en cuenta quienes en Venezuela buscan afanosamente volver a los niveles de producción de más tres millones de barriles de petróleo diarios en tiempos de calentamiento global y subestimando además el hándicap que implica la predominancia en el país de las reservas de crudo pesados, de mayores costos de extracción y refinación en comparación con los livianos y medianos.
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Las decisiones energéticas que se están tomando en Venezuela climáticamente insostenibles, en términos de política económica, estimulan las falsas expectativas de una bonanza “milagrosa” para la nación. El aumento de la renta estatal por hidrocarburos real proyectada para los próximos 10 años es insuficiente para salir de la compleja emergencia humanitaria venezolana. Para superarla necesitaríamos recuperar prioritariamente los hoy pauperizados servicios básicos de electricidad, agua, transporte, comunicaciones, educación y salud; el salario de los trabajadores, que en el sector público no llega a cubrir el 10 % del costo de la canasta alimentaria (el del sector privado, menos del tercio de ésta); y crear un fondo de pensiones dignas. Son este conjunto de carencias las que propician la creciente diáspora. Estamos entonces ante la crisis sistémica venezolana –que especialmente por la emigración incide directamente en Colombia– que exige de respuestas articuladas económicas, sociales y ecológicas como las implícitas en la descarbonización de la matriz energética. Esperamos que los “efectos demostración” de la transición energética que se propone allá (Colombia) incentiven los cambios sistémicos acá (Venezuela), en beneficio de ambas naciones.
*Antonio De Lisio es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Miembro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Por Antonio De Lisio*
