El Departamento de Educación de Estados Unidos notificó oficialmente que la Universidad de Columbia ha perdido el cumplimiento de los “estándares de acreditación”, tras determinar que la institución violó leyes federales antidiscriminatorias por su manejo del acoso a estudiantes judíos en el campus.
La advertencia, divulgada este miércoles, señala que Columbia actuó “con deliberada indiferencia” frente al hostigamiento, particularmente tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La secretaria de Educación, Linda McMahon, fue directa: “Esto no solo es inmoral, sino también ilegal”.
🔑 Las claves del caso de la Universidad de Columbia
- El Departamento de Educación abrió una investigación en febrero tras las manifestaciones pro-Palestina en el campus.
- La Oficina de Derechos Civiles (OCR) de dicho departamento concluyó que Columbia violó leyes federales de derechos civiles.
- La Comisión de Educación Superior de los Estados del Medio, la entidad acreditadora de Columbia, ya fue notificada.
- Una orden ejecutiva previa de Trump obliga a alertar a los acreditadores si una universidad incumple con leyes federales.
- Si no se corrige la situación, Columbia podría perder su acreditación: esto afecta directamente el acceso a becas, préstamos federales y ayudas estudiantiles.
¿Por qué esto importa?
La acreditación universitaria no es solo un sello de calidad académica: es el requisito indispensable para que una institución reciba fondos federales. El Departamento de Educación advirtió que, si Columbia no toma medidas correctivas en un plazo determinado, su estatus como universidad acreditada estará en juego.
El golpe no es solo simbólico. De concretarse una sanción, miles de estudiantes podrían perder acceso a créditos, becas y ayudas clave para costear sus estudios. Además, el caso marca un precedente: las universidades podrían enfrentar consecuencias federales si no actúan con firmeza ante denuncias de discriminación, sin importar el contexto político o social.
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La frase de McMahon sobre Columbia:
“Así como el Departamento de Educación tiene la obligación de hacer cumplir la ley federal contra la discriminación, los acreditadores universitarios tienen la obligación de garantizar que sus instituciones miembro cumplan con sus estándares”, dijo McMahon.
Esto reafirma la posición amenazante del gobierno frente a Columbia, aunque no cierra del todo la puerta para un cambio.
“Esperamos que la Comisión mantenga al Departamento completamente informado sobre las acciones que tome para garantizar que Columbia cumpla con los estándares de acreditación, incluyendo el cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles”, señaló la secretaria de Educación.
Con esto, McMahon muestra que la decisión sobre la acreditación de Columbia todavía no se ha tomado.
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Contexto de Columbia y Trump, a fondo:
La advertencia del Departamento de Educación no solo representa una posible pérdida de acreditación para Columbia, sino que es el golpe más fuerte hasta ahora dentro de una campaña sistemática de presión federal contra las universidades.
Desde que Donald Trump volvió al poder, su administración ha hecho del antisemitismo en campus universitarios un tema central, particularmente en bastiones progresistas como Columbia.
Este paso va más allá de una simple observación técnica. Marca un cambio institucional profundo: el gobierno ya revocó US$400 millones en fondos federales a la universidad, obligándola a reestructurar departamentos, redefinir políticas de protesta y recortar 180 puestos laborales.
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Ahora, esta notificación pone en jaque su capacidad de seguir operando como una universidad acreditada—lo que afectaría directamente a miles de estudiantes que dependen de ayudas federales como los Pell Grants (ayudas federales no reembolsables) o préstamos estudiantiles.
Los Pell Grants, a diferencia de los préstamos estudiantiles, no hay que pagarlos después de graduarse. Eso sí: usualmente no se otorgan para programas de maestría o doctorado.
Además, el Departamento de Educación ha dejado claro que este es solo un paso dentro de una estrategia más amplia: usar los criterios de acreditación como herramienta política. De hecho, esta política se apoya en una orden ejecutiva firmada por el mismo Trump durante su anterior mandato, que obliga a notificar a los acreditadores sobre cualquier hallazgo de incumplimiento en derechos civiles.
Aunque Columbia ya comenzó a implementar cambios, como una nueva definición institucional de antisemitismo, reestructuras académicas y nuevas reglas para protestas, el gobierno considera que estas acciones llegaron tarde y son insuficientes.
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