Trump se topa con la Corte Suprema en su plan para excluir a indocumentados del censo

La batalla del gobierno de Donald Trump para excluir a los indocumentados del conteo del censo, que determina el mapa electoral en Estados Unidos, se topó este lunes con resistencias en la Corte Suprema, donde los conservadores son mayoría. Durante la audiencia varios jueces mostraron resistencia al plan de Trump, pero no quedó claro si pueden decantarse por bloquearlo o si van a dejarlo avanzar con esta propuesta que puede cambiar el mapa electoral en el país.

Uno de los principales obstáculos que enfrentó la argumentación de Trump fue la incertidumbre sobre el método que usará el gobierno para calcular el número de indocumentados y los retrasos en la entrega de los resultados del censo, que muy probablemente no serán entregados el 31 de diciembre, como debía ser.

Con el censo ya concluido, el presidente de la Corte Suprema, John Robert, planteó que “no se sabe cuántos extranjeros van a ser excluidos y cual será el efecto en la distribución de escaños”.

Ver más: Indocumentados en EE. UU.: ¿esclavos del siglo XXI?

La directiva emitida por Trump en julio se encontró con la resistencia en los tribunales de varios estados, liderados por Nueva York, además de otras administraciones locales y grupos en defensa de los derechos humanos.

Y varias cortes de menor rango sentenciaron que el presidente no tiene el poder de ajustar los resultados del censo, restando la cantidad de migrantes irregulares.

El representante del gobierno ante la Corte Suprema, Jeffrey Wall, admitió que no tiene una fórmula para realizar el cálculo de cuántas personas pueden ser excluidas y en qué categorías, señalando por ejemplo que se podría restar a los inmigrantes que estén en detención. “No sabemos lo que es factible”, afirmó Wall.

“No puede declarar que no están aquí”

La delegada del Estado de Nueva York, Barbara Underwood, dijo durante la audiencia que “el gobierno puede hacer muchas cosas para inducir a los inmigrantes indocumentados a irse, pero no puede declarar que no están aquí”.

El gobierno de Trump busca dividir el conteo del censo para distinguir entre el total de la población y la cifra de personas que residen de forma legal. Para efectuar este cálculo el gobierno indicó que puede recurrir a datos de otras agencias, ya que la Corte Suprema ya bloqueó un intento de Trump de incluir una pregunta sobre la nacionalidad en la encuesta.

El sistema actual otorga a estados como California y Texas, con una gran población de inmigrantes, escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

Según la consultora Pew, en Estados Unidos hay cerca de 10,5 millones de migrantes indocumentados, y un cambio de este tipo puede tener importantes consecuencias para California, Florida y Texas a partir de las próximas elecciones.

¿Cuántos extranjeros van a ser excluidos?

Para Dal Ho, el director del proyecto sobre derechos del voto de la influyente organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) argumentó que la exclusión de los indocumentados va en contra de la tradición.

“Durante 230 años, desde los tiempos de los fundadores, los estados siempre han otorgado los escaños de la Cámara según el número de personas en cada estado sin importar su estatus migratorio”, indicó Ho.

Los tres jueces progresistas y también la magistrada conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por Trump este año, parecieron sensibles a esta argumentación. “Si una persona que ha estado en el país, digamos 20 años, incluso de forma ilegal, por qué esa persona no tendría una residencia establecida aquí”, planteó Coney Barrett.

En sus preguntas al representante del gobierno los jueces sugirieron que un cambio en el precedente que rige es complicado de implementar. “No sabemos lo que va a hacer el Departamento de Comercio, lo que va a hacer el presidente, cuántos extranjeros van a ser excluidos y el efecto” en el Congreso, indicó el jefe de la Corte, John Roberts.

Sin embargo, si la Corte espera, Trump puede verse favorecido, ya que puede tener la vía libre para actuar sin limitaciones antes de la llegada al poder de Biden, el próximo 20 de enero.

La batalla del gobierno de Donald Trump para excluir a los indocumentados del conteo del censo, que determina el mapa electoral en Estados Unidos, se topó este lunes con resistencias en la Corte Suprema, donde los conservadores son mayoría. Durante la audiencia varios jueces mostraron resistencia al plan de Trump, pero no quedó claro si pueden decantarse por bloquearlo o si van a dejarlo avanzar con esta propuesta que puede cambiar el mapa electoral en el país.

Uno de los principales obstáculos que enfrentó la argumentación de Trump fue la incertidumbre sobre el método que usará el gobierno para calcular el número de indocumentados y los retrasos en la entrega de los resultados del censo, que muy probablemente no serán entregados el 31 de diciembre, como debía ser.

Con el censo ya concluido, el presidente de la Corte Suprema, John Robert, planteó que “no se sabe cuántos extranjeros van a ser excluidos y cual será el efecto en la distribución de escaños”.

Ver más: Indocumentados en EE. UU.: ¿esclavos del siglo XXI?

La directiva emitida por Trump en julio se encontró con la resistencia en los tribunales de varios estados, liderados por Nueva York, además de otras administraciones locales y grupos en defensa de los derechos humanos.

Y varias cortes de menor rango sentenciaron que el presidente no tiene el poder de ajustar los resultados del censo, restando la cantidad de migrantes irregulares.

El representante del gobierno ante la Corte Suprema, Jeffrey Wall, admitió que no tiene una fórmula para realizar el cálculo de cuántas personas pueden ser excluidas y en qué categorías, señalando por ejemplo que se podría restar a los inmigrantes que estén en detención. “No sabemos lo que es factible”, afirmó Wall.

“No puede declarar que no están aquí”

La delegada del Estado de Nueva York, Barbara Underwood, dijo durante la audiencia que “el gobierno puede hacer muchas cosas para inducir a los inmigrantes indocumentados a irse, pero no puede declarar que no están aquí”.

El gobierno de Trump busca dividir el conteo del censo para distinguir entre el total de la población y la cifra de personas que residen de forma legal. Para efectuar este cálculo el gobierno indicó que puede recurrir a datos de otras agencias, ya que la Corte Suprema ya bloqueó un intento de Trump de incluir una pregunta sobre la nacionalidad en la encuesta.

El sistema actual otorga a estados como California y Texas, con una gran población de inmigrantes, escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

Según la consultora Pew, en Estados Unidos hay cerca de 10,5 millones de migrantes indocumentados, y un cambio de este tipo puede tener importantes consecuencias para California, Florida y Texas a partir de las próximas elecciones.

¿Cuántos extranjeros van a ser excluidos?

Para Dal Ho, el director del proyecto sobre derechos del voto de la influyente organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) argumentó que la exclusión de los indocumentados va en contra de la tradición.

“Durante 230 años, desde los tiempos de los fundadores, los estados siempre han otorgado los escaños de la Cámara según el número de personas en cada estado sin importar su estatus migratorio”, indicó Ho.

Los tres jueces progresistas y también la magistrada conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por Trump este año, parecieron sensibles a esta argumentación. “Si una persona que ha estado en el país, digamos 20 años, incluso de forma ilegal, por qué esa persona no tendría una residencia establecida aquí”, planteó Coney Barrett.

En sus preguntas al representante del gobierno los jueces sugirieron que un cambio en el precedente que rige es complicado de implementar. “No sabemos lo que va a hacer el Departamento de Comercio, lo que va a hacer el presidente, cuántos extranjeros van a ser excluidos y el efecto” en el Congreso, indicó el jefe de la Corte, John Roberts.

Sin embargo, si la Corte espera, Trump puede verse favorecido, ya que puede tener la vía libre para actuar sin limitaciones antes de la llegada al poder de Biden, el próximo 20 de enero.